Aunque esta semana el senador Iván Marulanda hizo pública una carta con la que reorientó la discusión sobre renta básica en el país, pidiéndole al Gobierno una renta permanente que va desde los $320.000 para hogares de una sola persona a $470.000 para aquellos de seis o más integrantes, este viernes se unieron más de 50 congresistas de nueve partidos y 170 organizaciones sociales para exigir a una sola voz.
“El tema de la renta básica venía siendo discutido hace 10 años en Colombia desde medios académicos, ante la crisis económica y social que ha agudizado la pandemia en el país y, ante el hecho irrefutable de que 45-50% está bajo la línea de pobreza monetaria y un 10-15% en vulnerabilidad, es fundamental pensar en la renta básica en términos de un paliativo a la crisis que se avizoraba”, dijo el economista Luis Jorge Garay, que ha venido acompañando en conjunto la propuesta.
El académico explica que esta propuesta se diferencia de la primera, también liderada por Marulanda, en cuanto a que la primera era una transferencia de emergencia, pensada para transferir por tres meses, mientras que la nueva es de carácter permanente, pensando en la incertidumbre que persiste sobre la pandemia y los efectos que esta ha traído a los países.
Así mismo, a su juicio, esta renta básica retribuye a los más pobres el esfuerzo de quedarse en casa, suspendiendo el trabajo informal por el cual buscan la forma de subsidio diaria. Y en temas económicos, señala que esta propuesta reactivaría la economía y aseguraría el ingreso.
Por su parte, el senador Marulanda señaló que lo que falta es voluntad política y más cuando, narró, que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó ver viable esta nueva propuesta. Esta renta costaría $37 billones, es decir, 3.7% del PIB. La idea que se plantea es que esta acoja los programas subsidiados, que están por el valor de $1.4 billones y el dinero faltante, para resolver 2021, se podría tomar del Fondo de Mitigación de Mitigación para las Emergencia, que aún no ha comprometido $20 billones.
Para los años venideros, el senador insistió en una reforma tributaria, “con base en los altos ingresos, herencias, desmonte de beneficios que se les ha entregado a estos sectores. Esa reforma es urgente para solventar este programa de renta básica”. E insistió: “La viabilidad económica no es problema, es la voluntad política”.
La voluntad política que los promotores ven que falla es la del Gobierno porque “el hecho de que más de un centenar de congresistas acompañemos el proyecto desde hace más de 10 meses es un hecho político, una decisión multicolor de todos los sectores independientes y alternativos, que está dispuesto a defender no solo una propuesta coyuntural, sino un cambio en el modelo social y económico de fondo”.
En esa misma línea, poniendo en tela de juicio al Ejecutivo, David Racero, del MAIS, señaló que “este segundo pico del COVID evidencia que lo que hicimos parte del año pasado no funcionó. Le faltaron instrumentos y herramientas al Gobierno para salvar vidas y amortiguar el impacto económico”. Y para ello reiteró en la importancia de que se le dé oxígeno a esta propuesta, bajo el nombre que el Estado quiera, pero dándole soluciones viables a la ciudadanía.
Esta renta básica está pensada para más de 7.400.000 millones de hogares, que acogen, aproximadamente, a más de 30 millones de colombianos. El valor de la renta varía según el número de integrantes de la familia. La propuesta anterior, que no tuvo discusión en primer debate, decretaba una renta de emergencia, por una duración de tres meses, por un valor de $877.000 por familia, indistintamente si era una, dos o más personas.
