25 Aug 2021 - 12:33 a. m.

Violencia contra líderes políticos, sociales y comunales aumentó un 15,7%

Así lo registra un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que evalúa lo sucedido en el primer semestre de 2021 y advierte de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral.

Un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales se registraron en el país durante el primer semestre de 2021, revela un informe sobre este tema de la Misión de Observación Electoral (MOE). El documento registra un aumento del 15,7% en las agresiones y del 106% en los hechos letales contra líderes políticos, frente al primer semestre del año anterior. Además, continua en ascenso la violencia contra líderes sociales, que representan el 52% de los hechos violentos.

“Estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara al cierre del 2021 y a los procesos electorales del 2022”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE. La organización no gubernamental ha sido enfática en la existencia de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral.

Aproximadamente un tercio de los hechos de violencia contra líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Asimismo, la violencia se recrudeció significativamente durante el primer semestre del año en los departamentos de Cesar y Nariño. Al respecto, Pamela San Martín, coordinadora de la investigación, señaló que “se requiere de la intervención urgente de autoridades del distinto orden territorial para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país”.

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Por otra parte, la investigación prende las alarmas por las regiones en las que se aplicaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues en 15 de ellas tuvo lugar el 54% de los asesinatos registrados en el país, siendo los líderes sociales los más afectados. Al respecto, Barrios enfatizó que “es necesario tener en cuenta que los candidatos a la Cámara de Representantes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz surgirán de las diferentes organizaciones y liderazgos sociales que operan en el territorio. Siendo necesario que con miras al proceso electoral se adopten medidas interinstitucionales dirigidas a garantizar las condiciones de seguridad para su participación en la política electoral”.

En cuanto a los liderazgos sociales, son los que sufrieron más afectaciones durante el año, con un 52% de los hechos registrados (128), concentrando también el 54% de los asesinatos contra líderes y el 52% de las amenazas. “Es decir, de cada dos líderes agredidos durante 2021 en Colombia, uno fue social. Este contexto evidencia patrones de accionar violento, que más allá de disuadir el accionar de los líderes sociales por medio de intimidaciones, buscan silenciar su voz”, agregó Pamela San Martín.

Al hacer una revisión al componente étnico de las afectaciones a este tipo de liderazgo, los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca concentraron el 76% del total de las agresiones contra líderes afro e indígenas. Los liderazgos indígenas fueron los más afectados con 37 agresiones en su contra, de las cuales, el 35% fueron letales.

A su vez, los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado en 2021, pues concentraron el 42% de los hechos, el 33% de los asesinatos y 50% de los atentados, con un total de 103 vulneraciones. Para Diego Rubiano, subcoordinador del observatorio a cargo de la investigación, “este contexto enciende las alarmas para el último mes del año, en que tiene lugar el inicio de la propaganda electoral en espacio público y en medios de comunicación social, lo que pone a los candidatos al Congreso de la República en un contexto de mayor visibilidad y por ende, de mayor riesgo. Panorama que también tendrá lugar en 2022”.

Con respecto a los líderes comunales, en el primer semestre de 2021 se presentaron un total de 16 hechos de violencia, de los cuales más de la mitad corresponden a asesinatos y atentados. En el informe, la MOE valora positivamente la disminución de la violencia contra este tipo de liderazgos en el primer semestre del año.

Sin embargo, otra alarma tiene que ver con el constante ascenso en el número de hechos letales contra lideresas, que se incrementaron en un 30,8% en los seis primeros meses del año, frente al primer semestre de 2020. Según Alejandra Barrios, “es necesario que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales establezcan rutas de prevención y protección para atender la violencia contra las lideresas, que tomen en consideración sus condiciones y contextos específicos, a partir de políticas diferenciales”.

El informe aborda igualmente las agresiones en contra de los liderazgos LGBTI, las cuales también han ido en aumento, al pasar de cero en 2019, dos en 2020 y cuatro en lo corrido de este año, dos de ellas asesinatos. Es la primera vez que se registran asesinatos en el primer semestre. Para la MOE, es fundamental visibilizar la situación y alertar sobre la urgencia de adoptar medidas diferenciales, encaminadas a garantizar el óptimo desarrollo de estos liderazgos.

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Las recomendaciones hablan de repensar los mecanismos de protección que están siendo empleados sobre los diferentes liderazgos, a fin de encontrar alternativas viables que generen una mayor efectividad. Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, manifestó que se hace necesario “fortalecer la intervención del Ministerio Público en las investigaciones penales sobre hechos de violencia contra líderes y lideresas, a fin de garantizar el debido proceso y fortalecer, transparentar y democratizar el debate judicial”.

En este sentido, se propone el establecimiento de un diálogo institucional y un flujo de información constante entre la Procuraduría y la Fiscalía, sobre las noticias criminales abiertas que buscan esclarecer hechos de violencia contra líderes y lideresas. Esto último, recalca el documento, sin dejar atrás la necesidad de transitar hacia la protección colectiva, complementaria a la individual, que permita hacer más eficientes las acciones y los recursos empleados.

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