El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, respaldó la petición del exdirector del Dapre Bernardo Moreno Villegas para el cumplimiento de la condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Se trata del caso de la yidispolítica, por el que el exfuncionario fue hallado culpable de tráfico de influencias.
A través de su cuenta de X, el exmandatario solicitó a las autoridades considerar la petición de mantener a Moreno “en un sitio de reclusión seguro, en el departamento del Quindío”. Apuntó que “la sentencia condenatoria habla de sitio especial de reclusión".
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En segunda instancia, el alto tribunal volvió a encontrar culpable al alfil del uribismo en el marco del escándalo que permitió la reelección de Uribe en 2006. La decisión fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, quien indicó, en una decisión 99 páginas que fue revelada por El Espectador, que la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia tenía la razón.
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La Corte encontró que el funcionario de confianza del expresidente Uribe, quien estaba al frente de los procesos de contratación, la administración de recursos y el funcionamiento de la Presidencia, fue fundamental para la “consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron” en la compra del voto de la excongresista Yidis Medina. Según el tribunal, las acciones de Moreno tuvieron lugar en medio del ofrecimiento de puestos a personas cercanas a la exlegisladora a cambio de su voto favorable en el proyecto de reelección.
Se lee en el documento conocido por El Espectador que Moreno Villegas “utilizó indebidamente sus influencias en Luis Alfonso Hoyos, jefe de la Red de Solidaridad Social (RSS) entre 2004 y 2009, para que este vinculara a dicha entidad a Jairo Alfonso Plata Quintero en orden a satisfacer los intereses burocráticos de Yidis Medina”. Asimismo, la Sala Penal expuso que el alto funcionario del gobierno Uribe también influenció en contratos de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa). En esa entidad hizo que contrataran a César Augusto Guzmán, Liliana Figueredo Ayala, Marghori Mejía Padilla y José Agustín Quecho Angarita, quienes eran cercanos a la excongresista y recibieron millonarios contratos a dedo.
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Con esa decisión, quedó en firme la condena de cinco años y medio de cárcel, el pago de una multa y no ejercer cargos públicos durante 82 meses.
Otros funcionarios del gobierno Uribe también han sido condenados por la yidispolítica. Entre ellos están los exministros del Interior, Sabas Pretelt de la Vega; y de Protección Social, Diego Palacio, quienes fueron hallados culpables de ofrecer prebendas a la entonces congresista para que diera su voto y se lograra el proyecto de reelección.
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