Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Dos declaraciones del presidente Álvaro Uribe esta semana, prácticamente le cerraron las puertas a la posibilidad de un acuerdo humanitario que permita traer a la libertad a los secuestrados de las Farc. El primer puntillazo al proceso por el que claman los seres queridos de los rehenes se dio el pasado jueves, cuando el mandatario descartó a los guerrilleros alias Sonia y Simón Trinidad, extraditados a Estados Unidos, como parte de un convenio con el grupo subversivo. El portazo definitivo ocurrió este viernes con la orden de Uribe de intensificar los operativos militares de rescate de los cautivos en selvas y montañas, hecho que fue rechazado por sus familiares y algunos activistas que trabajan en pro del intercambio.
El Presidente, que hacía dos días había dicho que la única posición del Gobierno frente a la propuesta de acuerdo humanitario, presentada por el grupo Colombianos por la Paz, era que “la guerrilla libere a todos los secuestrados unilateralmente”, anunció que dio instrucciones al Ejército y a la Policía de “una presión permanente sobre los secuestradores hasta que los liberen. Quiero decirles a los colombianos que a partir de hoy intensificaremos la presión sobre las Farc hasta que entreguen a nuestros soldados y policías”.
Las palabras del Jefe de Estado se sumaron a las del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien esta semana se refirió a la masacre cometida por las Farc contra un grupo de indígenas awás: “Bombas terroristas y ataques contra la población civil demuestran la debilidad y cobardía de la guerrilla, por eso la orden a todas las Fuerzas es arreciar su ofensiva contra las Farc, los señores comandantes lo saben perfectamente, eso es lo que estamos haciendo”.
Los primeros en reaccionar al anuncio del Primer Mandatario fueron los parientes de los cautivos, quienes tan pronto se enteraron del pronunciamiento empezaron a comunicarse con la senadora Piedad Córdoba, líder del colectivo que mantiene un diálogo epistolar público con la guerrilla, a través del cual fueron liberados hace casi 15 días seis secuestrados. “Un rescate a sangre y fuego es lo mismo que sentenciarlos a muerte”, le dijo a El Espectador Olga Valderrama, la madre del cabo primero del Ejército Salín Antonio Sanmiguel, plagiado el 23 de mayo de 2008.
En igual sentido se pronunció la esposa del general de la Policía Luis Herlindo Mendieta —secuestrado hace 10 años y tres meses, María Teresa de Mendieta, quien le pidió al Gobierno que no intente un rescate por la vía militar, porque “nadie garantiza que vaya a ser exitoso”.
Estas familias se acompañaron ayer de las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, padre Rubén Darío Salazar, declarado defensor del diálogo como única salida al conflicto: “Es fundamental que en Colombia aprendamos que los conflictos se solucionan sentándonos. El clamor del pueblo, de Colombia, es que se libere a los secuestrados cuanto antes, porque es un aspecto muy sensible de lo que estamos viviendo”.
Mientras tanto, los miembros de Colombianos por la Paz acordaron no dar declaraciones al respecto “para no entrar en polémicas con el Gobierno”, como explicó el vocero del Movimiento de Víctimas de Estado, Iván Cepeda. “Nuestro norte es el acuerdo humanitario. Vamos a concentrarnos en hacer lo que podamos para estimular las condiciones que permitan que se dé este proceso. Por encima de todo está la vida de las personas cautivas”.
Por El Espectador
