Una comisión en deuda

De todos los organismos que adelantan pesquisas por el escándalo del espionaje del DAS, el único que está en deuda es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Fiscalía ha avanzado en múltiples frentes, con acusaciones de por medio a altos ex funcionarios del organismo de inteligencia o en desarrollo de colaboraciones efectivas de ex espías que hoy fungen como delatores. La Procuraduría, entre tanto, ya destituyó a dos ex directores de la entidad, un ex subdirector y en una clara evidencia de que las ‘vueltas’ de la Policía Secreta tenían como destino la Casa de Nariño sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al entonces secretario de Palacio, Bernardo Moreno Villegas.

Las declaraciones de la ex subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos, dadas a conocer por Caracol Radio este fin de semana y en las que detalla sobre los abusos cometidos por el DAS volvieron a calentar el ambiente, apuntando a la presunta responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en este oscuro capítulo nacional. La ex funcionaria refrendó lo que ya había dicho en sucesivos interrogatorios entre el 28 de mayo y el 10 de junio pasados, los cuales fueron revelados por El Espectador hace un mes en artículo titulado ‘Las perlas de Leal’, donde la funcionaria afirmó que del despacho presidencial se requirió información sensible sobre los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, así como del director de Noticias Uno, Daniel Coronell.

En torno a este último, Leal reveló que por órdenes del entonces director Andrés Peñate se hicieron seguimientos ilegales al periodista y a su esposa con un fin específico: averiguar cuáles eran sus fuentes que le entregaban información, pues “el doctor Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que éste escribía en contra de él y su familia”. Para ello alquilaron un carro que lo siguiera y montaron como fachada una venta de flores cerca de su residencia con el fin de reportar todos sus pasos. Un burdo rastreo que se extendió por meses, precisamente en tiempos en que el periodista Coronell desarrollaba investigaciones sobre los supuestos beneficios que el Gobierno les otorgó a Tomás y Jerónimo Uribe sobre la zona franca en inmediaciones de Mosquera, Cundinamarca, donde los hijos del Jefe de Estado estaban haciendo negocios.

También agregó Leal que a través de los grupos de inteligencia Bahía y Venus a Piedad Córdoba se le siguió para desentrañar sus contactos con funcionarios de las embajadas de Cuba y Venezuela, se le instaló un micrófono en su carro para grabar sus conversaciones, “informaciones que se le entregaban al director Andrés Peñate”, se indagaron sus nexos con la firma Monómeros Venezolanos y también viajes al extranjero, como a México, para averiguar quién había costeado esos desplazamientos. Algo parecido ocurrió con el dirigente Álvaro Leyva y con Gustavo Petro, de quien rastrearon en particular a su ex esposa. Solicitudes requeridas, “según el doctor Peñate, por el presidente Uribe”. Por eso, añadió Leal, Peñate le exigió resultados “que hasta la fecha en que se retiró no se habían conseguido”.

Todas estas referencias empiezan a volvérsele un dolor de cabeza a Álvaro Uribe Vélez. Aunque Leal lo salpica advirtiendo que eso era lo que le pedía Andrés Peñate, ya la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó de oficio, el pasado martes 12 de octubre, abrir un expediente para darles curso a todos los señalamientos que se han conocido sobre las supuestas órdenes que desde el Palacio de Nariño dio Uribe en torno al escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. El documento de la apertura de investigación preliminar fue firmado por ocho de los quince representantes a la Cámara que integran la célula legislativa.

La mayoría de los congresistas de la Comisión pertenecen a la coalición de Gobierno y desde distintas orillas políticas ya se aventuran juicios sobre que nada va a pasar en estas pesquisas que involucran al ex mandatario antioqueño. Por ejemplo, cinco representantes pertenecen al Partido de la U, dos más a Cambio Radical y en igual número al Partido Conservador, uno más es del PIN, otro representante por las negritudes y tres del Partido Liberal. Aunque ya pasó una semana desde que se abrió el expediente, aún no se han designado los representantes investigadores.

Según Aldemar Vanegas Muñoz, asesor del secretario General de la Comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, en este momento cursan 1.350 procesos, de los cuales sólo contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez hay radicados 271. Todos apenas habrán pasado de la denuncia y el reparto correspondiente. Todos están en etapa preliminar. Los mismos representantes investigadores se han quejado de que les faltan dientes y recursos económicos a la hora de llevar a cabo estos procesos, pero en general existe la visión de que esa célula es inoperante y ya ha hecho carrera el famoso rótulo de “Comisión de Absolución”.

De nuevo la Comisión de Acusación figura en el centro de la polémica nacional. En tiempos de la Procuraduría de Edgardo Maya, éste la calificó en un término políticamente correcto como “inoperante”. Por esos días el representante Germán Olano, entonces integrante, pidió que no se convirtiera “en un colchón de impunidad”. Su frase causa perplejidad hoy, pues figura como piedra angular del escándalo del cartel de contratación en Bogotá. ¿Pueden 15 representantes a la Cámara, 14 de ellos novatos en estas lides, la mayoría sin experiencia jurídica, abrir expedientes contra curtidos fiscales, magistrados de las altas cortes o el propio Presidente de la República? Un interrogante que cobra vigencia si se miran expedientes como el de las ‘chuzadas’.

Un reciente reporte del portal La Silla Vacía detalla, por ejemplo, que contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio hay  40 procesos en curso, 53 en contra de Mario Iguarán, 170 contra integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, otros 180 expedientes contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y  28 más contra magistrados de la Corte Constitucional. El común denominador de todos es que la mayoría de delitos “están por establecer”.

Uribe asumió responsabilidad política y jurídica

Un día después de que la Procuraduría destituyera e inhabilitara por 18 años a Bernardo Moreno, el ex secretario general del presidente Álvaro Uribe, por el caso de interceptaciones y seguimientos ilegales al DAS, el ex Jefe de Estado desde Guatemala a través de un comunicado asumió la responsabilidad política y jurídica del caso.

“Me permito manifestar que si aquello que hizo el doctor Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre una posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados y, además, nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia”, escribió Uribe. Además, el ex presidente se quejó de que él también ha sido víctima de las ‘chuzadas’ y que ha pedido sin éxito claridad sobre los autores intelectuales de estos hechos.

¿Quién es Martha Inés Leal Llanos?

La ex subdirectora del DAS Martha Inés Leal Llanos, de 43 años, tiene con sus revelaciones temblando a más de uno. Nacida en Bogotá, con doctorado en Relaciones Económicas e Internacionales en el exterior, ingresó al organismo de inteligencia el 30 de octubre de 1996 y en sucesivos cargos de análisis estratégico, dirección de extranjería y grupo de inteligencia, permaneció hasta el 28 de febrero de 2009 cuando estaba en ebullición el escándalo de los seguimientos, interceptaciones y toda suerte de arbitrariedades del DAS a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados de las altas cortes y dirigentes de oposición.

Esta semana un juez avaló el principio de oportunidad para ella (una especie de perdón judicial a cambio de su colaboración) y desde entonces es testigo de excepción en procesos como el de la ex directora María del Pilar Hurtado.

Historia de absoluciones

Desde los comienzos de la República, el Congreso ha juzgado a los presidentes. Le sucedió a Antonio Nariño, lo vivió José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera.

Ya en tiempos recientes, nunca han faltado las denuncias contra los mandatarios de turno, pero casi siempre la respuesta del Congreso ha sido la absolución. Con excepciones, como ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla, acusado por el Congreso, pero absuelto por la Corte Suprema.

Cuando Ernesto Samper, en 1995, acosado por el Proceso 8.000, declaró “me someto a mi juez natural”, tenía razón. Y el Congreso lo absolvió. Como sucedió con Belisario Betancur, respecto a los hechos del Palacio de Justicia.

Cada Presidente tiene su dolor de cabeza: Turbay, el Estatuto de Seguridad; Pastrana, el Caguán; Gaviria, La Catedral, ahora el turno es de Uribe.

De todos los organismos que adelantan pesquisas por el escándalo del espionaje del DAS, el único que está en deuda es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Fiscalía ha avanzado en múltiples frentes, con acusaciones de por medio a altos ex funcionarios del organismo de inteligencia o en desarrollo de colaboraciones efectivas de ex espías que hoy fungen como delatores. La Procuraduría, entre tanto, ya destituyó a dos ex directores de la entidad, un ex subdirector y en una clara evidencia de que las ‘vueltas’ de la Policía Secreta tenían como destino la Casa de Nariño sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al entonces secretario de Palacio, Bernardo Moreno Villegas.

Las declaraciones de la ex subdirectora de Operaciones, Martha Inés Leal Llanos, dadas a conocer por Caracol Radio este fin de semana y en las que detalla sobre los abusos cometidos por el DAS volvieron a calentar el ambiente, apuntando a la presunta responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en este oscuro capítulo nacional. La ex funcionaria refrendó lo que ya había dicho en sucesivos interrogatorios entre el 28 de mayo y el 10 de junio pasados, los cuales fueron revelados por El Espectador hace un mes en artículo titulado ‘Las perlas de Leal’, donde la funcionaria afirmó que del despacho presidencial se requirió información sensible sobre los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, así como del director de Noticias Uno, Daniel Coronell.

En torno a este último, Leal reveló que por órdenes del entonces director Andrés Peñate se hicieron seguimientos ilegales al periodista y a su esposa con un fin específico: averiguar cuáles eran sus fuentes que le entregaban información, pues “el doctor Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que éste escribía en contra de él y su familia”. Para ello alquilaron un carro que lo siguiera y montaron como fachada una venta de flores cerca de su residencia con el fin de reportar todos sus pasos. Un burdo rastreo que se extendió por meses, precisamente en tiempos en que el periodista Coronell desarrollaba investigaciones sobre los supuestos beneficios que el Gobierno les otorgó a Tomás y Jerónimo Uribe sobre la zona franca en inmediaciones de Mosquera, Cundinamarca, donde los hijos del Jefe de Estado estaban haciendo negocios.

También agregó Leal que a través de los grupos de inteligencia Bahía y Venus a Piedad Córdoba se le siguió para desentrañar sus contactos con funcionarios de las embajadas de Cuba y Venezuela, se le instaló un micrófono en su carro para grabar sus conversaciones, “informaciones que se le entregaban al director Andrés Peñate”, se indagaron sus nexos con la firma Monómeros Venezolanos y también viajes al extranjero, como a México, para averiguar quién había costeado esos desplazamientos. Algo parecido ocurrió con el dirigente Álvaro Leyva y con Gustavo Petro, de quien rastrearon en particular a su ex esposa. Solicitudes requeridas, “según el doctor Peñate, por el presidente Uribe”. Por eso, añadió Leal, Peñate le exigió resultados “que hasta la fecha en que se retiró no se habían conseguido”.

Todas estas referencias empiezan a volvérsele un dolor de cabeza a Álvaro Uribe Vélez. Aunque Leal lo salpica advirtiendo que eso era lo que le pedía Andrés Peñate, ya la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó de oficio, el pasado martes 12 de octubre, abrir un expediente para darles curso a todos los señalamientos que se han conocido sobre las supuestas órdenes que desde el Palacio de Nariño dio Uribe en torno al escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS. El documento de la apertura de investigación preliminar fue firmado por ocho de los quince representantes a la Cámara que integran la célula legislativa.

La mayoría de los congresistas de la Comisión pertenecen a la coalición de Gobierno y desde distintas orillas políticas ya se aventuran juicios sobre que nada va a pasar en estas pesquisas que involucran al ex mandatario antioqueño. Por ejemplo, cinco representantes pertenecen al Partido de la U, dos más a Cambio Radical y en igual número al Partido Conservador, uno más es del PIN, otro representante por las negritudes y tres del Partido Liberal. Aunque ya pasó una semana desde que se abrió el expediente, aún no se han designado los representantes investigadores.

Según Aldemar Vanegas Muñoz, asesor del secretario General de la Comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, en este momento cursan 1.350 procesos, de los cuales sólo contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez hay radicados 271. Todos apenas habrán pasado de la denuncia y el reparto correspondiente. Todos están en etapa preliminar. Los mismos representantes investigadores se han quejado de que les faltan dientes y recursos económicos a la hora de llevar a cabo estos procesos, pero en general existe la visión de que esa célula es inoperante y ya ha hecho carrera el famoso rótulo de “Comisión de Absolución”.

De nuevo la Comisión de Acusación figura en el centro de la polémica nacional. En tiempos de la Procuraduría de Edgardo Maya, éste la calificó en un término políticamente correcto como “inoperante”. Por esos días el representante Germán Olano, entonces integrante, pidió que no se convirtiera “en un colchón de impunidad”. Su frase causa perplejidad hoy, pues figura como piedra angular del escándalo del cartel de contratación en Bogotá. ¿Pueden 15 representantes a la Cámara, 14 de ellos novatos en estas lides, la mayoría sin experiencia jurídica, abrir expedientes contra curtidos fiscales, magistrados de las altas cortes o el propio Presidente de la República? Un interrogante que cobra vigencia si se miran expedientes como el de las ‘chuzadas’.

Un reciente reporte del portal La Silla Vacía detalla, por ejemplo, que contra el ex fiscal Luis Camilo Osorio hay  40 procesos en curso, 53 en contra de Mario Iguarán, 170 contra integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, otros 180 expedientes contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y  28 más contra magistrados de la Corte Constitucional. El común denominador de todos es que la mayoría de delitos “están por establecer”.

Uribe asumió responsabilidad política y jurídica

Un día después de que la Procuraduría destituyera e inhabilitara por 18 años a Bernardo Moreno, el ex secretario general del presidente Álvaro Uribe, por el caso de interceptaciones y seguimientos ilegales al DAS, el ex Jefe de Estado desde Guatemala a través de un comunicado asumió la responsabilidad política y jurídica del caso.

“Me permito manifestar que si aquello que hizo el doctor Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre una posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados y, además, nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia”, escribió Uribe. Además, el ex presidente se quejó de que él también ha sido víctima de las ‘chuzadas’ y que ha pedido sin éxito claridad sobre los autores intelectuales de estos hechos.

¿Quién es Martha Inés Leal Llanos?

La ex subdirectora del DAS Martha Inés Leal Llanos, de 43 años, tiene con sus revelaciones temblando a más de uno. Nacida en Bogotá, con doctorado en Relaciones Económicas e Internacionales en el exterior, ingresó al organismo de inteligencia el 30 de octubre de 1996 y en sucesivos cargos de análisis estratégico, dirección de extranjería y grupo de inteligencia, permaneció hasta el 28 de febrero de 2009 cuando estaba en ebullición el escándalo de los seguimientos, interceptaciones y toda suerte de arbitrariedades del DAS a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados de las altas cortes y dirigentes de oposición.

Esta semana un juez avaló el principio de oportunidad para ella (una especie de perdón judicial a cambio de su colaboración) y desde entonces es testigo de excepción en procesos como el de la ex directora María del Pilar Hurtado.

Historia de absoluciones

Desde los comienzos de la República, el Congreso ha juzgado a los presidentes. Le sucedió a Antonio Nariño, lo vivió José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera.

Ya en tiempos recientes, nunca han faltado las denuncias contra los mandatarios de turno, pero casi siempre la respuesta del Congreso ha sido la absolución. Con excepciones, como ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla, acusado por el Congreso, pero absuelto por la Corte Suprema.

Cuando Ernesto Samper, en 1995, acosado por el Proceso 8.000, declaró “me someto a mi juez natural”, tenía razón. Y el Congreso lo absolvió. Como sucedió con Belisario Betancur, respecto a los hechos del Palacio de Justicia.

Cada Presidente tiene su dolor de cabeza: Turbay, el Estatuto de Seguridad; Pastrana, el Caguán; Gaviria, La Catedral, ahora el turno es de Uribe.