Viviendas para ex-Farc, motivo de controversia entre Gobierno y reincorporados

Según el Gobierno, cambiar la tipología de las viviendas haría que la construcción del proyecto, prevista para siete meses, se tarde entre dos y tres años.

Foto: Agencia para la Reincorporación

Los firmantes del Acuerdo de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) están inmersos en una controversia que amenaza con alterar el cronograma para la entrega de 109 viviendas a quienes hicieron parte de las filas de las extintas Farc. Entre los alegatos por el prototipo de vivienda, las inversiones ya realizadas, los terrenos adquiridos y las acusaciones sobre una posible falta de voluntad de los excombatientes, se empieza a enredar la entrega de las viviendas en zona rural del municipio de Dabeiba (Antioquia).

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La situación la puso sobre la mesa el director de la ARN, Andrés Stapper, quien aseguró que desde el Gobierno se han adelantado todas las acciones necesarias para la consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De acuerdo con Stapper, el Gobierno ya comprometió recursos, iniciaron el proceso de contratación de la gerencia integral y contaron con la participación de los excombatientes para concertar los espacios.

“Avanzamos por más de seis meses en la concertación de las tipologías de viviendas, materiales y cómo hacer la transformación y urbanismo. Se concertó una vivienda de 68 metros cuadrados, que fuera con ese contexto de ruralidad y permitiera avanzar en los proyectos productivos”, indicó el funcionario. Sin embargo, agregó que el pasado miércoles recibieron una comunicación en la que cambiaban las tipologías, por unas mucho más robustas, pero eso implica unas demoras al cronograma planteado que era de siete meses.

Para detallar los avances que había en proyecto ya adelantado, Stapper manifestó que durante el último semestre de 2020, se destinaron $1.987 millones a través del Ministerio de Vivienda con el fin de adelantar los estudios de prefactibilidad no solo de ese ETCR, sino también los de Filipinas, Los Monos, La Fila y Mutatá. En total, según el funcionario, fueron gestionados recursos por más de $10.000 millones para financiar la construcción de las 109 viviendas.

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El director de la ARN mencionó otros avances en el proceso, como la socialización con la comunidad en mayo de 2021 y la instalación de ese prototipo de vivienda en inmediaciones del antiguo ETCR Llano Grande. Prototipo que, aclararon, fue presentado en julio en la vereda El Pital, municipio de Caldono (Cauca) que según la ARN reduce el 60 % de tiempo de ejecución. “Ahora, con el nuevo diseño que el Gobierno tendrá que comenzar a diseñar, las viviendas tendrán un área aproximada de 54 metros cuadrados y el tiempo de construcción total se estima entre 24 y 36 meses”.

Horas después de la declaración de Stapper, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) respondió que en ningún momento los firmantes del Acuerdo de Paz han rechazado la vivienda en los ETCR, y mucho menos están saboteando el proceso. Lo que exigieron, dicen, es que el prototipo de vivienda no se imponga y que se garantice el acceso a vivienda para todos los excombatientes, así no estén en los ETCR.

“La oferta del Gobierno sólo está considerando 2.800 firmantes que están en ETCR, dejando a 12.773 sujetos a programas convencionales de vivienda con graves barreras de acceso. Limitar los proyectos de vivienda a los ETCR, sin rutas de acceso diferencial para los demás firmantes, empieza a generar tensiones en territorio y afecta la cohesión de los colectivos”, indicó la organización.

De acuerdo con el CNR, lo único que se logra con este modelo es que se inicie una competencia entre los reincorporados, por lo que solicitaron diseñar un programa especial que asegure el acceso a la vivienda a todos los firmantes del acuerdo. Además señalaron que, a pesar de lo que afirma el Gobierno, los avances que se vienen anunciando no han contado con un proceso real de socialización de los excombatientes.