Con 818 investigaciones abiertas y pendientes al presidente Álvaro Uribe, a los ex presidentes Betancur, Samper y Pastrana, al fiscal Iguarán y sus antecesores De Greiff, Valdivieso, Gómez y Osorio, así como a decenas de magistrados de las altas cortes, hoy la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está en el ojo del huracán por su ineficacia.
El lento trámite y sus escasos resultados obligan a una urgente reestructuración del organismo para evitar que desaparezca este tribunal encargado de las investigaciones a los altos dignatarios del país. La polémica sobre si debe eliminarse o no volvió con la propuesta de crear un tribunal alterno para juzgar a los altos funcionarios, incluidos los congresistas, con lo que este órgano prácticamente desaparecería.
Para evitar que la Comisión quede en la historia sin haber resuelto las investigaciones encomendadas, sus miembros presentarán el próximo 20 de julio, en el inicio de la nueva legislatura, un proyecto de ley para dotar de dientes y recursos a este órgano investigador. Una iniciativa que contempla, entre otros aspectos, que se defina si las investigaciones a su cargo son penales, disciplinarias o políticas, e incluir la opción de investigar al Vicepresidente, al Contralor, al Procurador y a los magistrados del Consejo Electoral.
Otra de las debilidades de la Comisión, como lo afirma el representante a la Cámara por el Valle Jorge Homero Giraldo, es la desventaja frente a los magistrados de las Cortes. “Hay un desequilibrio de poderes. Un magistrado de la Corte puede meter a la cárcel a un congresista, pero un investigador de la Comisión no puede hacer lo mismo”. El representante Germán Olano, asegura que “las investigaciones no deben concluir con las legislaturas, sino seguir trabajando para descongestionar los expedientes”.
La falta de recursos es otro problema, ya que algunos representantes afirman que mientras en la Corte cada magistrado tiene auxiliares, en la Comisión no hay presupuesto. Hace un mes, la presidenta de la Comisión, Amanda Ricardo, se reunió con el presidente Uribe para pedirle que autorizara recursos para crear una unidad de descongestión dentro del órgano investigador. Uribe aceptó, pero los ministros de Hacienda y del Interior deben definir el monto.
Por ahora siguen pendientes casos de resonancia nacional. XXXPor ejemplo, el paradero de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, que obligó la reapertura de esta investigación y generó que al ex presidente Belisario Betancur se le abriera otro proceso en la Comisión de Acusación. Según el expediente 2406-08, este caso está en
investigaciones preliminares. En contraste, desde la presidencia de Ernesto Samper no se abre una investigación a un magistrado.
En cambio hoy reposan varios procesos contra el ex presidente Samper y contra al ex presidente Pastrana. Por ejemplo, a este último se le investiga por una apreciación que hizo en octubre de 2007 el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, según la cual incitó a las Autodefensas a combatir a las Farc en el norte del país, mientras andaba a paso lento en el proceso de paz en San Vicente del Caguán. La próxima semana la Comisión de Acusación enviará un cuestionario de doce preguntas al Tribunal Superior de Antioquia, para que Mancuso aclare el caso.
Dentro de las investigaciones pendientes también está el sonado caso de Armando Martí, un mentalista que estuvo al servicio del fiscal Mario Iguarán y que llegó a conocer intimidades y casos reservados del ente investigador. El caso está en la etapa de recaudación de pruebas. El Espectador conoció que en los próximos días la Comisión llamará a declarar a una ex alta funcionaria de la Fiscalía por este proceso.
Otro caso que mantiene en expectativa al país pero que no tiene avance alguno en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la polémica creada alrededor de los regalos que le hacía el narcotraficante Giorgio Sale al ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado José Alfredo Escobar Araújo.
¿De absoluciones?
La constitución y la ley dicen que la Comisión de Acusación de la Cámara debe vigilar la actuación de los altos dignatarios del país: el Presidente de la República, los magistrados de las cortes y el Fiscal General. Hoy la integran quince representantes a la Cámara de todos los partidos, XXpero las mayorías son uribistas (ver recuadro). Los casos son repartidos por orden alfabético y por fecha de llegada.
Cada representante cuenta con seis meses a partir de la asignación, para establecer si XXXamerita la apertura de un proceso. Luego, las pruebas determinan si la denuncia merece ir a la Plenaria de la Cámara para votar por la permanencia en el cargo del alto funcionario. Pero sólo las investigaciones por el proceso 8.000 al ex presidente Samper y por el Holocausto del Palacio de Justicia, en el 85, llegaron hasta esta instancia.
Pocos saben que existe la Comisión de Instrucción del Senado, que es la última instancia de los procesos de la Comisión de Acusación, porque casi nunca una investigación ha llegado a ese nivel. Incluso, en el Congreso no tienen claro quiénes la integran, porque jamás ha sesionado. Los congresistas aseguran que una de las razones por las que esta Comisión no es eficiente, es que no funciona como juez para evaluar a sus investigados y la mayoría de sus integrantes son de afines al Gobierno.
Mejorar los recursos técnicos de la Comisión también es urgente. La ampliación de la denuncia del presidente Álvaro Uribe contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, que se realizó esta semana, se demoró más de la cuenta porque en el único computador que se tomó la declaración tuvo una falla justo en el momento que debían ser impresas las copias para las firmas de los protagonistas.
Pero si hubo apremios para recibirle la ampliación de denuncia al Presidente, también hay mora para evaluar las acusaciones contra el Jefe del Estado. Hoy, contra el presidente Álvaro Uribe existen 157 investigaciones (ver recuadro). Algunas son prevaricato por acción u omisión. Ninguna ha avanzado, lo cual evidencia una vez más que se trata de una comisión inoperante, que requiere urgentes medidas de choque. De lo contrario, seguirá siendo lo que todos piensan de ella: un saludo a la bandera.