Valledupar, la joya del poder político costeño

Valledupar es la joya de la corona vallenata. No solo es la capital del departamento, sino también el centro económico, cultural y político de la región. El Festival de la Leyenda Vallenata es tal vez la cumbre política más importante de la región Caribe. Tiene 460.000 habitantes y es receptor no solo de los recursos producidos por la poderosa industria ganadera, agroindustrial y carbonera, sino que a la vez atrae los problemas de una región fronteriza con Venezuela, donde las fuerzas de la ilegalidad clavan sus intereses y se disputan su control. Para las elecciones del próximo 27 de octubre siete candidatos a la Alcaldía luchan por el apoyo de su gente.

En contexto: La trastienda electoral en clave vallenata: la lucha por el poder en la tierra de los Gnecco

El más opcionado para hacerse con el cargo es Ernesto Orozco, exdirector de Comfacesar, que se presenta como el heredero del legado del actual alcalde: Tuto Uhía. “Es la ficha del representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien se ha convertido en el ‘principito’ de la política vallenata. Poderoso a más, socio de los Gnecco, sobreviviente de todos los escándalos: la parapolítica, el cartel de la toga y hasta Odebrecht. Un hombre con una sombra grande”, aseguró un conocedor de la política cesarense.

A pesar del apoyo que Orozco ha recibido de la estructura del conservatismo de Ape Cuello, el liberalismo, el uribismo y hasta de Cambio Radical, se inscribió por un grupo significativo de ciudadanos y aportó 170.000 firmas. Sobre él también recaen señalamientos por manejos irregulares durante los casi catorce años que manejó la caja de compensación más grande del departamento. Entre los hechos que se le endilgan, además de corrupción y contratación sin el cumplimiento de requisitos, existen pesquisas sobre contratos otorgados al paramilitarismo. La investigación está en manos de las autoridades y hasta el momento no existen condenas contra el posible sucesor de Uhía en el Palacio de Valledupar.

El candidato que le está dando la pelea a Orozco es el joven exconcejal José Santos Castro, más conocido como el Mello Castro. Tiene 34 años y pertenece a una de las familias más tradicionales del poder vallenato. Es nieto del patriarca Pepe Castro, una casa política que también se ha visto asociada al paramilitarismo; fue avalado por el Partido de la U, el mismo por el que aspira Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien seguramente será el gobernador, pero esto no implica el respaldo de los Gnecco que, como están las cosas en la Alcaldía, ganan con cara y con sello.

Lo cierto es que el Mello Castro ha montado una campaña sobre la impopularidad de la actual administración, a la que responsabiliza no solo del deterioro social y de la inseguridad, sino también de haber desarrollado un complejo entramado de corrupción sobre los nombres de un grupo de contratistas. “Mire no más en lo que convirtió la plaza Alfonso López, en un tobogán por el que resbalaron miles de millones de la ciudad al bolsillo de los amigos del alcalde. Eso lo vería hasta Leandro Díaz si estuviera vivo”, señaló un taxista indignado porque el suelo de la plaza fue cambiado por mármol que, cuando llueve, se vuelve una especie de pista de patinaje.

Otro aspirante es Fredys Miguel Socarrás, un médico cirujano que ha sido diputado en más de una ocasión, exalcalde y hasta viceministro de Trabajo en la era Santos. Es visto como independiente, aunque cercano a la Alianza Verde por vía del senador Antonio Sanguino. Socarrás también tuvo sus problemas en el pasado y no tan lejano: fue acusado por presunto detrimento patrimonial en la adquisición de unos lotes durante su administración. detenido, en enero de este año quedó en libertad y la investigación continúa en curso.

Los otros cuatro candidatos participan sin posibilidad de ganar y aspiran, por lo menos, a vender caro su apoyo a una de las tres campañas que pujan por el poder. Más allá de las encuestas y las especulaciones políticas, lo cierto es que la realidad de Valledupar es dramática. Es la segunda ciudad con mayor desempleo del país, con una tasa del 16,7 %, cuando el índice nacional es del 10 %; la informalidad laboral, según el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Urón, es del 70 %; una ciudad donde, a pesar de no tener 500.000 habitantes, hay 140.000 motos; las cifras del DANE ubicaron a la capital del Cesar como la cuarta con mayores índices de pobreza, con una tasa del 34,4 % (aumentó un dígito con respecto al 2017).

En materia de seguridad el panorama no es mejor. Las cifras reportadas, hasta el 19 de agosto, dan cuenta de 55 homicidios comunes, diez más que los ocurridos en 2018; es decir, un incremento del 22 %. Con el agravante de que varios de los crímenes cometidos han golpeado a la sociedad vallenata. Es el caso de los atentados contra el excongresista Álvaro Morón y el ganadero Celso Chechito Castro Gnecco, o el asesinato del médico Alberto el Tico Aroca, por mencionar solo algunos casos.

La situación impulsó al presidente, Iván Duque, a realizar un Consejo de Seguridad el pasado 22 de agosto. Las autoridades trabajan sobre dos hipótesis para explicar el aumento de la inseguridad. La primera, la presunta existencia de una banda residual del paramilitarismo denominada La Silla, la cual al parecer se ha extendido desde Magdalena y cuyo líder sería Elkin Javier López Torres, quien sufre algún tipo de limitación para caminar y usa una silla de ruedas.

De ahí vendría el nombre de la banda. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido probar los vínculos de López Torres con la criminalidad, al punto que se desplaza libremente por la ciudad fuertemente escoltado. Sobre las sindicaciones de pertenencia al grupo delincuencial, su abogado, Álex Fernández Harding, sostiene que es “un empresario de la construcción y la ganadería, oriundo de Santa Marta y radicado en la actualidad en Valledupar”.

La segunda hipótesis sobre el aumento de la criminalidad apunta al regreso de los paramilitares que fueron extraditados. Incluso, en la ciudad se rumora que varios de estos asesinatos se deben a que Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Auc, está próximo a cumplir su pena y regresar a Valledupar y que algunos de sus testaferros, que no han querido devolverle sus bienes, estarían empezando a ser asesinados. Sobre esto, circulan hasta panfletos anónimos. Un escenario complejo al que se enfrentará quien gane la elección el 27 de octubre.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

Valledupar es la joya de la corona vallenata. No solo es la capital del departamento, sino también el centro económico, cultural y político de la región. El Festival de la Leyenda Vallenata es tal vez la cumbre política más importante de la región Caribe. Tiene 460.000 habitantes y es receptor no solo de los recursos producidos por la poderosa industria ganadera, agroindustrial y carbonera, sino que a la vez atrae los problemas de una región fronteriza con Venezuela, donde las fuerzas de la ilegalidad clavan sus intereses y se disputan su control. Para las elecciones del próximo 27 de octubre siete candidatos a la Alcaldía luchan por el apoyo de su gente.

En contexto: La trastienda electoral en clave vallenata: la lucha por el poder en la tierra de los Gnecco

El más opcionado para hacerse con el cargo es Ernesto Orozco, exdirector de Comfacesar, que se presenta como el heredero del legado del actual alcalde: Tuto Uhía. “Es la ficha del representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien se ha convertido en el ‘principito’ de la política vallenata. Poderoso a más, socio de los Gnecco, sobreviviente de todos los escándalos: la parapolítica, el cartel de la toga y hasta Odebrecht. Un hombre con una sombra grande”, aseguró un conocedor de la política cesarense.

A pesar del apoyo que Orozco ha recibido de la estructura del conservatismo de Ape Cuello, el liberalismo, el uribismo y hasta de Cambio Radical, se inscribió por un grupo significativo de ciudadanos y aportó 170.000 firmas. Sobre él también recaen señalamientos por manejos irregulares durante los casi catorce años que manejó la caja de compensación más grande del departamento. Entre los hechos que se le endilgan, además de corrupción y contratación sin el cumplimiento de requisitos, existen pesquisas sobre contratos otorgados al paramilitarismo. La investigación está en manos de las autoridades y hasta el momento no existen condenas contra el posible sucesor de Uhía en el Palacio de Valledupar.

El candidato que le está dando la pelea a Orozco es el joven exconcejal José Santos Castro, más conocido como el Mello Castro. Tiene 34 años y pertenece a una de las familias más tradicionales del poder vallenato. Es nieto del patriarca Pepe Castro, una casa política que también se ha visto asociada al paramilitarismo; fue avalado por el Partido de la U, el mismo por el que aspira Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien seguramente será el gobernador, pero esto no implica el respaldo de los Gnecco que, como están las cosas en la Alcaldía, ganan con cara y con sello.

Lo cierto es que el Mello Castro ha montado una campaña sobre la impopularidad de la actual administración, a la que responsabiliza no solo del deterioro social y de la inseguridad, sino también de haber desarrollado un complejo entramado de corrupción sobre los nombres de un grupo de contratistas. “Mire no más en lo que convirtió la plaza Alfonso López, en un tobogán por el que resbalaron miles de millones de la ciudad al bolsillo de los amigos del alcalde. Eso lo vería hasta Leandro Díaz si estuviera vivo”, señaló un taxista indignado porque el suelo de la plaza fue cambiado por mármol que, cuando llueve, se vuelve una especie de pista de patinaje.

Otro aspirante es Fredys Miguel Socarrás, un médico cirujano que ha sido diputado en más de una ocasión, exalcalde y hasta viceministro de Trabajo en la era Santos. Es visto como independiente, aunque cercano a la Alianza Verde por vía del senador Antonio Sanguino. Socarrás también tuvo sus problemas en el pasado y no tan lejano: fue acusado por presunto detrimento patrimonial en la adquisición de unos lotes durante su administración. detenido, en enero de este año quedó en libertad y la investigación continúa en curso.

Los otros cuatro candidatos participan sin posibilidad de ganar y aspiran, por lo menos, a vender caro su apoyo a una de las tres campañas que pujan por el poder. Más allá de las encuestas y las especulaciones políticas, lo cierto es que la realidad de Valledupar es dramática. Es la segunda ciudad con mayor desempleo del país, con una tasa del 16,7 %, cuando el índice nacional es del 10 %; la informalidad laboral, según el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Urón, es del 70 %; una ciudad donde, a pesar de no tener 500.000 habitantes, hay 140.000 motos; las cifras del DANE ubicaron a la capital del Cesar como la cuarta con mayores índices de pobreza, con una tasa del 34,4 % (aumentó un dígito con respecto al 2017).

En materia de seguridad el panorama no es mejor. Las cifras reportadas, hasta el 19 de agosto, dan cuenta de 55 homicidios comunes, diez más que los ocurridos en 2018; es decir, un incremento del 22 %. Con el agravante de que varios de los crímenes cometidos han golpeado a la sociedad vallenata. Es el caso de los atentados contra el excongresista Álvaro Morón y el ganadero Celso Chechito Castro Gnecco, o el asesinato del médico Alberto el Tico Aroca, por mencionar solo algunos casos.

La situación impulsó al presidente, Iván Duque, a realizar un Consejo de Seguridad el pasado 22 de agosto. Las autoridades trabajan sobre dos hipótesis para explicar el aumento de la inseguridad. La primera, la presunta existencia de una banda residual del paramilitarismo denominada La Silla, la cual al parecer se ha extendido desde Magdalena y cuyo líder sería Elkin Javier López Torres, quien sufre algún tipo de limitación para caminar y usa una silla de ruedas.

De ahí vendría el nombre de la banda. Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido probar los vínculos de López Torres con la criminalidad, al punto que se desplaza libremente por la ciudad fuertemente escoltado. Sobre las sindicaciones de pertenencia al grupo delincuencial, su abogado, Álex Fernández Harding, sostiene que es “un empresario de la construcción y la ganadería, oriundo de Santa Marta y radicado en la actualidad en Valledupar”.

La segunda hipótesis sobre el aumento de la criminalidad apunta al regreso de los paramilitares que fueron extraditados. Incluso, en la ciudad se rumora que varios de estos asesinatos se deben a que Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Auc, está próximo a cumplir su pena y regresar a Valledupar y que algunos de sus testaferros, que no han querido devolverle sus bienes, estarían empezando a ser asesinados. Sobre esto, circulan hasta panfletos anónimos. Un escenario complejo al que se enfrentará quien gane la elección el 27 de octubre.

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