Una reforma que no quieren las minorías

Si hay una consecuencia clara del Acuerdo de Paz con las Farc, más allá de los tejemanejes jurídicos surgidos de los textos de La Habana, es sin lugar a dudas la necesidad de abrir la tribuna política para que los alzados en armas debatan las ideas en democracia. Por eso, entablar la discusión sobre una reforma política y electoral que permita su reinserción es la decisión inmediata que lidera el Gobierno en aras de lograr las transformaciones prometidas con la terminación del conflicto armado. Pero resulta que con el partido político que surja de las Farc no desaparecen, ni mucho menos, los partidos minoritarios, quienes, desde la independencia o en la oposición, también exigen cambios garantistas para ejercer sus derechos.

Por eso, ayer unas diez de esas organizaciones hicieron pública una carta que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos para exigir, entre otras cosas, una reunión antes de que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz defina esa reforma que, según se anunció, será presentada en la primera semana de mayo. La petición la firman el Polo Democrático, Alianza Verde, ASI, MIRA, Progresistas, Unión Patriótica, Opción Ciudadana, MAIS, Compromiso Ciudadano y Fuerza Ciudadana. Y la conclusión que sacan es que el Gobierno no está cumpliendo e incluso aseguran que de nada han servido las reuniones realizadas desde finales de 2015 con las que se buscaba abonar el terreno para que, firmada la paz, se hicieran las transformaciones de fondo.

“El problema no es el acuerdo con las Farc, que lo hemos apoyado; tampoco el mecanismo especial legislativo o fast track. El problema es el fondo de ese proyecto que está por radicarse”, advirtió la senadora de la Alianza Verde Claudia López, tras enlistar una serie de peticiones que, de no ser incluidas, les llevará a votar negativamente la iniciativa. En concreto, son siete los puntos inamovibles, que se pueden resumir así: dado que el partido político que surja de las Farc contará con una especie de período de gracia por ocho años, con beneficios especiales como el acceso a curules en el Congreso, la exigencia tiene que ver con otras transformaciones que también los favorezcan. Por ejemplo, cambios en el umbral electoral. Actualmente, la supervivencia de la personería jurídica de los partidos está ligada con un umbral del 3 %. En la carta a Santos piden que se reduzca al 2 %. “No que nos vayan a subir el umbral y nos apliquen normas drásticas”, dijo el senador del Polo Iván Cepeda.

Otro punto tiene que ver con las listas cerradas a las corporaciones públicas, como el Congreso. Esa fue una propuesta surgida de las recomendaciones que hizo la Misión Electoral Especial al Gobierno, pero que para el senador Jorge Robledo, también del Polo, no debe convertirse en una camisa de fuerza. “Que cada partido tome las decisiones que más se ajusten a sus realidades de acuerdo con las listas”, explicó. Y añadió que “lo que sí molesta es que los partidos de la Unidad Nacional y el Gobierno nos quieran presentar eso como la gran fórmula de la lucha contra la corrupción y eso es una baratija política. ¿Si hubiera habido listas cerradas en las dos elecciones pasadas, habría dejado de entrar plata corrupta de Odebrecht a las campañas? Que no nos vengan con ese cuento”.

Los representantes de los partidos minoritarios piden, además, que se les garanticen los derechos a financiación estatal para gastos de funcionamiento, acceso a medios de comunicación de manera progresiva y una reglamentación realista respecto al número de afiliados de esas colectividades. “Imponerle más del 1 % en la cantidad de afiliados a un partido para que pueda acceder a financiación pública es acabar con los partidos en Colombia. Eso es casi un millón que no los tiene ningún partido en el mundo”, advirtió Claudia López.

Pero, tal vez, el punto que mayor debate suscitará si se da el encuentro entre los partidos minoritarios y el jefe de Estado tiene que ver con la séptima exigencia: “Plenas garantías para la efectividad del derecho a elegir y ser elegido mediante la derogatoria de toda norma electoral, disciplinaria o fiscal que contravenga los artículos 22, 25 y 29 (…) del Pacto San José de Costa Rica”. Eso significa, según lo dejó entrever el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quitarles la potestad a los entes de control, Procuraduría y Contraloría, de sancionar disciplinariamente a los gobernantes. “En Colombia, como en otros países de América Latina, autoridades administrativas y no judiciales, es decir, que responden al Gobierno y, por lo tanto, a unos partidos políticos, tienen facultades para quitar el derecho político de elegir o ser elegido a sus rivales. Eso pasó con Piedad Córdoba y conmigo”, enfatizó Petro.

En medio de ese tránsito hacia la reforma política y electoral está también la postura del presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano. Si bien su partido, el de la U, será el que encabece el abecé de la discusión en el Capitolio, para él sigue siendo un proyecto apresurado que ni siquiera debería tramitarse por fast track. “Este no puede ser un ejercicio de mayorías. Creo que este debe ser un proceso mucho más consensuado y no con esos afanes como notificándole al país que se va a aprobar una reforma y listo. Esta es una especie de desafío y de imposición que me genera desconfianza”, le dijo a El Espectador. Pero, además, Lizcano considera que la propuesta de crear una supercorte electoral, planteada también por la Misión Electoral Especial, implicaría crear un cuarto poder que terminaría arrodillando la democracia. “Es un riesgo tanta concentración de poder”, sostuvo.

Desde ayer, el Partido de la U arrancó con un “cónclave” para sacar adelante la reforma. En horas de la tarde, en el Hotel Hilton, en el norte de Bogotá, varios de sus miembros se reunieron para tratar de unificar posturas, después de que algunos de ellos sostuvieron un diálogo privado en el Ministerio del Interior. Una cita sobre la cual, dicho sea de paso, no mostraron mucho interés en participar los otros dos partidos de la Unidad Nacional (Cambio Radical y Liberal), ni tampoco los partidos minoritarios. En todo caso, en palabras del senador Armando Benedetti, copresidente de la U, “a mí no me importa mucho lo que haga la oposición, porque ellos nunca terminan acompañando nada. Me interesa sacar un proyecto unificado del partido y que sea el que abandere esta reforma, que me parece muy importante. Lo que opine la oposición debe importarle al ministro Cristo”.

Bien se puede decir entonces que la reforma política y electoral que tanto defiende el Gobierno nace fracturada. Lo es así porque además de no contar con el aval de quienes serían sus principales beneficiados, surge en plena etapa electoral, donde cada quien jalona para el lado que más le convenga. Incluso, por los pasillos del Capitolio se rumora que la postura de Lizcano en contra de la reforma tiene que ver con un supuesto favorecimiento a los intereses del suspendido gobernador de Caldas, Guido Echeverri, a quien se le adelanta un proceso en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Al ser consultado por este diario, el congresista manifestó que “no pueden ser tan sucios. No puede ser que cada vez que uno está en contra de una posición como esta, que fijo filosóficamente, se quiera estigmatizarme. Mi debate es técnico y serio. No voy a caer en ese juego y no me voy a dejar intimidar”.

Pero no sólo Lizcano, sino varias voces que hoy están involucradas en este debate político y electoral, consideran que las recomendaciones presentadas por la Misión al Gobierno se han quedado cortas. Para eso se abrirá la primera audiencia pública este jueves en el Congreso con el fin de escuchar esas otras posturas antes de definir los lineamientos finales del proyecto. En la Casa de Nariño saben que si no se escuchan las voces de protesta provenientes de las denominadas colectividades minoritarias y otros sectores, el riesgo es que pasen a ser mayoría en el Capitolio y se impongan dándole un No final a la reforma. Y, ahí sí, como lo expresó ayer la senadora Claudia López, sería un estruendoso fracaso para el Gobierno.

Si hay una consecuencia clara del Acuerdo de Paz con las Farc, más allá de los tejemanejes jurídicos surgidos de los textos de La Habana, es sin lugar a dudas la necesidad de abrir la tribuna política para que los alzados en armas debatan las ideas en democracia. Por eso, entablar la discusión sobre una reforma política y electoral que permita su reinserción es la decisión inmediata que lidera el Gobierno en aras de lograr las transformaciones prometidas con la terminación del conflicto armado. Pero resulta que con el partido político que surja de las Farc no desaparecen, ni mucho menos, los partidos minoritarios, quienes, desde la independencia o en la oposición, también exigen cambios garantistas para ejercer sus derechos.

Por eso, ayer unas diez de esas organizaciones hicieron pública una carta que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos para exigir, entre otras cosas, una reunión antes de que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz defina esa reforma que, según se anunció, será presentada en la primera semana de mayo. La petición la firman el Polo Democrático, Alianza Verde, ASI, MIRA, Progresistas, Unión Patriótica, Opción Ciudadana, MAIS, Compromiso Ciudadano y Fuerza Ciudadana. Y la conclusión que sacan es que el Gobierno no está cumpliendo e incluso aseguran que de nada han servido las reuniones realizadas desde finales de 2015 con las que se buscaba abonar el terreno para que, firmada la paz, se hicieran las transformaciones de fondo.

“El problema no es el acuerdo con las Farc, que lo hemos apoyado; tampoco el mecanismo especial legislativo o fast track. El problema es el fondo de ese proyecto que está por radicarse”, advirtió la senadora de la Alianza Verde Claudia López, tras enlistar una serie de peticiones que, de no ser incluidas, les llevará a votar negativamente la iniciativa. En concreto, son siete los puntos inamovibles, que se pueden resumir así: dado que el partido político que surja de las Farc contará con una especie de período de gracia por ocho años, con beneficios especiales como el acceso a curules en el Congreso, la exigencia tiene que ver con otras transformaciones que también los favorezcan. Por ejemplo, cambios en el umbral electoral. Actualmente, la supervivencia de la personería jurídica de los partidos está ligada con un umbral del 3 %. En la carta a Santos piden que se reduzca al 2 %. “No que nos vayan a subir el umbral y nos apliquen normas drásticas”, dijo el senador del Polo Iván Cepeda.

Otro punto tiene que ver con las listas cerradas a las corporaciones públicas, como el Congreso. Esa fue una propuesta surgida de las recomendaciones que hizo la Misión Electoral Especial al Gobierno, pero que para el senador Jorge Robledo, también del Polo, no debe convertirse en una camisa de fuerza. “Que cada partido tome las decisiones que más se ajusten a sus realidades de acuerdo con las listas”, explicó. Y añadió que “lo que sí molesta es que los partidos de la Unidad Nacional y el Gobierno nos quieran presentar eso como la gran fórmula de la lucha contra la corrupción y eso es una baratija política. ¿Si hubiera habido listas cerradas en las dos elecciones pasadas, habría dejado de entrar plata corrupta de Odebrecht a las campañas? Que no nos vengan con ese cuento”.

Los representantes de los partidos minoritarios piden, además, que se les garanticen los derechos a financiación estatal para gastos de funcionamiento, acceso a medios de comunicación de manera progresiva y una reglamentación realista respecto al número de afiliados de esas colectividades. “Imponerle más del 1 % en la cantidad de afiliados a un partido para que pueda acceder a financiación pública es acabar con los partidos en Colombia. Eso es casi un millón que no los tiene ningún partido en el mundo”, advirtió Claudia López.

Pero, tal vez, el punto que mayor debate suscitará si se da el encuentro entre los partidos minoritarios y el jefe de Estado tiene que ver con la séptima exigencia: “Plenas garantías para la efectividad del derecho a elegir y ser elegido mediante la derogatoria de toda norma electoral, disciplinaria o fiscal que contravenga los artículos 22, 25 y 29 (…) del Pacto San José de Costa Rica”. Eso significa, según lo dejó entrever el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quitarles la potestad a los entes de control, Procuraduría y Contraloría, de sancionar disciplinariamente a los gobernantes. “En Colombia, como en otros países de América Latina, autoridades administrativas y no judiciales, es decir, que responden al Gobierno y, por lo tanto, a unos partidos políticos, tienen facultades para quitar el derecho político de elegir o ser elegido a sus rivales. Eso pasó con Piedad Córdoba y conmigo”, enfatizó Petro.

En medio de ese tránsito hacia la reforma política y electoral está también la postura del presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano. Si bien su partido, el de la U, será el que encabece el abecé de la discusión en el Capitolio, para él sigue siendo un proyecto apresurado que ni siquiera debería tramitarse por fast track. “Este no puede ser un ejercicio de mayorías. Creo que este debe ser un proceso mucho más consensuado y no con esos afanes como notificándole al país que se va a aprobar una reforma y listo. Esta es una especie de desafío y de imposición que me genera desconfianza”, le dijo a El Espectador. Pero, además, Lizcano considera que la propuesta de crear una supercorte electoral, planteada también por la Misión Electoral Especial, implicaría crear un cuarto poder que terminaría arrodillando la democracia. “Es un riesgo tanta concentración de poder”, sostuvo.

Desde ayer, el Partido de la U arrancó con un “cónclave” para sacar adelante la reforma. En horas de la tarde, en el Hotel Hilton, en el norte de Bogotá, varios de sus miembros se reunieron para tratar de unificar posturas, después de que algunos de ellos sostuvieron un diálogo privado en el Ministerio del Interior. Una cita sobre la cual, dicho sea de paso, no mostraron mucho interés en participar los otros dos partidos de la Unidad Nacional (Cambio Radical y Liberal), ni tampoco los partidos minoritarios. En todo caso, en palabras del senador Armando Benedetti, copresidente de la U, “a mí no me importa mucho lo que haga la oposición, porque ellos nunca terminan acompañando nada. Me interesa sacar un proyecto unificado del partido y que sea el que abandere esta reforma, que me parece muy importante. Lo que opine la oposición debe importarle al ministro Cristo”.

Bien se puede decir entonces que la reforma política y electoral que tanto defiende el Gobierno nace fracturada. Lo es así porque además de no contar con el aval de quienes serían sus principales beneficiados, surge en plena etapa electoral, donde cada quien jalona para el lado que más le convenga. Incluso, por los pasillos del Capitolio se rumora que la postura de Lizcano en contra de la reforma tiene que ver con un supuesto favorecimiento a los intereses del suspendido gobernador de Caldas, Guido Echeverri, a quien se le adelanta un proceso en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Al ser consultado por este diario, el congresista manifestó que “no pueden ser tan sucios. No puede ser que cada vez que uno está en contra de una posición como esta, que fijo filosóficamente, se quiera estigmatizarme. Mi debate es técnico y serio. No voy a caer en ese juego y no me voy a dejar intimidar”.

Pero no sólo Lizcano, sino varias voces que hoy están involucradas en este debate político y electoral, consideran que las recomendaciones presentadas por la Misión al Gobierno se han quedado cortas. Para eso se abrirá la primera audiencia pública este jueves en el Congreso con el fin de escuchar esas otras posturas antes de definir los lineamientos finales del proyecto. En la Casa de Nariño saben que si no se escuchan las voces de protesta provenientes de las denominadas colectividades minoritarias y otros sectores, el riesgo es que pasen a ser mayoría en el Capitolio y se impongan dándole un No final a la reforma. Y, ahí sí, como lo expresó ayer la senadora Claudia López, sería un estruendoso fracaso para el Gobierno.