Una codiciada Registraduría

Mientras el país se concentra en la elección de alcaldes y gobernadores de octubre, en voz baja comienza a moverse otra escogencia que concentrará la atención de todas las fuerzas políticas. Se trata del reemplazo del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, a quien se le cumple su período constitucional el 6 diciembre de este año. No es un nombramiento de poca monta. Además de ser el encargado de liderar los procesos de identificación de los ciudadanos, se trata del jefe de la organización electoral y, en últimas, el guardián de la democracia.

Aunque el registrador tiene la obligación de guardar independencia y su labor se traduce en la organización de las jornadas electorales y la publicación de los resultados del preconteo, también puede tener influencia en la forma como se llevan a cabo los comicios. Además, el presupuesto asignado a su despacho no es nada despreciable: para 2014 manejó más de $734.000 millones en gastos de funcionamiento y los comicios que estuvieron a su cargo costaron más de un billón pesos.

La elección del registrador nacional, señala el artículo 266 de la Constitución, la realizan los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos. Así se estableció con el fin de evitar intereses políticos en su nombramiento. Pero en la práctica es claro que quien ocupa este cargo tiene ascendencia en algún partido. Además, la relación con el Ejecutivo, buena o mala, es innegable. Así las cosas, todas las ramas del poder público tienen interés en la elección.

Sin ir muy lejos, durante el mandato de Álvaro Uribe, las relaciones con Carlos Ariel Sánchez fueron, por decir lo menos, hostiles. Tanto así que en la reforma política de 2009 —cuyo debate encabezó el entonces ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio— se buscó cambiar la forma de elección del registrador para que fuera el Congreso el que lo escogiera, lo que implicaba la salida inmediata de Sánchez del cargo. Este intento, que finalmente fracasó, fue calificado por el expresidente César Gaviria como “un plan para robarse las elecciones”.

Ahora, aunque en este tipo de concursos la lista de inscritos siempre es larga, hay nombres que comienzan a sonar con fuerza. Algunos bastante conocidos, como el del exviceministro de Justicia Guillermo Reyes, quien participó en el anterior proceso y obtuvo el segundo puntaje, detrás de Sánchez. Reyes es miembro del ala del Partido Conservador que apoyó la reelección de Juan Manuel Santos y fue quien estuvo al frente de la demanda contra la convención de su colectividad en la que Marta Lucía Ramírez fue proclamada candidata a la Presidencia. Es decir, fue la piedra en el zapato para la aspiración azul, por lo que su cercanía con la Casa de Nariño es innegable.

Con los vientos de paz que soplan hoy en el país gracias a la negociación con las Farc, surge otra aspiración bien vista desde el Gobierno. Se trata de la del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Antonio Lizarazo, quien conoce al dedillo la normatividad electoral y ha sido asesor de la oficina del alto comisionado Sergio Jaramillo en los diálogos de La Habana, en la discusión del tema de participación y garantías políticas. De ser elegido, bien podría calificarse como “el registrador del posconflicto”.

También se habla en los mentideros políticos de la inminente aspiración del excongresista y exmagistrado del CNE Gilberto Rondón, quien perdió hace poco en la elección para contralor general contra Edgardo Maya. Se dice que Rondón apostó en ello todo su capital político —con el respaldo del Partido Liberal, en especial de la casa Gaviria— y ahora busca la Registraduría. Y en esa feria de rumores que se agita, según conoció El Espectador, hasta el mismo Carlos Ariel Sánchez tendría su apadrinado: el abogado rosarista Fernando Mayorga, experto en derecho electoral, quien ha sido su asesor en varias ocasiones.

No son pocos los retos electorales que tendrá que enfrentar quien entre a liderar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por ejemplo, de firmarse un acuerdo de paz entre Gobierno y Farc en La Habana, tendrán que implementarse profundas reformas en materia electoral, y quien llegue al cargo será el encargado de garantizar que ese proceso sea transparente y eficiente. Asimismo, el nuevo registrador será el encargado de organizar las elecciones de 2018 —a Congreso y Presidencia—, teniendo como telón de fondo la polarización política que hoy protagonizan santismo y uribismo. Y quizás con las Farc ya desmovilizadas y en el juego.

Aunque constitucionalmente la organización electoral es independiente del Gobierno, la justicia y la política, en la práctica estas fronteras no están claramente delimitadas. Es innegable que todos los gobiernos siempre buscan tener un registrador amigo. Lo claro es que el pulso ya comenzó y la clase política y los mismos aspirantes están hoy a la expectativa por la elección que hagan los presidentes de las altas cortes, quienes en últimas son los que escogen. Todos saben que aunque se trata de un concurso de méritos, la cercanía ideológica o política con los magistrados encargados de dictar la última palabra podría ser de beneficio para quienes ya empiezan a sonar. 

fmorales@elespectador.com

@Felipeprensa

Mientras el país se concentra en la elección de alcaldes y gobernadores de octubre, en voz baja comienza a moverse otra escogencia que concentrará la atención de todas las fuerzas políticas. Se trata del reemplazo del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, a quien se le cumple su período constitucional el 6 diciembre de este año. No es un nombramiento de poca monta. Además de ser el encargado de liderar los procesos de identificación de los ciudadanos, se trata del jefe de la organización electoral y, en últimas, el guardián de la democracia.

Aunque el registrador tiene la obligación de guardar independencia y su labor se traduce en la organización de las jornadas electorales y la publicación de los resultados del preconteo, también puede tener influencia en la forma como se llevan a cabo los comicios. Además, el presupuesto asignado a su despacho no es nada despreciable: para 2014 manejó más de $734.000 millones en gastos de funcionamiento y los comicios que estuvieron a su cargo costaron más de un billón pesos.

La elección del registrador nacional, señala el artículo 266 de la Constitución, la realizan los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mediante concurso de méritos. Así se estableció con el fin de evitar intereses políticos en su nombramiento. Pero en la práctica es claro que quien ocupa este cargo tiene ascendencia en algún partido. Además, la relación con el Ejecutivo, buena o mala, es innegable. Así las cosas, todas las ramas del poder público tienen interés en la elección.

Sin ir muy lejos, durante el mandato de Álvaro Uribe, las relaciones con Carlos Ariel Sánchez fueron, por decir lo menos, hostiles. Tanto así que en la reforma política de 2009 —cuyo debate encabezó el entonces ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio— se buscó cambiar la forma de elección del registrador para que fuera el Congreso el que lo escogiera, lo que implicaba la salida inmediata de Sánchez del cargo. Este intento, que finalmente fracasó, fue calificado por el expresidente César Gaviria como “un plan para robarse las elecciones”.

Ahora, aunque en este tipo de concursos la lista de inscritos siempre es larga, hay nombres que comienzan a sonar con fuerza. Algunos bastante conocidos, como el del exviceministro de Justicia Guillermo Reyes, quien participó en el anterior proceso y obtuvo el segundo puntaje, detrás de Sánchez. Reyes es miembro del ala del Partido Conservador que apoyó la reelección de Juan Manuel Santos y fue quien estuvo al frente de la demanda contra la convención de su colectividad en la que Marta Lucía Ramírez fue proclamada candidata a la Presidencia. Es decir, fue la piedra en el zapato para la aspiración azul, por lo que su cercanía con la Casa de Nariño es innegable.

Con los vientos de paz que soplan hoy en el país gracias a la negociación con las Farc, surge otra aspiración bien vista desde el Gobierno. Se trata de la del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Antonio Lizarazo, quien conoce al dedillo la normatividad electoral y ha sido asesor de la oficina del alto comisionado Sergio Jaramillo en los diálogos de La Habana, en la discusión del tema de participación y garantías políticas. De ser elegido, bien podría calificarse como “el registrador del posconflicto”.

También se habla en los mentideros políticos de la inminente aspiración del excongresista y exmagistrado del CNE Gilberto Rondón, quien perdió hace poco en la elección para contralor general contra Edgardo Maya. Se dice que Rondón apostó en ello todo su capital político —con el respaldo del Partido Liberal, en especial de la casa Gaviria— y ahora busca la Registraduría. Y en esa feria de rumores que se agita, según conoció El Espectador, hasta el mismo Carlos Ariel Sánchez tendría su apadrinado: el abogado rosarista Fernando Mayorga, experto en derecho electoral, quien ha sido su asesor en varias ocasiones.

No son pocos los retos electorales que tendrá que enfrentar quien entre a liderar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por ejemplo, de firmarse un acuerdo de paz entre Gobierno y Farc en La Habana, tendrán que implementarse profundas reformas en materia electoral, y quien llegue al cargo será el encargado de garantizar que ese proceso sea transparente y eficiente. Asimismo, el nuevo registrador será el encargado de organizar las elecciones de 2018 —a Congreso y Presidencia—, teniendo como telón de fondo la polarización política que hoy protagonizan santismo y uribismo. Y quizás con las Farc ya desmovilizadas y en el juego.

Aunque constitucionalmente la organización electoral es independiente del Gobierno, la justicia y la política, en la práctica estas fronteras no están claramente delimitadas. Es innegable que todos los gobiernos siempre buscan tener un registrador amigo. Lo claro es que el pulso ya comenzó y la clase política y los mismos aspirantes están hoy a la expectativa por la elección que hagan los presidentes de las altas cortes, quienes en últimas son los que escogen. Todos saben que aunque se trata de un concurso de méritos, la cercanía ideológica o política con los magistrados encargados de dictar la última palabra podría ser de beneficio para quienes ya empiezan a sonar. 

fmorales@elespectador.com

@Felipeprensa