Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Estamos más cerca que nunca de lograr esa paz”. Fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos el jueves pasado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En su discurso, el primer mandatario hizo una síntesis de los alcances logrados hasta ahora en el proceso de negociación con las Farc en La Habana y, refiriéndose al posconflicto —que implica reincorporar a los desmovilizados y garantizar la seguridad ciudadana y la presencia del Estado en las zonas afectadas por la guerra—, pidió el “aporte y concurso” de la comunidad internacional.
Mientras tanto en el país, las amenazas de muerte de las últimas semanas por parte de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras, contra miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, congresistas, dirigentes políticos e incluso contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro —a quienes señalan de ser servidores de la guerrilla— hacen prever que, si se concreta un acuerdo en Cuba, la paz tendrá que ir más allá de lo firmado y el reto de garantizar seguridad será mayúsculo para el Gobierno.
De hecho, esta semana, un grupo de eurodiputados le enviaron una carta al jefe de Estado en la que denuncian las amenazas realizadas por las Águilas Negras contra la secretaria general de la Alianza Verde, Gloria Flórez, así como al resto de dirigentes sociales, sindicalistas, campesinos y defensores de derechos humanos, pidiendo medidas “urgentes y efectivas” para garantizar la “integridad física, seguridad y el trabajo político” de quienes hacen oposición en Colombia. De paso, dicen que están dispuestos a acompañarlo en “su búsqueda por el respeto a los derechos humanos en el país”.
Amenazas que se han replicado contra más de 160 personas, entre ellas los senadores Claudia López, también de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, así como contra organizaciones como la Corporación Nuevo Arco Iris y su director Fernando Hernández; León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación; Luis Emil Sanabria de Redepaz; Julio Roberto Gómez de la Confederación General de Trabajadores; Marco Romero de Codhes; la exsenadora Piedad Córdoba y el alcalde Gustavo Petro, quien reveló que a su cuenta de correo electrónico del Distrito llegó un panfleto donde le aseguran que, “como sea”, no culminará su mandato.
“No aprendieron la lección y siguen dedicados al proselitismo pro farucho, han cogido de banderas los derechos humanos, la defensa de las víctimas, la restitución de tierras y la paz. Quedan notificados, si continúan su proselitismo político, sindicalista, pacifista, izquierdista contra nuestras organizaciones pagarán las consecuencias. Ellos saben que nuestra paciencia tiene límite”, dice uno de los panfletos firmados por Los Rastrojos. Y el mensaje contra Petro señala: “El alcalde bandido que nos dirige no terminará su mandato eso se lo aseguramos así tengamos que volar ese nido de ratas en el que se convirtió la Alcaldía”. (Sic)
Según el mismo León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, las organizaciones criminales quieren hacer notar su presencia y demostrar que están activos, evidenciando que aún causan daño. “Para ello utilizan estos medios (mensajes intimidatorios) que siempre asustan. Los Rastrojos fue la banda criminal más extendida y más impactante entre 2008 y 2009, pero ahora los que cuentan con mayor poder son Los Urabeños, explicó. A su vez, Luis Emil Sanabria, de Redepaz, cree que cuando Colombia se encuentra “a las puertas de ponerle fin al conflicto armado”, siempre hay “intereses de personas que creen que el camino de la violencia es el correcto”.
Los análisis académicos e incluso de los servicios de inteligencia sugieren que las llamadas bandas criminales emergentes (bacrim) nacen de la fusión de varias generaciones y corrientes criminales, algunas con y otras sin referentes ideológicos (contrainsurgencia), y con diferentes niveles de capacidad organizativa y control territorial. Para César Alarcón Gil, miembro de la Cátedra Unesco sobre transformaciones políticas y sociales en materia de drogas ilegales, es claro también que son producto de la desmovilización parcial de las autodefensas y que ‘la tropa’ está formada por delincuentes, exguerrilleros, expolicías, exmilitares y por supuesto, exparamilitares.
Según estadísticas de la Policía Nacional, de los 63 jefes de estos grupos capturados entre 2006 y 2011, al menos el 53% fueron miembros o mandos medios de las autodefensas. Y aunque llama la atención que en las recientes amenazas se habla de persistir en la lucha contra la guerrilla y sus supuestos “colaboradores”, es claro que las ‘bacrim’ han establecido alianzas con frentes de las Farc y el Eln en algunas regiones, buscando consolidar un control territorial, compartir información sobre la presencia de la Fuerza Pública y proteger rutas del narcotráfico.
Por lo pronto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que se reunirá con los defensores de derechos humanos de todo el país para escuchar demandas y revisar las garantías. “No vamos a permitir en este Gobierno que se sabotee la posibilidad de paz en Colombia a punta de amenazas y panfletos”, dijo. Pero bien es sabido que el asunto requiere mucho más que aumentar escoltas o carros blindados, y que el poder de las ‘bacrim’ se ha incrementado, con sus tentáculos de corrupción, desplazamiento, reclutamiento de menores, violencia sexual, extorsión, secuestro asesinatos y terrorismo. Un panorama amenazante de cara al posconflicto del que ya habla el presidente Santos y cuando ya hay quienes han comenzado a acuñar el término de ‘farcrim’.
Por Redacción Política
