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Faltan menos de cuatro meses para las elecciones regionales 2023. El 29 de octubre se llevarán a cabo los comicios que definirán los ediles, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores para el periodo 2024-2027. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha venido monitoreando las acciones de violencia política en este periodo preelectoral, que empezó el 29 de octubre de 2022 y termina el próximo 29 de julio, cuando se cierran las inscripciones de los candidatos. Durante estos ocho meses se registraron 152 víctimas únicas de violencia electoral en 116 hechos asociados.
Hasta el momento se cuentan 26 homicidios, entre ellos: el asesinato del concejal por el partido Cambio Radical Gildardo Hoyos en Sucre, Cauca; el asesinato de la precandidata por el Polo Democrático al Concejo de Calamar, Guaviare, Yenifer Córdoba Henao; el homicidio del precandidato por la Colombia Humana Sergio Castro al Concejo de Tibú, Norte de Santander; y el homicidio del precandidato al Concejo de Tuluá, Valle del Cauca, Alejandro Forero. Además, ha habido 20 atentados, de los cuales ha habido seis en el último bimestre.
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Cabe aclarar que conforme avanza el calendario electoral suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez. Estos casos son los de: Aida Quilcué, quien ha sufrido un atentado y una amenaza; y el alcalde de Sitionuevo, Magdalena, José Manga, quien ha sido amenazado en dos ocasiones: una por un concejal y la otra a través de un panfleto, presuntamente atribuido al Clan del Golfo.
Pares alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en departamentos como el Chocó, en donde hay cuatro alcaldes que no están ejerciendo desde sus municipios por la presencia de estructuras armadas ilegales. Lo mismo sucede en municipios como Cartagena del Chairá, Caquetá; Magüí Payán, Nariño; Puerto Guzmán, Putumayo; El Bagre y Tarazá, Antioquia; entre otros. En Tuluá, Valle del Cauca, se resalta la presencia de la estructura criminal “La Oficina de Tuluá”, encargada de asesinar a un precandidato al Concejo y atentar contra la oficina de un candidato a la Alcaldía.
En relación con el informe anterior, que evaluaba el periodo del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023, se dio un incremento del 42% en el número de hechos registrados y del 35% en el número de víctimas. “Este tercer informe de violencia político-electoral causa una gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas”, se lee en el documento de Pares.
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