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En un memorial a la Corte Constitucional, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, pidió abordar algunos aspectos de la ley estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial de Paz que actualmente está en estudio en el alto tribunal.
La principal preocupación de Vivanco es lo que tiene que ver con la llamada responsabilidad de mando pues, según ha insistido, como quedó planteada la norma es difícil que los comandantes sean judicializados por las violaciones al DIH perpetradas por sus subordinados. “La corte tiene la oportunidad de garantizar una rendición de cuentas genuina, tanto para los altos mandos del Ejército como para comandantes de las Farc que hayan cometido crímenes de guerra”, señaló.
Del otro lado, Vivanco llamó la atención sobre la participación de las víctimas en el andamiaje del sistema de justicia transicional. “Si bien el proceso de paz es una oportunidad histórica para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia, su componente de justicia apenas garantiza unos mínimos de justicia a las víctimas de graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado”, expresó.
Respecto a la limitación para que defensores de derechos humanos se desempeñen como jueces de la JEP, Vivanco consideró que es una disposición excluyente que debe ser remediada en el estudio de constitucional que realice el alto tribunal. “Impedir que abogados de derechos humanos sean jueces es una política absurda. Lejos de asegurar la imparcialidad judicial, estas disposiciones eliminan a candidatos que podrían tener justamente el tipo de conocimiento y experiencia necesarios para juzgar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
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Por -Redacción Política
