Los ministros y jefes de las entidades públicas de orden nacional deberán entregar un informe detallado sobre contratación en 2018 a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “Que nos presenten los datos de los contratos directos, interadministrativos y de un único proponente que celebraron en 2018”, fue la petición que hizo Ramírez.
Los funcionarios tendrán que hacer el corte a partir del 7 de agosto de 2018 y detallar lo que ya estaba contratado, a la vez, de los acuerdos a los que ellos llegaron. “La contratación directa se ha convertido en la regla general y la licitación es la excepción, lo cual lesiona principios de la función administrativa como la transparencia, la economía, la eficiencia y la moralidad pública, y distrae los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de los colombianos”, advirtió la vicepresidenta.
Ramírez aseguró que “este 2019 tiene que marcar un antes y un después en la lucha de Colombia contra la corrupción. El presidente Iván Duque y yo estamos determinados a que el país dé una pelea sin cuartel contra este flagelo”.
Asimismo, en el mensaje, la vicepresidenta extiende la invitación a la ciudadanía para que denuncie casos de corrupción a través del correo denunciacorrupcion@presidencia.gov.co. “Estamos trabajando con el secretario para la Transparencia, Andrés Rugeles, dispuestos a recibir toda esta información”.
De acuerdo con Ramírez, el Gobierno ,en su propósito de lucha contra la corrupción, quiere convertir a Colombia en un referente en transparencia y buen uso de los recursos públicos.
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El 20 de noviembre, a través de una circular, el primer mandatario invitó a sus ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores, gerentes y presidentes de entidades descentralizadas del orden nacional y demás servidores públicos del nivel directivo de la Rama Ejecutiva a declarar de forma anual y voluntaria la declaración de renta, como estrategia de coherencia a su bandera de lucha contra la corrupción.
Actualmente la declaración de renta y bienes tiene reservas para autoridades penales y tributarias. En el Congreso cursan dos proyectos para liberar estos impedimentos y levantar dicha reserva a autoridades de control como Contraloría y Procuraduría.
Por -Redacción Política
