Un revolcón electoral para el posconflicto

En cada cita a las urnas a la que acuden los colombianos queda en evidencia que el sistema electoral hace agua por las pobres herramientas con que cuentan las autoridades para garantizar la total transparencia. Por lo general, el censo electoral nunca está al día y hasta los muertos pueden votar; insólitamente, en épocas de comicios, en algunos municipios hay más votantes que habitantes, y el llamado trasteo de votos ha llevado a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anule la inscripción de hasta 1,6 millones de cédulas por intento de fraude, como sucedió en 2015.

Pero el desconcierto va más allá, pues la impunidad es rampante. Por ejemplo, pese a que la participación de funcionarios públicos en política electoral está prohibida por la ley, en las pasadas elecciones se presentaron 947 quejas ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), y de éstas no se conoce aún el inicio de un solo proceso disciplinario en la Procuraduría. Igualmente, en materia penal, la Fiscalía recibió 2.042 denuncias y el 95 % de dichos procesos se encuentran aún en etapa de indagación, es decir, son muy pocos los avances.

Al respecto, vale la pena darle una mirada al Código Electoral vigente, que rige todos los procesos de elección de cargos públicos por voto popular. Este documento data de 1986 y, aunque en este sentido se le han hecho varias reformas en el Congreso de la República para supuestamente garantizar limpieza absoluta en las elecciones, ahora parece más una colcha de retazos que la norma clara y concisa que debe servir para responder a los retos en cada uno de los comicios: Presidencia, Congreso y autoridades locales y regionales.

Por eso, con la posibilidad de un escenario de posconflicto en caso de suscribirse la paz con las guerrillas, se abre el debate sobre cómo mejorar el sistema electoral colombiano, no sólo para garantizar la participación política de las Farc y eventualmente el Eln, sino también para robustecer las herramientas a utilizar para brindar esa tan anhelada transparencia. Y, precisamente, en el Senado empezó a ser socializado un proyecto del Partido de la U para reformar el Código Electoral, que será radicado este 20 de julio, al inicio de sesiones ordinarias.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, la idea apunta a establecer “profundos cambios en la cultura política del país”. El objetivo es comenzar a avanzar en la modernización del sistema democrático con miras a la construcción de un estatuto de la oposición y el afianzamiento del sistema de partidos, con una reforma electoral que sea verdaderamente integral. Para el senador Armando Benedetti, uno de los promotores del proyecto, se trata de una reforma fundamental, “porque es el primer paso hacia el respeto a las minorías democráticas en la etapa de posconflicto”.

Entre las medidas propuestas en el proyecto, se insiste en la necesidad de implementar el voto electrónico, que está ordenado por la ley desde hace varios años y sigue sin ponerse en marcha. Con esta medida se garantizaría al menos que los partidos y movimientos políticos que inscriban candidatos puedan contar con identificaciones claras y en igualdad de condiciones, y no con enredados tarjetones, como sucede actualmente. Como se sabe, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, ha reconocido que el gasto presupuestal sería inmenso y que el Estado no está equipado para implementarlo, al menos por ahora.
Otro de los temas que plantea la iniciativa es que las elecciones se puedan adelantar en un día hábil, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. En el caso de las presidenciales, sería el primer martes de mayo; para el Congreso, el segundo martes de marzo, y en cuanto a las elecciones locales y regionales, el último martes de octubre. De acuerdo con el texto conocido por El Espectador, de esta manera se garantizaría una mayor participación ciudadana, por ser entre semana y con un horario más amplio.

Ahora, tal vez el cambio más significativo que se propone en este revolcón electoral está encaminado a establecer la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores, cuando ningún candidato obtenga la mayoría simple (es decir, la mitad más uno del total de votos). La intención es que tres semanas después de la primera votación se celebre un nuevo proceso en el que sólo participen los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones.
Este proyecto de reforma también busca poner en marcha cambios en la financiación de las campañas políticas. Para evitarle a un servidor público elegido la tentación de terminar beneficiando a quienes desde el sector privado respaldaron su candidatura, se propone crear la Agencia de Financiación de los Comicios, que se encargará de garantizar el 100 % de financiación de las campañas, con dineros públicos.

La iniciativa busca igualmente una actualización del censo electoral, donde la Registraduría Nacional tendrá a su cargo la conformación, actualización y depuración permanente del registro electoral, con base en la emisión de cédulas nuevas. Según la página de dicha entidad, en 2015 el censo fue de 33’747.062 colombianos habilitados para votar , pero en el conteo del día de las elecciones locales de octubre de ese año, extrañamente dicho censo fue de 33’792.602, o sea, una diferencia de 45.540, que en una elección apretada puede inclinar la balanza a favor de algún candidato.

De otro lado, la reforma plantea una regulación de las empresas encuestadoras, donde la publicación de los sondeos tenga todos los datos pedidos en la ficha técnica con una ampliación de las muestras, con miras a que sean más representativas de la opinión de los electores. Y finalmente se propone que, para el día de cada elección, el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de transporte público y así evitar que muchos ciudadanos sean cooptados por las mafias de trasteo de votos mediante este mecanismo.

En esencia, se trata de establecer los puntos claves para que en cada elección no quede en la opinión un sabor agridulce por los resultados y la sensación de siempre sobre las malas prácticas electorales de la clase política nacional. El politólogo Iván Garzón Vallejo, director del programa de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, cree que el país está en mora de implementar esta reforma y que varias de las medidas hacen parte de la solución para prácticas que vienen de tiempo atrás.

“Este proyecto debe enfocarse en ser más estricto, en combatir los vicios tradicionales como el trasteo de votos y la compraventa de los sufragios”, enfatizó. Sin embargo, en temas como la financiación de campañas por parte del Estado, consideró que los elevados costos hacen prácticamente inviable ese propósito. Al margen de la reforma, hay quienes proponen una mirada más profunda a la posibilidad de establecer cambios políticos y electorales con miras al posconflicto. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, ha dicho que es necesario crear un Colegio Electoral que se encargue de manera exclusiva de las elecciones para garantizar total transparencia.

Es claro, entonces, que, en medio de la expectativa por las reformas y leyes que se pondrán en marcha con el acuerdo final de paz con las Farc, se debe ir pensando en los cambios políticos necesarios para que lo que se suscriba en La Habana no pase a ser un saludo a la bandera. El reto político implica garantizar el derecho a participar en la conformación del poder político mediante el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido para los eventuales guerrilleros desmovilizados. Y en el Partido de la U creen que este proyecto es la cuota inicial para la protección del derecho constitucional al voto y a ser elegido, en tiempos de paz. Incluso, según Ávila, el proyecto cuenta con la bendición del presidente Santos, será radicado el próximo miércoles y muy probablemente sea la primera iniciativa que se debata bajo el trámite legislativo especial, pactado por el Gobierno y las Farc en La Habana para garantizar la implementación de los acuerdos de paz.

En cada cita a las urnas a la que acuden los colombianos queda en evidencia que el sistema electoral hace agua por las pobres herramientas con que cuentan las autoridades para garantizar la total transparencia. Por lo general, el censo electoral nunca está al día y hasta los muertos pueden votar; insólitamente, en épocas de comicios, en algunos municipios hay más votantes que habitantes, y el llamado trasteo de votos ha llevado a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anule la inscripción de hasta 1,6 millones de cédulas por intento de fraude, como sucedió en 2015.

Pero el desconcierto va más allá, pues la impunidad es rampante. Por ejemplo, pese a que la participación de funcionarios públicos en política electoral está prohibida por la ley, en las pasadas elecciones se presentaron 947 quejas ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), y de éstas no se conoce aún el inicio de un solo proceso disciplinario en la Procuraduría. Igualmente, en materia penal, la Fiscalía recibió 2.042 denuncias y el 95 % de dichos procesos se encuentran aún en etapa de indagación, es decir, son muy pocos los avances.

Al respecto, vale la pena darle una mirada al Código Electoral vigente, que rige todos los procesos de elección de cargos públicos por voto popular. Este documento data de 1986 y, aunque en este sentido se le han hecho varias reformas en el Congreso de la República para supuestamente garantizar limpieza absoluta en las elecciones, ahora parece más una colcha de retazos que la norma clara y concisa que debe servir para responder a los retos en cada uno de los comicios: Presidencia, Congreso y autoridades locales y regionales.

Por eso, con la posibilidad de un escenario de posconflicto en caso de suscribirse la paz con las guerrillas, se abre el debate sobre cómo mejorar el sistema electoral colombiano, no sólo para garantizar la participación política de las Farc y eventualmente el Eln, sino también para robustecer las herramientas a utilizar para brindar esa tan anhelada transparencia. Y, precisamente, en el Senado empezó a ser socializado un proyecto del Partido de la U para reformar el Código Electoral, que será radicado este 20 de julio, al inicio de sesiones ordinarias.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, la idea apunta a establecer “profundos cambios en la cultura política del país”. El objetivo es comenzar a avanzar en la modernización del sistema democrático con miras a la construcción de un estatuto de la oposición y el afianzamiento del sistema de partidos, con una reforma electoral que sea verdaderamente integral. Para el senador Armando Benedetti, uno de los promotores del proyecto, se trata de una reforma fundamental, “porque es el primer paso hacia el respeto a las minorías democráticas en la etapa de posconflicto”.

Entre las medidas propuestas en el proyecto, se insiste en la necesidad de implementar el voto electrónico, que está ordenado por la ley desde hace varios años y sigue sin ponerse en marcha. Con esta medida se garantizaría al menos que los partidos y movimientos políticos que inscriban candidatos puedan contar con identificaciones claras y en igualdad de condiciones, y no con enredados tarjetones, como sucede actualmente. Como se sabe, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, ha reconocido que el gasto presupuestal sería inmenso y que el Estado no está equipado para implementarlo, al menos por ahora.
Otro de los temas que plantea la iniciativa es que las elecciones se puedan adelantar en un día hábil, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. En el caso de las presidenciales, sería el primer martes de mayo; para el Congreso, el segundo martes de marzo, y en cuanto a las elecciones locales y regionales, el último martes de octubre. De acuerdo con el texto conocido por El Espectador, de esta manera se garantizaría una mayor participación ciudadana, por ser entre semana y con un horario más amplio.

Ahora, tal vez el cambio más significativo que se propone en este revolcón electoral está encaminado a establecer la segunda vuelta para la elección de alcaldes y gobernadores, cuando ningún candidato obtenga la mayoría simple (es decir, la mitad más uno del total de votos). La intención es que tres semanas después de la primera votación se celebre un nuevo proceso en el que sólo participen los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones.
Este proyecto de reforma también busca poner en marcha cambios en la financiación de las campañas políticas. Para evitarle a un servidor público elegido la tentación de terminar beneficiando a quienes desde el sector privado respaldaron su candidatura, se propone crear la Agencia de Financiación de los Comicios, que se encargará de garantizar el 100 % de financiación de las campañas, con dineros públicos.

La iniciativa busca igualmente una actualización del censo electoral, donde la Registraduría Nacional tendrá a su cargo la conformación, actualización y depuración permanente del registro electoral, con base en la emisión de cédulas nuevas. Según la página de dicha entidad, en 2015 el censo fue de 33’747.062 colombianos habilitados para votar , pero en el conteo del día de las elecciones locales de octubre de ese año, extrañamente dicho censo fue de 33’792.602, o sea, una diferencia de 45.540, que en una elección apretada puede inclinar la balanza a favor de algún candidato.

De otro lado, la reforma plantea una regulación de las empresas encuestadoras, donde la publicación de los sondeos tenga todos los datos pedidos en la ficha técnica con una ampliación de las muestras, con miras a que sean más representativas de la opinión de los electores. Y finalmente se propone que, para el día de cada elección, el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de transporte público y así evitar que muchos ciudadanos sean cooptados por las mafias de trasteo de votos mediante este mecanismo.

En esencia, se trata de establecer los puntos claves para que en cada elección no quede en la opinión un sabor agridulce por los resultados y la sensación de siempre sobre las malas prácticas electorales de la clase política nacional. El politólogo Iván Garzón Vallejo, director del programa de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, cree que el país está en mora de implementar esta reforma y que varias de las medidas hacen parte de la solución para prácticas que vienen de tiempo atrás.

“Este proyecto debe enfocarse en ser más estricto, en combatir los vicios tradicionales como el trasteo de votos y la compraventa de los sufragios”, enfatizó. Sin embargo, en temas como la financiación de campañas por parte del Estado, consideró que los elevados costos hacen prácticamente inviable ese propósito. Al margen de la reforma, hay quienes proponen una mirada más profunda a la posibilidad de establecer cambios políticos y electorales con miras al posconflicto. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, ha dicho que es necesario crear un Colegio Electoral que se encargue de manera exclusiva de las elecciones para garantizar total transparencia.

Es claro, entonces, que, en medio de la expectativa por las reformas y leyes que se pondrán en marcha con el acuerdo final de paz con las Farc, se debe ir pensando en los cambios políticos necesarios para que lo que se suscriba en La Habana no pase a ser un saludo a la bandera. El reto político implica garantizar el derecho a participar en la conformación del poder político mediante el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido para los eventuales guerrilleros desmovilizados. Y en el Partido de la U creen que este proyecto es la cuota inicial para la protección del derecho constitucional al voto y a ser elegido, en tiempos de paz. Incluso, según Ávila, el proyecto cuenta con la bendición del presidente Santos, será radicado el próximo miércoles y muy probablemente sea la primera iniciativa que se debata bajo el trámite legislativo especial, pactado por el Gobierno y las Farc en La Habana para garantizar la implementación de los acuerdos de paz.