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Dentro del Código Electoral, aprobado a finales de 2020 por el Congreso y que está en revisión por la Corte Constitucional, hay un artículo con relación a las mujeres que pasó de agache o, quizá, terminó opacado por la preponderancia y triunfo que significó la paridad, punto incluido también en dicha ley estatutaria. Se trata de la introducción y la definición de la violencia contra la mujer en política (vcmp), un tema del que Latinoamérica lleva unos años hablando, pero que hace poco aterrizó en Colombia con enfoque académico y de género.
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Específicamente, el artículo 255 del Código Electoral es el que habla de la violencia que sufren las mujeres en política, por su condición de género y que puede manifestarse como violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica, o la suma de todas estas o entre ellas. Además de las categorizaciones que hace, también exhorta al Consejo Nacional Electoral y a los partidos y movimientos políticos a crear un protocolo de atención, protección y de reparación para casos que se presenten con enfoque de género.
Aunque el mundo político y electoral está a la espera de la declaración de exequibilidad que haga la Corte Constitucional al Código Electoral, hay entidades que se han adelantado a las tareas que él mismo trae para los próximos comicios. Por eso, varios partidos están resolviendo cómo cumplir con el principio de paridad en las listas de elección al Congreso y poco se han movido por diseñar los protocolos para enfrentar las violencias que afectarían a las mujeres que están o llegarán a la contienda electoral. Apenas el Partido Conservador, Liberal, Dignidad y Colombia Humana han avanzado en ese sentido.
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Pero para beneficio de las otras organizaciones políticas, la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó recientemente un protocolo marco para la prevención de la vcmp, que les servirá de modelo o referencia a los partidos y movimientos que tienen pendiente esta tarea, que será una obligación apenas se reconozca la constitucionalidad del Código Electoral También, dicha herramienta está a disposición del CNE, la autoridad llamada a hacer control y vigilancia en el proceso político y electoral. Debe ser, también, el faro para aquellas mujeres que no encuentren respuestas en sus colectividades.
“Este es un protocolo pensado bajo los principios de protección, prevención, sanción, reparación y no repetición. Como Colombia llegó tarde a este fenómeno, pues aprovechamos para tener en cuenta lo bueno y lo malo que se ha registrado en otros países como Bolivia. Y las lecciones aprendidas se ven reflejadas en el documento”, dijo Luisa Salazar, coordinadora del Observatorio de Género de la MOE.
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El protocolo no viene solo, es un documento que antes de plantear una solución al problema lo diagnostica y, especialmente, como lo recalca el texto y la misma Salazar, las víctimas están en el centro. Es decir, su atención se privilegia recomendando plazos para determinar la agresión o mala conducta y sancionarla, de 45 días precisamente en tiempos no electorales y tres meses en elecciones, buscando tener una decisión antes de la fecha de los comicios.
También se cuentan medidas como protección de la víctima, llamados de rechazo colectivos por parte de partidos y autoridad electoral, prohibición al victimario de acercarse a la víctima, unas reglas básicas para la presentación de pruebas que no termine por revictimizar a las mujeres, la divulgación de los derechos de las mujeres y los mecanismos de denuncia, fortalecimiento de las oficinas de género, la capacitación en este tema a quienes las componen y la firma de buena fe de los candidatos que manifiesten no estar condenados o sindicados por cualquier tipo de violencia de género, entre otros. En últimas, una justicia electoral con perspectiva de mujer.
“Son claves las medidas de reparación y no repetición, porque este tipo de violencia está muy vinculado a lo cultural. Y más que existan leyes, se requieren procesos serios de sensibilización al interior de los partidos y con la ciudadanía”, comentó Salazar, aludiendo a la recomendación que hacen a las colectividades de mantener los canales de denuncia abiertos para personas que militen en otras ideologías. Esto para dar un mensaje claro: la violencia contra las mujeres no puede tolerarse en ningún espectro político.
Además de resaltar dicho mensaje (el mensaje de cero tolerancia a la vcmp) en las organizaciones políticas, así como se entendió hace años que la violencia contra las mujeres no es un asunto de lo doméstico, sino también del Estado, la violencia contra las mujeres en política no puede solamente resolverse en esas instancias partidarias. Porque aquí toca un problema de fondo, que es la vulneración a los derechos de participación política de un grupo poblacional, que afectan directamente a la democracia representativa.
“A diferencia de la violencia de género en lo doméstico, en lo político afecta a las mujeres tanto en lo individual como en lo colectivo, y se perjudica la democracia y la participación política. Y por eso se hace necesario activar a la institucionalidad en estos temas y plantear una respuesta integral”, asegura Ana Paula Castro, consultora en estos temas.
Entender que el Estado también debe ser protector y garante de los derechos de las mujeres en la política es relativamente nuevo, porque la participación política de las mujeres antes de 2011, cuando se promulgó la Ley de Cuotas (la 1475), no superaba el 15 %. Y en ese entonces se aceptaba la violencia por el hecho de ser mujer en la política como un costo que se debía asumir, si las aspiraciones eran llegar al Congreso, la Asamblea o el Concejo, por poner un ejemplo.
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En ese sentido, las acciones afirmativas como las cuotas de género van de la mano con la intensificación de la violencia contra las mujeres en política y, por ende, se habla de que la conversación sobre este asunto en particular llegó tarde, porque Colombia, a diferencia de otros países de la región como Bolivia y Argentina, implementó una cuota hace diez años.
“La violencia contra las mujeres en política es un efecto no deseado de la participación política de las mujeres, en la medida en que a más mujeres en escenarios políticos, mayores son las resistencias por parte de aquellos que se niegan a redistribuir de manera equitativa y paritaria. Esta violencia afecta la consolidación de la democracia en el país, pues impide el goce efectivo de los derechos electorales y políticos de las mujeres colombianas y, a su vez, limita la inclusión de sus necesidades, intereses y propuestas en la agenda política actual”, apuntó Ángela Rodríguez, directora del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, organización que desde 2016 viene documento la vcmp en el país. Estas repercusiones, insiste Ana Paula Castro, son discriminación. “Y cuando se presentan estos casos, el Estado debe actuar porque debe atacar cualquier tipo de discriminación”, dijo.
Mientras que para Luisa Salazar una solución a esto es que las mujeres sigan ocupando los espacios de poder y visibilizando las violencias para que estas, eventualmente, se dejen de naturalizar, para Rodríguez esa no es la solución, sino que bien sea que las mujeres sean muchas o no en cargos de representación, hay que apostarle a la desnaturalización del fenómeno. Enfoques de protocolo como los que propone la MOE, de entrada, resaltan el problema que tiene más manifestaciones complejas que una agresión física y buscan, primordialmente, tramitar los reclamos de las mujeres con relación a las barreras y agresiones que reciben que no buscan más que desestimular su conquista del poder público y político por el hecho de ser mujeres. “Sí a la crítica, sí al escrutinio, pero con un límite: que no violente a las mujeres en política por su condición de género”, concluyó Salazar.