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11 May 2022 - 1:26 a. m.

Uribe denunciará a comisionado de la Verdad por señalamientos de falsos positivos

Alejandro Valencia, uno de los comisionados de la entidad que dirige Francis De Roux, dijo en un evento que durante la administración de Álvaro Uribe las ejecuciones extrajudiciales fueron una política de gobierno.
Uribe siempre ha criticado la labor del Sistema de Paz, nacido tras el Acuerdo.
Uribe siempre ha criticado la labor del Sistema de Paz, nacido tras el Acuerdo.
Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Durante un evento de la Comisión de la Verdad con las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) en Soacha, Alejandro Valencia, uno de los comisionados, comentó que los llamados falsos positivos fueron “parte de una política de gobierno” durante la administración de Álvaro Uribe. El expresidente, al conocer de tales afirmaciones, anunció que demandará por injuria y calumnia a Valencia y aprovechó, una vez más, para señalar que la entidad nacida tras el Acuerdo de Paz, a su juicio, está parcializada.

“Dijo Alejandro Valencia, integrante de esa comisión, que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos fueron incentivados desde el gobierno. La única base de esta afirmación es el sesgo de la comisión, como lo admitió en su denuncia el mayor Carlos Ospina (excomisionado procedente de la Fuerza Pública) (…) Veo que me corresponderá proceder judicialmente contra Alejandro Valencia, que aparece como el comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra mi gobierno”, dijo Uribe en un video que compartió en su cuenta de Twitter.

Agregó al anuncio su percepción sobre la Comisión, que para él no es la entidad de la verdad, sino de la mentira. “Pidió la Comisión ampliación de la fecha de trabajo y me expresó el padre De Roux que era necesario para no interrumpir las elecciones, sin embargo, las declaraciones irresponsables de Alejandro Valencia no tienen más interés que apoyar al candidato Petro. He rechazado la legitimidad de la Comisión, creada con el desconocimiento del grupo del no del plebiscito”.

Siguió diciendo que, pese a la ilegitimidad que reconoce de la Comisión, recibió al padre Francisco De Roux, su presidente, y a otros dos comisionados para contar su verdad. Sobre este encuentro comentó: “en reunión pública me referí a 63 puntos de mi gobierno en materia de transparencia, que además están contenidos en un documento público, pero nada valió, el sesgo y la rabia fueron evidentes como denuncia el mayor Ospina, de aquella reunión se quedaron sin publicar, por solicitud del padre De Roux, mi respuesta a dos preguntas miserables, que se relacionaban con Pablo Escobar y el grupo criminal los Pepes. Los comisionados llegaron a mi casa movidos por oenegés cercanas a Farc”.

Para contexto: Tenso e histórico: así fue el testimonio de Uribe en la Comisión de la Verdad.

El encuentro entre Uribe y la Comisión de la Verdad, en agosto del año pasado, fue tenso, sin embargo, fue un paso histórico para escuchar al expresidente durante la construcción de verdad y reconciliación, tras la firma del Acuerdo de Paz, siendo él el principal detractor de la firma de los textos de La Habana.

Hace unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia con exjefes militares que no negaron los falsos positivos y reconocieron su responsabilidad sobre los hechos. La JEP señaló que entre 2002 y 2008 se presentaron 6.402 casos de muertes extrajudiciales.

Tras las declaraciones del exmandatario, Alejandra Miller, comisionada en temas de género dela Comisión de la Verdad, respondió a Uribe asegurando que “lo dicho hoy por Alejandro Valencia sobre las ejecuciones extrajudiciales, es el resultado de un riguroso proceso de investigación de la Comisión de la Verdad. No es participación en política, no es intervención electoral. Es un derecho de las víctimas a conocer la verdad”.

Las declaraciones que entregó Valencia hace unos días, sostenían que “los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”.

De la misma manera, señaló que las víctimas de estas prácticas de “fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados”.

Más: ¿Qué pasó en la audiencia de reconocimiento de la JEP por ‘falsos positivos’?

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