Viaje por el Pacífico caucano: Guapi e Iscuandé, dos caras de la misma moneda

Un día después de la fiesta de la Virgen de Fátima, el puerto de Timbiquí ya no lucía adornado de blanco y azul, ni tampoco estaba concurrido por la multitud de niños que entonaban arrullos y alabanzas. Ahora, un trío de timbiqueños guitarreaban muertos de la risa y tomando viche. “A Tumaco lo quemaron a la una y a las dos”, cantaban los tres borrachos. Timbiquí y Guapi son pueblos hermanos, parecidos en sus calles e idénticos en su alma. Sufren casi los mismos problemas. De un puerto al otro no se gasta más de dos horas y la ruta implica regresar al mar para después remontar el río Guapi, el cual es una de las arterias de comunicación entre Cauca y Nariño.

Ese 7 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, había citado a las principales entidades del Estado para abordar la grave crisis humanitaria de esta región del Pacífico pero, como siempre, fueron muy pocas las entidades que cumplieron. Por eso, Negret se negó a permitir el ingreso de los funcionarios de segundo nivel de 19 entidades del nivel central que mandaron a un representante cualquiera. “El Estado ve al Pacífico como su patio trasero, como el cuarto de San Alejo al que mandan los chécheres. Lo que pasó hoy es lo de siempre: el constante desplante a la gente negra, con funcionarios de tercer nivel para gente de tercera, pensarán”, expresó, indignado, Richard Moreno, procurador para asuntos étnicos.

Los ministros de Agricultura, Defensa o Interior se excusaron ante delegados de entidades regionales y municipales, representantes de organizaciones sociales y dirigentes de distintos gremios que no dudaron en asistir al evento. Desde el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, hasta los líderes de los consejos comunitarios y los principales resguardos indígenas de la región. En términos generales, la conclusión de la audiencia fue que, tras la desmovilización de las Farc, se dispararon los crímenes en los municipios y zonas que controló la guerrilla. La principal preocupación es el aumento de la presencia de cultivos ilícitos y grupos aliados al narcotráfico, así como el desmedido incremento en el número de asesinatos de líderes sociales en todo el departamento.

“El Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de crímenes de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Como lo revelan las cifras recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018, se produjo un total de 83 homicidios, de los cuales fueron víctimas líderes y defensores de derechos humanos”, registró el Ministerio Público. Incluso, hasta el 22 de agosto de 2018, el departamento había puesto 12 líderes asesinados y desde 2016 ya la cifra pasa de los 83 dirigentes sociales acribillados.

Al respecto, el gobernador Óscar Rodrigo Campo es enfático en que su departamento vive una fuerte crisis humanitaria derivada del posconflicto. “Es importante tener claro que los dos grandes males que tiene hoy el Cauca tienen que ver con los cultivos ilícitos y la minería ilegal. En esto el Pacífico tiene una relevancia enorme. Los ríos son los puntos de salida de todo lo que se procesa en clorhidrato de cocaína en la Cordillera Occidental, sobre todo, que tiene como destino el mar Pacífico a través de ríos como el Naya y el Micay. Esto involucra a la población en términos de que hay una fuerte presencia de actores armados al servicio del narcotráfico, que intimidan y generan condiciones de sometimiento en varias zonas”, explica el mandatario.

El otro elemento que resulta preocupante para Campo es la minería ilegal: “Hoy vemos cómo Timbiquí es el municipio con mayor presencia de maquinaria pesada para esta actividad. En esto debemos tener varios puntos de vista. La pobreza es el caldo de cultivo para que estas actividades ilegales hayan proliferado en Guapi, Timbiquí y López de Micay. Vemos que el Estado, a pesar de que ha impulsado importantes esfuerzos, como la interconexión eléctrica o algunos proyectos productivos, sigue siendo deficiente. Esto conlleva a una falta de soberanía para que grupos al margen de la ley hagan control del territorio. La confrontación que se da entre grupos armados intimida a la población y lo vemos cuando las disidencias se enfrentan con el Eln u otro tipo de actores, en la lucha por el control del territorio y las economías ilegales”.

Del Pacífico caucano al nariñense

El río Guapi desemboca en el mar, justo en la frontera entre Cauca y Nariño. A partir de ese punto se siente con mucha fuerza la presencia del llamado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las Farc comandada por el tristemente célebre Walter Arizala, alias Guacho. Los esteros existentes entre Guapi y Tumaco son su reino. Las casas apostadas a la vera de los manglares son vigiladas y controladas por sus hombres. En menos de dos años, desde que la guerrilla hizo tránsito a movimiento político, Guacho se ha convertido en rey y señor de estas aguas. Controla la minería y el narcotráfico a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador, teniendo como base Tumaco.

El primer municipio de la costa Pacífica nariñense es Santa Bárbara de Iscuandé. Un pueblo de poco más de 16.000 habitantes, de los cuales casi 3.000 viven en el casco urbano. Lleva no más de dos meses de recibir la interconexión eléctrica, la pobreza es más que evidente y sus autoridades piden a gritos auxilio de los gobiernos departamental y nacional. Conmueve el alma escuchar a Alfredo Oliveros Montaño, coordinador del principal colegio del municipio, quien llora amargamente al contar que los profesores le renuncian para ser trasladados a otros municipios porque constantemente son amenazados.

“Faltando dos meses para terminar un año de clases, nos retiran una docente que venía atendiendo el grado cuarto de primaria, la trasladan a otro lugar porque ella se declara amenazada, pero no la reemplazan. Yo me pregunto qué va a pasar con todos esos niños que ya transitaron un año escolar y van a perder por falta de profesor”, narra el maestro de sesenta años, no sin antes advertir que también está aumentando la deserción escolar porque volvieron los armados —en forma de paramilitares, disidencias o Eln— y están reclutando a los muchachos para ser combatientes, informantes y correos humanos de droga.

Pero aquí, como en casi todo el Pacífico, nadie quiere señalar a nadie. Todos saben que su vida no vale ni el tiro con el que lo mandan a la tumba. Es un pueblo que transpira miedo a pesar del cambio de vida que le significó la llegada al siglo XXI con la interconexión eléctrica. Por eso, nadie se atreve a firmar lo que dice. “La costa Pacífica ha sido el remanso de todos los conflictos y es claro que el germen es el descuido del Estado para con estos territorios. La zozobra hoy es la aparición de nuevos grupos en toda la zona. Son invisibles, pero están causando el caos. El posconflicto aquí no llegó, solo cambió la forma de la guerra. Antes veíamos grandes grupos enfrentados a la Fuerza Pública, ahora eso no pasa, lo que nos está ocurriendo, que nunca había pasado, es que se están dando asesinatos selectivos, el vandalismo que se está viviendo es terrible”, precisó un iscuandeño.

“Recién las Farc entregaron las armas llegó la Fuerza Pública a toda la costa Pacífica, pero eso duró dos o tres meses. El posconflicto duró tres meses. Voy a ser claro: extrañamos mucho a las Farc. La guerrilla, si bien hacía daño, también ejercía un control que nos permitía convivir. Cuando ellos estaban nadie podía robar al vecino, ni violar mujeres, ni matar porque sí. Desde que se fueron empezaron a surgir pequeños grupos, sin reglas ni ideología, cuyo único móvil es el narcotráfico, el contrabando y la extorsión. Y en esta falta de oportunidades, nadie se va a dejar morir de hambre, por eso la gente trabaja en lo que hay, y ahora lo que hay es oro y coca. Pero la minería reemplazó la coca, con un solo defecto y es que esta se acaba. Y para empeorar, los dueños de las retros son de afuera, de otros lugares”, añadió.

Hoy, en el mal llamado posconflicto, la costa Pacífica, desde Chocó hasta Tumaco, vive las mismas dolencias. La paz no duró más de tres meses, luego vinieron nuevos grupos a atropellar a sus pobladores y las economías ilegales se salieron del relativo control que la exguerrilla mantenía. Los fusiles se pusieron al servicio del narcotráfico, la minería se convirtió en la vacaloca que está acabando con la pesca, los ríos y la cultura pacífica. Los problemas vecinales se están resolviendo a plomo, los líderes sociales están siendo asesinados por atreverse a impulsar procesos de cambio que se soñaron con el Acuerdo de Paz. Un panorama que ha sembrado un nuevo silencio que se alimenta del peor de los fenómenos sociales: el miedo.

Un día después de la fiesta de la Virgen de Fátima, el puerto de Timbiquí ya no lucía adornado de blanco y azul, ni tampoco estaba concurrido por la multitud de niños que entonaban arrullos y alabanzas. Ahora, un trío de timbiqueños guitarreaban muertos de la risa y tomando viche. “A Tumaco lo quemaron a la una y a las dos”, cantaban los tres borrachos. Timbiquí y Guapi son pueblos hermanos, parecidos en sus calles e idénticos en su alma. Sufren casi los mismos problemas. De un puerto al otro no se gasta más de dos horas y la ruta implica regresar al mar para después remontar el río Guapi, el cual es una de las arterias de comunicación entre Cauca y Nariño.

Ese 7 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, había citado a las principales entidades del Estado para abordar la grave crisis humanitaria de esta región del Pacífico pero, como siempre, fueron muy pocas las entidades que cumplieron. Por eso, Negret se negó a permitir el ingreso de los funcionarios de segundo nivel de 19 entidades del nivel central que mandaron a un representante cualquiera. “El Estado ve al Pacífico como su patio trasero, como el cuarto de San Alejo al que mandan los chécheres. Lo que pasó hoy es lo de siempre: el constante desplante a la gente negra, con funcionarios de tercer nivel para gente de tercera, pensarán”, expresó, indignado, Richard Moreno, procurador para asuntos étnicos.

Los ministros de Agricultura, Defensa o Interior se excusaron ante delegados de entidades regionales y municipales, representantes de organizaciones sociales y dirigentes de distintos gremios que no dudaron en asistir al evento. Desde el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, hasta los líderes de los consejos comunitarios y los principales resguardos indígenas de la región. En términos generales, la conclusión de la audiencia fue que, tras la desmovilización de las Farc, se dispararon los crímenes en los municipios y zonas que controló la guerrilla. La principal preocupación es el aumento de la presencia de cultivos ilícitos y grupos aliados al narcotráfico, así como el desmedido incremento en el número de asesinatos de líderes sociales en todo el departamento.

“El Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de crímenes de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Como lo revelan las cifras recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018, se produjo un total de 83 homicidios, de los cuales fueron víctimas líderes y defensores de derechos humanos”, registró el Ministerio Público. Incluso, hasta el 22 de agosto de 2018, el departamento había puesto 12 líderes asesinados y desde 2016 ya la cifra pasa de los 83 dirigentes sociales acribillados.

Al respecto, el gobernador Óscar Rodrigo Campo es enfático en que su departamento vive una fuerte crisis humanitaria derivada del posconflicto. “Es importante tener claro que los dos grandes males que tiene hoy el Cauca tienen que ver con los cultivos ilícitos y la minería ilegal. En esto el Pacífico tiene una relevancia enorme. Los ríos son los puntos de salida de todo lo que se procesa en clorhidrato de cocaína en la Cordillera Occidental, sobre todo, que tiene como destino el mar Pacífico a través de ríos como el Naya y el Micay. Esto involucra a la población en términos de que hay una fuerte presencia de actores armados al servicio del narcotráfico, que intimidan y generan condiciones de sometimiento en varias zonas”, explica el mandatario.

El otro elemento que resulta preocupante para Campo es la minería ilegal: “Hoy vemos cómo Timbiquí es el municipio con mayor presencia de maquinaria pesada para esta actividad. En esto debemos tener varios puntos de vista. La pobreza es el caldo de cultivo para que estas actividades ilegales hayan proliferado en Guapi, Timbiquí y López de Micay. Vemos que el Estado, a pesar de que ha impulsado importantes esfuerzos, como la interconexión eléctrica o algunos proyectos productivos, sigue siendo deficiente. Esto conlleva a una falta de soberanía para que grupos al margen de la ley hagan control del territorio. La confrontación que se da entre grupos armados intimida a la población y lo vemos cuando las disidencias se enfrentan con el Eln u otro tipo de actores, en la lucha por el control del territorio y las economías ilegales”.

Del Pacífico caucano al nariñense

El río Guapi desemboca en el mar, justo en la frontera entre Cauca y Nariño. A partir de ese punto se siente con mucha fuerza la presencia del llamado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las Farc comandada por el tristemente célebre Walter Arizala, alias Guacho. Los esteros existentes entre Guapi y Tumaco son su reino. Las casas apostadas a la vera de los manglares son vigiladas y controladas por sus hombres. En menos de dos años, desde que la guerrilla hizo tránsito a movimiento político, Guacho se ha convertido en rey y señor de estas aguas. Controla la minería y el narcotráfico a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador, teniendo como base Tumaco.

El primer municipio de la costa Pacífica nariñense es Santa Bárbara de Iscuandé. Un pueblo de poco más de 16.000 habitantes, de los cuales casi 3.000 viven en el casco urbano. Lleva no más de dos meses de recibir la interconexión eléctrica, la pobreza es más que evidente y sus autoridades piden a gritos auxilio de los gobiernos departamental y nacional. Conmueve el alma escuchar a Alfredo Oliveros Montaño, coordinador del principal colegio del municipio, quien llora amargamente al contar que los profesores le renuncian para ser trasladados a otros municipios porque constantemente son amenazados.

“Faltando dos meses para terminar un año de clases, nos retiran una docente que venía atendiendo el grado cuarto de primaria, la trasladan a otro lugar porque ella se declara amenazada, pero no la reemplazan. Yo me pregunto qué va a pasar con todos esos niños que ya transitaron un año escolar y van a perder por falta de profesor”, narra el maestro de sesenta años, no sin antes advertir que también está aumentando la deserción escolar porque volvieron los armados —en forma de paramilitares, disidencias o Eln— y están reclutando a los muchachos para ser combatientes, informantes y correos humanos de droga.

Pero aquí, como en casi todo el Pacífico, nadie quiere señalar a nadie. Todos saben que su vida no vale ni el tiro con el que lo mandan a la tumba. Es un pueblo que transpira miedo a pesar del cambio de vida que le significó la llegada al siglo XXI con la interconexión eléctrica. Por eso, nadie se atreve a firmar lo que dice. “La costa Pacífica ha sido el remanso de todos los conflictos y es claro que el germen es el descuido del Estado para con estos territorios. La zozobra hoy es la aparición de nuevos grupos en toda la zona. Son invisibles, pero están causando el caos. El posconflicto aquí no llegó, solo cambió la forma de la guerra. Antes veíamos grandes grupos enfrentados a la Fuerza Pública, ahora eso no pasa, lo que nos está ocurriendo, que nunca había pasado, es que se están dando asesinatos selectivos, el vandalismo que se está viviendo es terrible”, precisó un iscuandeño.

“Recién las Farc entregaron las armas llegó la Fuerza Pública a toda la costa Pacífica, pero eso duró dos o tres meses. El posconflicto duró tres meses. Voy a ser claro: extrañamos mucho a las Farc. La guerrilla, si bien hacía daño, también ejercía un control que nos permitía convivir. Cuando ellos estaban nadie podía robar al vecino, ni violar mujeres, ni matar porque sí. Desde que se fueron empezaron a surgir pequeños grupos, sin reglas ni ideología, cuyo único móvil es el narcotráfico, el contrabando y la extorsión. Y en esta falta de oportunidades, nadie se va a dejar morir de hambre, por eso la gente trabaja en lo que hay, y ahora lo que hay es oro y coca. Pero la minería reemplazó la coca, con un solo defecto y es que esta se acaba. Y para empeorar, los dueños de las retros son de afuera, de otros lugares”, añadió.

Hoy, en el mal llamado posconflicto, la costa Pacífica, desde Chocó hasta Tumaco, vive las mismas dolencias. La paz no duró más de tres meses, luego vinieron nuevos grupos a atropellar a sus pobladores y las economías ilegales se salieron del relativo control que la exguerrilla mantenía. Los fusiles se pusieron al servicio del narcotráfico, la minería se convirtió en la vacaloca que está acabando con la pesca, los ríos y la cultura pacífica. Los problemas vecinales se están resolviendo a plomo, los líderes sociales están siendo asesinados por atreverse a impulsar procesos de cambio que se soñaron con el Acuerdo de Paz. Un panorama que ha sembrado un nuevo silencio que se alimenta del peor de los fenómenos sociales: el miedo.