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Justo cuando se celebran los 30 años de la constituyente y la Constitución de 1991, nuevamente hay pedidos de convocar a la ciudadanía para hacer una nueva carta magna. La idea es de distintos sectores, tanto del uribismo como de partícipes del paro nacional. Estos últimos están inspirados en el caso chileno, que, tras múltiples jornadas de protestas -muy parecidas a lo que se está viviendo en varias ciudades del país-, el gobierno abrió la puerta a un proceso constituyente para reemplazar el texto vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
En medio de este debate, El Espectador dialogó con cinco miembros de la asamblea constituyente de 1991 de distintas listas para discutir este planteamiento que cobra fuerza. Uno de estos fue Iván Marulanda, que llegó a la asamblea con banderas independientes tras su paso por el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Su trabajo principal en el proceso constituyente estuvo en las comisiones económicas. Tres décadas después, defiende lo que hicieron con la carta magna y es un férreo crítico de la posibilidad de una nueva constituyente.
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¿Qué piensa de la posibilidad de una nueva constituyente?
No veo una nueva constituyente, francamente. Primero, porque no se necesita. Hay una constitución sin estrenar. Digamos que hay herramientas para tener otro tipo de estado, de políticas públicas y de realidad política social y económica. Hay gente que cree que con otra constitución se cambian las cosas pero mi experiencia como constituyente me deja ver que una nueva carta magna no cambia por sí sola nada. Esos cambios se logran con los hombres y las mujeres, la organización de la sociedad, las dinámicas sociales y la conciencia colectiva. Eso es lo que hace que una constitución funcione o no. Si un solo libro resolviera la felicidad de un pueblo, pues ya estaría resuelto el planeta. Si se hace una nueva constitución, pero sigue en manos de la misma lógica, pues no ocurre nada.
Hay otro factor: el procedimiento para llegar a una constituyente hoy no es el mismo que con el que se llegó a la constituyente de 1991. En la constitución de 1991 hubo una séptima papeleta que fue un invento de los estudiantes que fue acogido por un presidente audaz como Virgilio Barco y después vino una nueva convocatoria a las urnas, un decreto presidencial que fue juzgado por la Corte Suprema y que definió que la constituyente era soberana. Fue una ruta histórica irrepetible, enmarcada en una situación particular -mataron a cuatro candidatos presidenciales, tumbaron un avión de pasajeros, volaron el edificio del DAS- en que el estado era fallido. Fue un momento de frustración del alma nacional que no tenemos en este momento. Ahora el procedimiento está en la nueva constitución, ahí se dice cómo se debe convocar a una constituyente. Pero ese paso a paso es prácticamente imposible porque es muy difícil cumplirlo en este momento. Supongamos que el país se pone de acuerdo. Entonces hay que buscar firmas, presentar un proyecto de ley por iniciativa popular al Congreso y este debe dar un debate que defina si esa voluntad popular expresada en esa iniciativa se puede llevar a un referendo o no. Esa ley la tiene que hacer el Congreso y recuerden los frankenstein que salen de allá. Saldría entonces un proyecto donde todos meterían la mano. No veo eso viable.
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¿Qué se debe hacer para “estrenar” la constitución?
Hay una paradoja del pueblo colombiano impresionante: los dos eventos más importantes que ha presenciado mi generación en la política colombiana se los han entregado a los enemigos de esos hitos. ¿Cuáles son esos hitos? Primero, la constitución de 1991, que después el pueblo en las elecciones siguientes se las entregó a la clase política enemiga de esta. Por eso, desde el primer día llegaron a destruirla. Llevan 52 contrarreformas. Lo primero que hicieron fue cambiar todo lo que tiene que ver con el Congreso, esa fue la primera contrarreforma de entrada. El pueblo logra hacer una nueva constitución, están felices con ella y se la entregaron al enemigo de esta: la vieja clase política que debía ser revocada con esa constitución. Es una paradoja histórica. El segundo hito es el acuerdo de paz. Después de semejante faena de hacer un acuerdo de paz histórico -que acabó una guerra de 53 años- llegan y en las elecciones le entregan el poder a los que promovieron el no por la paz y los que prometieron hacerla trizas. Este país es muy raro.
Lo que hay que hacer para que esa constitución se pueda estrenar es tener un poder político que esté de acuerdo con esa constitución, que la quiera, que quiera desarrollarla, que la respete, la admire y se sienta identificado con ella. Estos poderes que la han administrado no la quieren, la han violado toda su vida. Llegaron incluso a cambiarla con trampa para buscar la reelección. Han deformado su impacto de todas las maneras. Por ejemplo, hay unos instrumentos de control del Estado que hacen unos pesos y contrapesos -la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría- pero están permeados por los mismos que tienen el poder, aquí no hay control y equilibrio de poderes. Eso pasa porque no les importa lo que la constitución significa. Por eso la única solución son unas elecciones en las que el pueblo diga no más, vamos a elegir las personas que sí representen el espíritu de esa constitución.
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Usted habla de la dificultad de poner de acuerdo al pueblo para una constituyente, ¿podría hacerse esto a pesar de la polarización?
Una constituyente es una reunión de personas distintas que representan realidades distintas pero que están dispuestas a encontrar un consenso. Pero ahora las partes distintas no están dispuestas a un consenso sino que quieren matarse. Supongamos que la elijan y se reúne, pues se matan ahí. Yo lo veo en el Senado todos los días. Hay que ver lo que se dicen esos extremos en los que está dividida la política en Colombia. Se dicen de todo: “asesinos”, “violadores”, “paracos” y más. Es una guerra permanente de violencia verbal que se traduce en violencia física en la calles, que es lo que estamos viendo. Si se reúnen estas personas a hacer una constituyente pues sería el incendio total.
¿Lo que está pasando en las calles no es un llamado a reformar elementos de esa constitución vigente?
Es cierto que hay que hacerle una reforma a la constitución. Hay que hacer reformas a la justicia, al sistema electoral y a la política. Hay que hacer una reforma territorial. Este país, contrario al espíritu de la constitución, se centralizó de nuevo. Hay que hacer una reforma a la constitución, pero esos cambios solo pueden hacerlos una nueva clase política. Pero por la vía de una nueva constituyente es imposible porque no llegarían a expresar toda la diversidad del país. Por eso es que la fórmula son nuevas mayorías en el Congreso y un nuevo Gobierno. Debe haber un nuevo poder porque hace décadas nos gobiernan los mismos.
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Bajo lo que usted sugiere, ¿hay que deshacer las reformas constitucionales anteriores y volver a un texto más cercano al original?
Claro. Aunque hay cosas nuevas que habría que dejar porque el país ha cambiado mucho en estos 30 años. Hay cambios tecnológicos y de comunicación que para esa época no existían. Este es otro país, por lo que habría que hacer una reforma para quitar los cambios que deformaron la original pero mantener aquellos puntos que le apuntan a las nuevas realidades. Pero los pilares fundamentales y el espíritu democrático y garantista está ahí y no hay que cambiarlo.