“Vamos a apoyar la ley interpretativa para cerrarles el paso a los colados”: Miguel Ceballos

El pasado 15 de mayo, Duque convocó a funcionarios de alto nivel para evaluar la decisión de la JEP de garantizar la no extradición a "Jesús Santrich". / SIG

El miércoles no fue un buen día para el Gobierno. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tomaron decisiones que, si bien no son las que hubise querido el Ejecutivo, deberá acatar. La primera ordenó la libertad de “Jesús Santrich”. La segunda ratificó que el bloque "propaz" en el Congreso tenía  la razon y hundió de manera defintiiva las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Frente a este segundo fallo, que fue el último que se conoció en la noche de ayer, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, insistió que todavía hay mecanismos para reformar el tribunal transicional para que no haya ningún vacío para la impunidad, una de las tesis que el presidente Iván Duque planteó con motivo de las objeciones.

“Esas objeciones siguen un curso legal que impiden que se vuelvan a presentar. Eso no quiere decir que no haya otros caminos legales, que son las reformas legales y constitucionales, porque nadie ha demostrado que esas objeciones no eran conducentes, esos reparos son tan relevantes que mire lo que está pasando con el caso 'Santrich'”, dijo Ceballos a W Radio.

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En ese sentido, descartó, de nuevo, la constituyente que planteó en un momento el uribismo y explicó que las reformas a las que le apunta el Gobierno están encaminadas hacia los seis puntos objetados: extradición, facultad del comisionado para certificar la listas de los miembros de las Farc, reparación a las víctimas, la continuación para la práctica de pruebas por parte de la Fiscalía y terceros contribuyentes a la JEP.

Para el último punto, el de los terceros, el Gobierno apoyará la propuesta del senador liberal, Luis Fernando Velasco, de una ley interpretativa para mayor claridad. "Esta le cierra la puerta a esas personas que pretendían beneficiarse de ese hueco para evadir la extradición", comentó.

Ceballos insiste que en el Congreso no se debatieron los reparos porque ambas cámaras votaron en bloque, sin dar espacio a discutir y analizar lo que propuso el presidente. Por eso, para él, “hay condiciones y eso es lo importante en el esquema de la democracia para reforzar la institucionalidad”.

Así mismo, aprovechó para desestimar todos los comentarios que, una vez se hicieron las objeciones, apuntaron a que el presidente objetó la ley estatutaria por constitucionalidad y no por conveniencia, como así lo defiende el Gobierno. “Las objeciones se presentaron en el ejercicio de un derecho constitucional y ayer la Corte Constitucional, con su decisión, confirma ese derecho porque no dijo nada en su fallo con respecto a ese tema. Eso es importante porque despeja muchos dudas”, complementó.

Sobre este tema, afirmó que, para él, no hubo ningún desgaste político, como lo está haciendo ver la oposición. “Las objeciones responden a una posición clara de principios que defiende el presidente, eso puede generar un desgaste político frente a unos, pero frente a otros no. Si Duque no hubiera presentado estos reparos, no se conocerían los riesgos jurídicos que hay”, postuló el comisionado.

En segundo lugar, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la liberación de “Santrich”, tras la ratificación de su fuero parlamentario que hizo el Consejo de Estado, Ceballos no considera que hay una “crisis institucional” como lo plantean algunos de los miembros del Centro Democrático, pero sí prevee que podría existir un debilitamiento de la extradición.

Según explica, lo sucedido en los pasados días no cierra el proceso contra “Santrich”. “Lo único que ha habido es un cambio de la competencia que lo seguirá investigando de aquí en adelante (...) La estructura jurídica se está respetando, tiene sus caminos, sus términos y, tarde que temprano, el señor “Santrich” llegará a la Corte Suprema, bien sea por la apelación a la decisión de la JEP o por el proceso de investigación”, dijo, tambén, en entrevista con W Radio.

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Con esa premisa, tanto el comisionado para la Paz como el Gobierno comparten la petición que hizo la Procuraduría de capturar al exlíder guerrillero para que rinda indagatoria y su defensa pueda controvertir las pruebas vigentes. “El señor tiene una responsabilidad política mayor que es hacer presencia frente al proceso que continúa”, aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en micrófonos de Blu que lo que hubo sobre el fuero del no posesionado “Santrich” es un cambio de la jurisprudencia. “Aquí lo que estamos viendo es una situación jurídica caótica, hay pronunciamientos en distinta dirección. El Consejo de Estado ha dicho que se es congresista cuando se toma posesión del cargo, es un acto jurídico complejo. Pero esa jurisprudencia se ha cambiado y ayer la Corte Suprema adopta la nueva jurisprudencia y ordena su libertad”, explicó Ramírez. Eso sí, advirtió que, aunque no comparten esta última decisión, estarán muy pendientes de que “Santrich” no evada la justicia y, mucho menos, salga del país.

Bajo su lógica, la división entre los amigos y enemigos de la paz está ahora sobre quienes “rechazamos el narcotráfico y los que en aras de la paz tienen una actitud complaciente con los narcotraficantes”. E insiste que en el auto de la Corte queda en evidencia que los delitos de narcotráfico, por los cuales es sindicado “Santrich”, sucedieron luego de la firma del acuerdo y, por ende, el exlíder guerrillero debe de perder todos los beneficios del pacto.

Lo que pide el Gobierno, dice, es una paz completa y sin impunidad, y por eso mismo, explica, el presidente Duque ha tomado una serie de decisiones para garantizar esto, conforme a los resultados del plebiscito y a sus postulados de campaña presidencial.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien lideró la firma con las Farc, aseguró en entrevista con CNN que él no tiene ningún problema si las cortes determinan extraditar a "Santrich" porque comprobaron que delinquió luego de la suscripción de los Acuerdos de La Habana. Por otro lado, dice, también, que respeta si la justicia resuelve que el exlíder guerrillero debe permanecer en el país para contribuir en el proceso de esclarecimiento de la verdad. 

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