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La ley que establece medidas para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres ya es una realidad. Tras ser aprobada en el Congreso y recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, este miércoles fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y empezó a regir como ley 2453 de 2025. El documento que oficializa la decisión también aparece firmado por los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Justicia, Ángela María Buitrago; y de la Igualdad, Carlos Rosero.
Cabe recordar que esta nueva norma establece rutas para prevenir las diferentes formas de violencia contra las mujeres que hacen política y garantiza su derecho a la participación en todos los niveles. “La política no tiene porque ser un ambiente violento para nosotras las mujeres, debe ofrecer condiciones seguras para que podamos ingresar a procesos de liderazgo, en condiciones de equidad, sin reproducir patrones de subordinación”, dijo en el momento de la aprobación la representante Catherine Juvinao, una de las ponentes de la iniciativa.
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En los debates de la nueva ley se detalló cómo cerca del 64 % de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política, particularmente la restricción en el uso de la palabra (23,8 %) y la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31 %).
Según el documento aprobado por todos los poderes, violencia contra las mujeres en política es toda acción, conducta u omisión que, basada en elementos de género, cause daño a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica.
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Así las cosas, los tipos de violencia pueden ser física, sexual, psicológica, moral, económica, digital o simbólica. En cuanto a las medidas para prevenir esta problemática, el proyecto establece que el Gobierno tendrá que diseñar un mecanismo para recopilar los casos y denuncias de violencia contra las mujeres en política, así como promover al interior de las entidades la definición de protocolos de atención oportuna para las mujeres víctimas de violencia.
Por otra parte, los partidos deberán reformar sus estatutos para adoptar disposiciones de prevención, atención y sanción. Así mismo, las autoridades electorales estarán obligadas a promover el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas libremente, así como a identificar posibles amenazas y vulneraciones en los procesos electorales. Por último, se contempla que la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las personerías presten acompañamiento y asesoría legal en los casos de violación de la ley.
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