“Utilizar reservas de EPS puede poner en riesgo la sostenibilidad futura”: viceprocurador

Cortés reveló que la Procuraduría ya ha solicitado la intervención de hospitales como el de Amazonas. / Archivo

¿Cómo ha sido la labor de la Procuraduría frente a la pandemia?

Ha sido un trabajo intenso y comprometido, a través de los equipos, tanto a nivel nacional como territorial. La pandemia nos ha desnudado fortalezas y debilidades de país, en cuanto a nuestra institucionalidad, pero también en la solidaridad de la gente, o el valor y compromiso de los médicos, que sin armadura han estado en la primera línea de batalla.

Habla de debilidades, ¿cómo cuáles?

Las que trae el propio sistema de salud y de seguridad social. Son muchas las falencias que tenemos y por eso la Procuraduría viene trabajando en varias líneas. Lo primero, haciendo vigilancia y acompañamiento al proceso de blindaje y fortalecimiento del sistema, de cara a reaccionar ante los contagios y en la atención a los afectados por el coronavirus.

En contexto: ¿Le llegó la hora cero a la Ley 100 por el coronavirus?

Estamos atentos a la realización de pruebas, evidenciamos debilidades en el embalaje, demoras en el tratamiento inicial, o lo que pasó con las máquinas en el Instituto Nacional de Salud. Igualmente hemos hecho requerimientos al Gobierno nacional para exigir el fortalecimiento de la red hospitalaria, particularmente de las unidades de cuidado intensivo (UCI) y que haya más respiradores, así como hemos pedido a la Comisión Nacional de Salud el control de los medicamentos, para evitar el acaparamiento.

Un riesgo evidente, ya con investigaciones en curso, es el de la corrupción con los recursos para la atención de la pandemia…

Abordamos también una línea de trabajo con las empresas sociales del Estado, para denunciar y prevenir actos de corrupción. Por ejemplo, iniciamos investigación e hicimos la solicitud de suspensión de un contrato para la publicación de un libro en el hospital de Cúcuta; se solicitó la intervención en el hospital del Amazonas, el acompañamiento en el de Quibdó y el seguimiento a las Empresas Sociales del Estado (ESE), que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Le hemos pedido al Gobierno que se entreguen recursos, que haya flujo de plata a la red hospitalaria y, en general, a los operadores de salud, porque la deuda supera los $6 billones. Mientras no haya flujo de recursos, las ESE y la red privada no podrán operar.

Pese a tantos anuncios, siguen los reclamos de los profesionales de la salud, ¿qué hacer ahí?

La protección y la defensa de los médicos y el personal asistencial son fundamentales. Más de 400 profesionales de la salud están contagiados con el COVID-19 y eso nos ha hecho tomar diversas acciones, como solicitar la adopción de una prima especial de riesgo, una bonificación económica para los que están en la primera línea de combate. Otro punto es exigir que se les den los elementos de bioseguridad, responsabilidad de los empleadores y de las ARL.

A eso le estamos haciendo seguimiento y alertando sobre qué es lo que se les está entregando a los médicos en el país. Y estamos luchando para prevenir las reacciones en contra de los médicos; en los últimos días ocurrió algo en una entidad bancaria y le hemos pedido a la Superintendencia Financiera que se investigue a esa entidad y se adopten prácticas de capacitación e intervención para que esto no vuelva a ocurrir. Por último, hemos formulado denuncias penales por amenazas a médicos e implementamos una campaña de sensibilización en su favor.

Hay quienes hablan de reformas...

Veo la necesidad de revisar estructuralmente el sistema de seguridad social y el de salud; fortalecer componentes como el de la protección al cesante —los subsidios al desempleo—, que son mecanismos que los Estados adoptan para enfrentar situaciones de crisis como esta. Ya son 102.000 solicitudes acogidas por las cajas de compensación familiar y se han pagado quizá la mitad de ellas.

Se han desnudado unas debilidades históricas que hay que entrar a revisar, superar y deliberar, entre ellas, una arquitectura institucional muy compleja, con muchos actores, de muchos pasos, muchos peajes que terminan afectando a los usuarios, al servicio y a los profesionales. Hay mucha intermediación que ha llevado a una acumulación de cartera enorme: son más de $6 billones, al punto que ha tocado, en las medidas de emergencia, recurrir a las reservas de las EPS.

¿Y qué trae como consecuencia acudir a esas reservas?

Es una medida que puede poner en riesgo la sostenibilidad futura del sistema, por eso se debe poner sobre la mesa el tema de la arquitectura y la simplificación de trámites, de la garantía efectiva, para que los ciudadanos puedan acceder al servicio y, algo fundamental, el fortalecimiento de la red y de las instituciones. Un sistema de salud se mide por la capacidad que tiene de montar instituciones, clínicas médicas y de atención, y nosotros debemos responder a ello. No puede ser que por la pandemia se haya tenido que comprar de afán respiradores y avanzar en la implementación acelerada de UCI.

¿Sigue entonces el Gobierno sin ponerse al día con la red hospitalaria?

Se han expedido normas y han avanzado; sin embargo, hemos evidenciado que el flujo de recursos obedece más al giro ordinario, desde la misma Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), a partir de las normas del Acuerdo de Punto Final; pero se hace necesaria una inyección adicional a la red pública. Cerca de $900.000 millones se adeudan a los hospitales universitarios, que son los que tienen los centros de atención de mayor complejidad en las regiones.

Esa deuda hay que pagarla de inmediato. Nos parece que el ritmo no es el necesario y, en la medida de la compra de cartera, creemos que hay que meterle el acelerador a este tema para que haya un flujo de recursos efectivos.

¿Cómo está la entrega de material para la protección de los médicos?

No en la proporción necesaria. Estamos terminando una validación de lo que les han entregado las ARL, pues hasta la semana anterior habían sido algo así como 1’800.000 elementos, entre tapabocas, caretas y otros que facilitan la respiración y el blindaje.

¿Colombia va bien en cuanto al número de pruebas?

Hemos avanzado por la puesta en operación a nivel regional de otros centros complementarios al Instituto Nacional de Salud. Eso ha facilitado el acercamiento, el transporte y la agilidad en el trámite de las mismas, aunque hay dificultades en relación con la suficiencia de los reactivos que permitan la extracción en las pruebas para los resultados. Hoy el llamado es a incrementar ese número de pruebas.