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El pasado domingo se reanudaron las conversaciones entre el Gobierno Nacional y Dignidad Agropecuaria para conjurar el paro que ya completa una semana. La reactivación de los diálogos se dio cuatro días después de que se suspendieran por cuenta de los bloqueos de carreteras por parte de los manifestantes y de la supuesta falta de voluntad de los representantes del Ejecutivo para resolver las exigencias campesinas. Al cierre de esta edición, las partes seguían reunidas en el Ministerio de Agricultura.
Antes del encuentro, César Pachón, representante de las Dignidades, le dijo a este diario que los campesinos estarían dispuestos a suspender la movilización “siempre y cuando el Gobierno se comprometa a cumplir con lo que le están pidiendo los campesinos”: renegociación de los tratados de libre comercio, control a la minería en zonas agrícolas, control de precios de los insumos y condonación de los créditos bancarios.
Pachón también arremetió contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, de quien dijo “no puede decidir con quién habla y con quién no”, refiriéndose al veto que le impuso por, supuestamente, haber convocado a expresiones de violencia a través de las redes sociales. Lizarralde, por su parte, se mantuvo en su posición y dijo que si Pachón mantiene su “decisión de avivar los bloqueos”, se verá obligado a retirarlo de la mesa de negociaciones.
Por otro lado, Lizarralde señaló que el Gobierno avanza en medidas concretas para solucionar la crisis agropecuaria: apoyo a la comercialización de arroz con $100.000 por tonelada cosechada entre el 10 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015; la compra de toda la producción del grano en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Norte de Santander y Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, y la disposición de recursos para el reconocimiento de $800 por kilo de cacao cosechado.
Así como los campesinos se mantienen en que el Gobierno debe conceder sus exigencias (según ellos, a través de soluciones ya pactadas en septiembre de 2013), el Ejecutivo sostiene que hay políticas como los tratados de libre comercio que no están en discusión. Al cierre de esta edición los negociadores de las partes buscaban un punto medio para poner fin al paro. Más cuando los campesinos y las comunidades étnicas agrupadas en la Cumbre Agraria avivarán las movilizaciones desde este lunes con algunas demandas diferentes a las de las Dignidades.
Por otro lado, en las carreteras del Huila hubo problemas de orden público. El director de la Policía, Rodolfo Palomino, aseguró que varios uniformados han sido atacados con ácidos y con explosivos, mientras las autoridades civiles de municipios como Suaza, en el mismo departamento, le han rogado al general que repliegue a sus hombres para evitar más choques con los manifestantes. En las vías que comunican a Caquetá y Putumayo con ese departamento se han echado a perder alimentos y el suministro de combustible está bloqueado.
Por Redacción Política
