Una elección cantada

La plenaria de la Cámara de Representantes elegirá hoy el reemplazo de Vólmar Pérez Ortiz en la Defensoría del Pueblo. La terna, enviada por el presidente Juan Manuel Santos, está compuesta por el exvicefiscal Jorge Armando Otálora, la experta en derechos de infancia Beatriz Linares y la especialista en Derechos Humanos Olga Lucía Gaitán. A pesar de que todos tienen el perfil para ocupar el cargo, la decisión parece estar tomada ya y el exvicefiscal Otálora sería el que recibiría la venia del Congreso.

Con su experiencia política y la cercanía a algunos parlamentarios, Otálora se supo mover en el Congreso para conseguir los votos suficientes para que con anticipación se sepa el resultado de la sesión.

El Partido de la U es uno de los que tomaron la decisión de apoyar al exvicefiscal. Al respecto, el presidente de la Cámara, Augusto Posada —del Partido de la U—, manifestó que “es una decisión de partido que tomamos con base en su hoja de vida, su recorrido y el programa que va a implementar en la entidad. No pretendo desconocer las cualidades de las otras dos ternadas, pero nosotros estamos convencidos de que Otálora es la mejor opción”.

Precisamente el rumor que corre por los pasillos del Capitolio Nacional es que los promotores de Otálora son el mismo Posada y el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria. De este modo se está garantizado el respaldo tanto de la U como del liberalismo, colectividades que sumadas cuentan los votos suficientes para la elección.

Sin embargo, el representante liberal Guillermo Rivera sostuvo que aún “no se ha tomado ninguna decisión” y que será hoy en las horas de la mañana cuando la bancada lo haga. Pese al argumento de Rivera se da como cierto el respaldo del liberalismo a Otálora.

En el Partido Conservador la situación no es diferente. La colectividad ya tomó posición y también respaldará a Otálora. El representante David Bargüil afirmó que “esta es una decisión que está prácticamente tomada, porque la mayor parte de los miembros del partido se inclinan por Otálora. Yo creo que él es garantía para elevar el papel de la Defensoría, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Pese a este respaldo casi unánime, hay sectores en los que la aspiración de Otálora no cae bien. El representante a la Cámara Miguel Gómez sostiene que “es un candidato de muy poca experiencia en Derechos Humanos. Además, algunas de sus actuaciones como abogado no me generan garantías. Por ejemplo, viene del Consejo Superior de la Judicatura, una de las entidades más desprestigiadas del país”.

Gómez Martínez asegura que Otálora es un candidato impuesto por el Partido Liberal, pero que seguramente va a ser elegido de forma unánime por la Unidad Nacional, pues nadie se quiere quedar por fuera del juego burocrático que maneja esa entidad.

Y es que la Defensoría del Pueblo se ha convertido en uno de los platos fuertes del apetito burocrático. Esta entidad maneja un presupuesto cercano a los $300 mil millones al año y una planta de personal de más de 2.300 funcionarios. Además, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras su presupuesto, infraestructura y personal deben ser fortalecidos.

El principal crítico de la aspiración de Otálora es el senador Liberal Juan Manuel Galán, quien sostiene que fue defensor de uno de los más grandes defraudadores del Estado, David Murcia Guzmán, que con su firma DMG le costó al país cerca de $4 billones; del exdirector del desaparecido Seguro Social Guillermo Fino y de Hernando Rodríguez, uno de los responsables del descalabro de Foncolpuertos.

Galán afirma que Otálora asesoró al exsenador Alberto Santofimio en el proceso que se adelanta en su contra por la participación en el asesinato Luis Carlos Galán Sarmiento. Además, afirma el senador que el exvicefiscal quiso hacer a un lado al juez que llevaba el proceso por la muerte de su padre. Por este motivo, sostiene que el Partido Liberal no puede caer en el juego de criticar las maniobras que realizaban sectores políticos como el uribismo, cuando no se aplica lo que se predica.

Frente a esas críticas, Otálora respondió a El Espectador que “a mí los únicos cuestionamientos que me han hecho ha sido por mi profesión de abogado. No es cierto que yo haya sido abogado de Alberto Santofimio. Fue un abogado que trabajó en mi oficina, Darío Cabrera, quien lo hizo. Yo a ese señor no lo conozco, ni siquiera lo he visto en un ascensor. Y si hubiese sido así, no le veo nada de malo, esa es mi profesión. Ahora, yo hasta le reclamé al abogado Cabrera y le pedí que aclarara que él ya no trabajaba conmigo y me dijo que estaba en todo su derecho, lo cual es cierto”.

Frente al señalamiento sobre el presunto intento de trasladar al fiscal del caso Galán mientras ejerció como vicefiscal, afirmó que “es mentira, eso lo tiene que contestar el mismo fiscal de la época, Mario Iguarán. Eso no es cierto, yo hasta me declaré impedido en ese caso. Para demostrar mi transparencia, le entregué a la Procuraduría un listado con todos los procesos en que había participado como abogado”.

Por ahora, lo que resulta claro es que la terna para la Defensoría cuenta con un solo candidato de peso político, por lo cual la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos han enviado una carta abierta a la Cámara de Representantes expresando la importancia de esta institución en la misión de promover y proteger los derechos humanos.

Por este motivo, reclaman que quien resulte elegido cuente con un “alto perfil ético y moral, amplio conocimiento en derechos humanos, demostrada trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos y que represente una clara independencia para ejercer sus funciones como defensor del Pueblo”.

La plenaria de la Cámara de Representantes elegirá hoy el reemplazo de Vólmar Pérez Ortiz en la Defensoría del Pueblo. La terna, enviada por el presidente Juan Manuel Santos, está compuesta por el exvicefiscal Jorge Armando Otálora, la experta en derechos de infancia Beatriz Linares y la especialista en Derechos Humanos Olga Lucía Gaitán. A pesar de que todos tienen el perfil para ocupar el cargo, la decisión parece estar tomada ya y el exvicefiscal Otálora sería el que recibiría la venia del Congreso.

Con su experiencia política y la cercanía a algunos parlamentarios, Otálora se supo mover en el Congreso para conseguir los votos suficientes para que con anticipación se sepa el resultado de la sesión.

El Partido de la U es uno de los que tomaron la decisión de apoyar al exvicefiscal. Al respecto, el presidente de la Cámara, Augusto Posada —del Partido de la U—, manifestó que “es una decisión de partido que tomamos con base en su hoja de vida, su recorrido y el programa que va a implementar en la entidad. No pretendo desconocer las cualidades de las otras dos ternadas, pero nosotros estamos convencidos de que Otálora es la mejor opción”.

Precisamente el rumor que corre por los pasillos del Capitolio Nacional es que los promotores de Otálora son el mismo Posada y el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria. De este modo se está garantizado el respaldo tanto de la U como del liberalismo, colectividades que sumadas cuentan los votos suficientes para la elección.

Sin embargo, el representante liberal Guillermo Rivera sostuvo que aún “no se ha tomado ninguna decisión” y que será hoy en las horas de la mañana cuando la bancada lo haga. Pese al argumento de Rivera se da como cierto el respaldo del liberalismo a Otálora.

En el Partido Conservador la situación no es diferente. La colectividad ya tomó posición y también respaldará a Otálora. El representante David Bargüil afirmó que “esta es una decisión que está prácticamente tomada, porque la mayor parte de los miembros del partido se inclinan por Otálora. Yo creo que él es garantía para elevar el papel de la Defensoría, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Pese a este respaldo casi unánime, hay sectores en los que la aspiración de Otálora no cae bien. El representante a la Cámara Miguel Gómez sostiene que “es un candidato de muy poca experiencia en Derechos Humanos. Además, algunas de sus actuaciones como abogado no me generan garantías. Por ejemplo, viene del Consejo Superior de la Judicatura, una de las entidades más desprestigiadas del país”.

Gómez Martínez asegura que Otálora es un candidato impuesto por el Partido Liberal, pero que seguramente va a ser elegido de forma unánime por la Unidad Nacional, pues nadie se quiere quedar por fuera del juego burocrático que maneja esa entidad.

Y es que la Defensoría del Pueblo se ha convertido en uno de los platos fuertes del apetito burocrático. Esta entidad maneja un presupuesto cercano a los $300 mil millones al año y una planta de personal de más de 2.300 funcionarios. Además, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras su presupuesto, infraestructura y personal deben ser fortalecidos.

El principal crítico de la aspiración de Otálora es el senador Liberal Juan Manuel Galán, quien sostiene que fue defensor de uno de los más grandes defraudadores del Estado, David Murcia Guzmán, que con su firma DMG le costó al país cerca de $4 billones; del exdirector del desaparecido Seguro Social Guillermo Fino y de Hernando Rodríguez, uno de los responsables del descalabro de Foncolpuertos.

Galán afirma que Otálora asesoró al exsenador Alberto Santofimio en el proceso que se adelanta en su contra por la participación en el asesinato Luis Carlos Galán Sarmiento. Además, afirma el senador que el exvicefiscal quiso hacer a un lado al juez que llevaba el proceso por la muerte de su padre. Por este motivo, sostiene que el Partido Liberal no puede caer en el juego de criticar las maniobras que realizaban sectores políticos como el uribismo, cuando no se aplica lo que se predica.

Frente a esas críticas, Otálora respondió a El Espectador que “a mí los únicos cuestionamientos que me han hecho ha sido por mi profesión de abogado. No es cierto que yo haya sido abogado de Alberto Santofimio. Fue un abogado que trabajó en mi oficina, Darío Cabrera, quien lo hizo. Yo a ese señor no lo conozco, ni siquiera lo he visto en un ascensor. Y si hubiese sido así, no le veo nada de malo, esa es mi profesión. Ahora, yo hasta le reclamé al abogado Cabrera y le pedí que aclarara que él ya no trabajaba conmigo y me dijo que estaba en todo su derecho, lo cual es cierto”.

Frente al señalamiento sobre el presunto intento de trasladar al fiscal del caso Galán mientras ejerció como vicefiscal, afirmó que “es mentira, eso lo tiene que contestar el mismo fiscal de la época, Mario Iguarán. Eso no es cierto, yo hasta me declaré impedido en ese caso. Para demostrar mi transparencia, le entregué a la Procuraduría un listado con todos los procesos en que había participado como abogado”.

Por ahora, lo que resulta claro es que la terna para la Defensoría cuenta con un solo candidato de peso político, por lo cual la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos han enviado una carta abierta a la Cámara de Representantes expresando la importancia de esta institución en la misión de promover y proteger los derechos humanos.

Por este motivo, reclaman que quien resulte elegido cuente con un “alto perfil ético y moral, amplio conocimiento en derechos humanos, demostrada trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos y que represente una clara independencia para ejercer sus funciones como defensor del Pueblo”.