"Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez por patrocinio y financiación de genocidas", señaló el presidente colombiano.
Según el mandatario nacional, el presidente de Venezuela ha venido desde hace algún tiempo ayudando a las Farc financieramente, para que este grupo guerrillero lleve a cabo crímenes de lesa humanidad.
“Nosotros no necesitamos que simplemente nos den palmaditas en el hombro por expresarnos el pésame por nuestros muertos, mientras están refugiando a los verdugos de Colombia”, dijo Uribe, quien agregó que el país lo que necesita es solidaridad activa contra el terrorismo.
El mandatario aseguró que esta decisión es producto de la preocupación del Gobierno Nacional de que tras la “ayuda humanitaria” habría una “complicidad contra el terrorismo de las Farc” y se incurriría en “dar albergue y apoyo a terroristas”.
Uribe aseveró que “en esta hora de dificultades, los compatriotas firmes contra el terrorismo y sus patrocinadores para que Colombia se sacuda de una vez por todas esta pesadilla del terrorismo”.
El Presidente colombiano dijo que tenía pruebas contundentes contra el gobierno venezolano, pero que las mismas las daría a conocer a su debido tiempo.
Tales pruebas las habría hallado en los computadores que le fueron encontrados al segundo líder de las Farc, 'Raul Reyes', durante el operativo que finalizó con la muerte de éste y en los cuales se destacó las correspondencias entre jefes de las Farc y Chávez, así como con delegados del gobierno de Ecuador.
A estas presuntas pruebas, Uribe agregó que le preocupa que al presidente Chávez, durante su mediación por el acuerdo humanitario, el Gobierno le entregó información sobre campamentos subversivos cerca de la frontera con Venezuela, donde se refugiaba el miembro del secretariado de las Farc Iván Márquez.
Este es el primer anuncio que hace el presidente Uribe desde que se rompieron las relaciones con los vecinos países de Ecuador y Venezuela, pues de dar información a la opinión pública se habían encargado hasta entonces, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y el Canciller, Fernando Araújo, entre otros. El presidente no dijo si Colombia emprendería una acción similar contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Luego de que el mandatario nacional rompiera con el silencio para dar tal anuncio, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo, dijo que este no es un camino fácil y que por el contrario “será tortuoso”, pues en primer lugar habría que contar con el respaldo del Fiscal de la Corte Penal Internacional, una tarea nada fácil, y en segundo lugar, el proceso podría resultar demasiado largo.
Uribe reiteró que “nosotros jamás hemos sido belicistas, por eso no movilizamos tropas y nuestra única determinación estatal es contra el terrorismo y nuestro único interés es derrotarlo militar y jurídicamente”.
Insistió en que la demanda contra Chávez ante ese tribunal internacional se debe a que “no podemos admitir que país o gobierno alguno se solidarice y ayude al terrorismo; no podemos aceptar que se violen las resoluciones de la ONU”.
El mandatario nuevamente habló sobre su propuesta de modificar la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz, “para hacer una aplicación masiva a guerrilleros de las Farc” que actualmente permanece presos en las cárceles del país y que quieran acogerse a este beneficio jurídico.
En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que está dispuesto a realizar una nueva liberación masiva de subversivos, “como un nuevo gesto unilateral, que hace parte de la “búsqueda constante de la liberación de todos los secuestrados y que no desmayaremos hasta que todos estén libres”.
Ocampo, especialista en temas de la corte de la Haya advirtió que “a la Corte Penal Internacional no se llega tan fácilmente, tiene que ser fundamentado ante el Fiscal General de la Corte, y es el Fiscal el que termina decidiendo para presentar una caso”.
En algunos de los documentos encontrados a Reyes, según la policía, recuerdan que dieron 100 millones de pesos a Chávez cuándo estuvo preso en 1992, tras un frustrado un golpe de estado, así como se menciona un supuesto financiamiento de 300 millones de dólares del presidente venezolano a las Farc.
Aunque las autoridades no han dado detalles de esas operaciones, o si se concretaron según los documentos, sostienen que son una prueba contundente de las relaciones de Venezuela con el grupo guerrillero.
Por El Espectador
