Una Contralora singular

Aunque sobre la contralora general de la República hay casi un consenso de buena imagen, porque su trabajo al frente del órgano fiscalizador se ha destacado en medio del mar de corrupción y mediocridad que enturbia la tarea pública del país, su personalidad y sus decisiones no son tan sencillas de evaluar, salvo que se incurra en la ligereza de creer que a ella se la puede definir examinando una sola de sus facetas. El pleito que “la ciudadana Sandra Morelli”, como se llamó a sí misma, mantiene con sus vecinos desde hace años por el ruido que hacen cinco perros, un gato y una guacamaya de su madre, más el balón de su niño de ocho años, sumado a la sarcástica carta que le envió a la reportera que publicó la historia (“¿será que la [docta] periodista conoce alguna norma que prevea circunstancias de agravación punitiva transferible de padres a hijos y de hijos a mascotas?”), son una muestra de su carácter particular y —¿por qué no decirlo?— de su intolerancia hacia quienes la confrontan. Hace apenas dos días incumplió la citación de un inspector de Policía para conciliar diferencias con sus antagonistas de barrio. Desde luego, estos incidentes son apenas detalles de su vida privada, plena de experiencias y hobbys exóticos.

Lo esencial, sin embargo, para juzgar su paso por la Contraloría, será la solidez con que se sostengan las abundantes investigaciones que ha abierto, algunas valientes y necesarias, y los embargos que ordena a tutiplén. La galería la aplaude sin escarbar mucho porque está ansiosa de que alguien castigue a los que percibe como delincuentes. Y Morelli puede exhibir una larga lista de encartados que incluye, obvio, a los magistrados del presunto carrusel de pensiones, a los Nule y a los directivos de SaludCoop. No obstante, juristas ortodoxos opinan que en otros casos ha sobrepasado sus funciones, que sus anuncios están impregnados de fundamentalismo o que los procedimientos que usa violentan derechos constitucionales y que, por ello, una parte de las actuaciones fiscales se caerá. Un botón: en unos días estará en polémica con las cámaras de comercio del país a las que les iniciaría multimillonarios juicios de responsabilidad fiscal por una novedosa interpretación suya que pretende aplicar retroactivamente.

Por si fuera poco, sus críticos aseguran en reserva —porque le temen— que es sectaria y selectiva: mientras golpea sin contemplaciones a unos, con otros sería ciega y laxa. Por ejemplo, con la Procuraduría de su amigo y aliado, Alejandro Ordóñez, a la que no ha rozado pese a las quejas sobre un segundo carrusel de pensiones que se habría presentado allí. Lo contrario, o sea una actitud de abierta hostilidad, se daría con respecto al fiscal general, con el que tiene tensas relaciones que podrían estallar pronto. Precisamente, Morelli acaba de disparar con regadera cuando interpuso una tutela contra la Fiscalía, la Cancillería, el Tribunal de Cundinamarca y la Superintendencia de Sociedades, a las que sindica de violar derechos de la Contraloría por no levantar el denominado “velo empresarial” del grupo Nule, a pesar de que ninguna de las “entuteladas” podría hacerlo legalmente, a excepción de la última.

¿Desconoce la inteligente contralora la normatividad o la elude con tal de obtener resultados, como es costumbre de una época hacia acá? ¿Se desmoronará su carrera o la esperan mayores éxitos si se despejan las objeciones que la ensombrecen? El tiempo lo dirá. Y a Sandra Morelli aún le falta mucha cuerda y un año, ocho meses de período.

* Columnista de ‘El Espectador’

Aunque sobre la contralora general de la República hay casi un consenso de buena imagen, porque su trabajo al frente del órgano fiscalizador se ha destacado en medio del mar de corrupción y mediocridad que enturbia la tarea pública del país, su personalidad y sus decisiones no son tan sencillas de evaluar, salvo que se incurra en la ligereza de creer que a ella se la puede definir examinando una sola de sus facetas. El pleito que “la ciudadana Sandra Morelli”, como se llamó a sí misma, mantiene con sus vecinos desde hace años por el ruido que hacen cinco perros, un gato y una guacamaya de su madre, más el balón de su niño de ocho años, sumado a la sarcástica carta que le envió a la reportera que publicó la historia (“¿será que la [docta] periodista conoce alguna norma que prevea circunstancias de agravación punitiva transferible de padres a hijos y de hijos a mascotas?”), son una muestra de su carácter particular y —¿por qué no decirlo?— de su intolerancia hacia quienes la confrontan. Hace apenas dos días incumplió la citación de un inspector de Policía para conciliar diferencias con sus antagonistas de barrio. Desde luego, estos incidentes son apenas detalles de su vida privada, plena de experiencias y hobbys exóticos.

Lo esencial, sin embargo, para juzgar su paso por la Contraloría, será la solidez con que se sostengan las abundantes investigaciones que ha abierto, algunas valientes y necesarias, y los embargos que ordena a tutiplén. La galería la aplaude sin escarbar mucho porque está ansiosa de que alguien castigue a los que percibe como delincuentes. Y Morelli puede exhibir una larga lista de encartados que incluye, obvio, a los magistrados del presunto carrusel de pensiones, a los Nule y a los directivos de SaludCoop. No obstante, juristas ortodoxos opinan que en otros casos ha sobrepasado sus funciones, que sus anuncios están impregnados de fundamentalismo o que los procedimientos que usa violentan derechos constitucionales y que, por ello, una parte de las actuaciones fiscales se caerá. Un botón: en unos días estará en polémica con las cámaras de comercio del país a las que les iniciaría multimillonarios juicios de responsabilidad fiscal por una novedosa interpretación suya que pretende aplicar retroactivamente.

Por si fuera poco, sus críticos aseguran en reserva —porque le temen— que es sectaria y selectiva: mientras golpea sin contemplaciones a unos, con otros sería ciega y laxa. Por ejemplo, con la Procuraduría de su amigo y aliado, Alejandro Ordóñez, a la que no ha rozado pese a las quejas sobre un segundo carrusel de pensiones que se habría presentado allí. Lo contrario, o sea una actitud de abierta hostilidad, se daría con respecto al fiscal general, con el que tiene tensas relaciones que podrían estallar pronto. Precisamente, Morelli acaba de disparar con regadera cuando interpuso una tutela contra la Fiscalía, la Cancillería, el Tribunal de Cundinamarca y la Superintendencia de Sociedades, a las que sindica de violar derechos de la Contraloría por no levantar el denominado “velo empresarial” del grupo Nule, a pesar de que ninguna de las “entuteladas” podría hacerlo legalmente, a excepción de la última.

¿Desconoce la inteligente contralora la normatividad o la elude con tal de obtener resultados, como es costumbre de una época hacia acá? ¿Se desmoronará su carrera o la esperan mayores éxitos si se despejan las objeciones que la ensombrecen? El tiempo lo dirá. Y a Sandra Morelli aún le falta mucha cuerda y un año, ocho meses de período.

* Columnista de ‘El Espectador’