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Zambrano en Bolívar, un pueblo sin ley ni alcalde

En los últimos 20 días, cuatro personas han intentado ejercer como mandatarios del municipio bolivarense.

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Marcela Madrid Vergara/ Especial para El Espectador
03 de diciembre de 2015 - 10:37 p. m.
Alcaldía de Zambrano (Bolívar)
Alcaldía de Zambrano (Bolívar)
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Una medida de aseguramiento por fraude electoral pesa contra Sebastián Cañas, alcalde de Zambrano (Bolívar). Sin embargo, hoy es él quien toma las decisiones administrativas desde su casa. El juez municipal así lo decidió, oponiéndose a las órdenes de la gobernación de Bolívar y de la Fiscalía seccional, provocando un caos que terminó en asonada.

Todo comenzó el viernes 13 de noviembre, día en que Zambrano amaneció con dos alcaldes. Al menos así lo comentaban entre risas y confusión los habitantes de este municipio de Bolívar a orillas del Río Magdalena. La escena que adornaba la fachada de la alcaldía tomó por sorpresa a más de uno: alrededor de 100 personas gritaban arengas, lanzaban voladores y felicitaban a su ídolo, el alcalde Sebastián Cañas, que a pesar de tener a cuestas dos detenciones domiciliarias por fraude electoral, intentaba posesionarse y volver a su cargo como primer mandatario del municipio. Algo similar ocurrió minutos después en el hospital local San Sebastián.

Al escuchar los rumores de que lo habían ‘safao’ del cargo, el alcalde encargado, José Ramírez, se dirigió a su despacho pero le impidieron entrar “por órdenes del alcalde”. Su antecesor lo sacó de dudas al mostrarle una resolución emitida por un juez de Arjona que lo dejaba en libertad y un permiso para laborar por parte del Inpec.

“Quedé frío. Se me fueron las luces y pensé que él tenía razón así que me quedé callado. Después llamé a mi asesor jurídico y me dijo que yo seguía siendo el alcalde hasta que el gobernador me notificara lo contrario”, cuenta Ramírez.

De chofer a Alcalde

En diciembre de 2014, el nombre de Sebastián Cañas Asís se dio a conocer nacionalmente al protagonizar un fraude electoral que involucraba a tres congresistas bolivarenses. Unas conversaciones telefónicas en las que arreglaba la compra de votos, le costaron la destitución y prisión domiciliaria a Cañas y a su asesor jurídico. Además, se comprobó que había trasteado cédulas de otros municipios y participado en política.

A causa de esto, José Ramírez, conocido como ‘Joche’, pasó en enero de este año de ser el chofer de Cañas a reemplazarlo en la silla del Alcalde, luego de que el Gobernador de Bolívar lo eligiera de una terna presentada por el partido Cien por Ciento por Colombia (antes Afrovides). Aunque se pensó que el alcalde Cañas seguiría gobernando en cuerpo ajeno, algunos pobladores comentan que ‘Joche’ “se le volteó” a su antiguo jefe.

La historia de fraude se repitió en agosto de este año, durante la reciente campaña por las elecciones locales. Esta vez el escenario fue el hospital del municipio. Ahí, el alcalde Cañas y la entonces gerente de la entidad, Esmeralda Ballestas, citaron a los empleados contratados por OPS a una reunión donde los presionaron para votar por su candidato a la Alcaldía, el excontratista Jesús David ‘El Toto’ Durán. Nuevamente un audio lo dejó al descubierto. Nuevamente recibió el beneficio de prisión domiciliaria.

La decisión de darle casa por cárcel la tomó el Juzgado Segundo penal municipal ambulante de Cartagena, a pesar de que la Fiscalía y el Ministerio Público habían pedido la detención intramural, puesto que Cañas fue capturado en el municipio vecino de Plato, Magdalena, incumpliendo su primera sanción. Por lo anterior, la Procuraduría tiene demandada a la juez.

Alcaldía domiciliaria

Pero la medida de libertad emitida por el juez de Arjona hace dos semanas correspondía al primer proceso por fraude. Así las cosas, Cañas aún carga con una detención domiciliaria a cuestas, impartida el 28 de agosto de este año, que le impediría ejercer funciones públicas.

Sin embargo, Cañas Asís decidió retomar el papel de mandatario desde su casa. Una de las primeras acciones que emprendió fue mandar a congelar las cuentas bancarias de los funcionarios de la Alcaldía y el Hospital en Plato.

Además envió solicitudes -con membrete de la Alcaldía y su firma como Alcalde- a la Policía y al Personero, en las que pedía que le brindaran medidas de seguridad para volver a su cargo y que capturaran al alcalde encargado por ejercer funciones que, según él, no le correspondían. Incluso emitió un decreto destituyendo a la Gerente encargada del Hospital local.

En el momento, Personero, Policía, Gerente y bancos hicieron caso omiso de esas exigencias y las decisiones en Zambrano continuaron a cargo de José Ramírez.

Pero el 20 de noviembre finalmente la Gobernación se pronunció al expedir un Decreto que retiraba del cargo a Ramírez y nombraba un nuevo alcalde encargado provisionalmente. El tercer mandatario en menos de 15 días fue Orlando Quevedo, un funcionario de la Gobernación a quien se le atravesó una tutela y no pudo ejercer ni tres días.

La tutela fue interpuesta por cinco contratistas de la Alcaldía cercanos a Sebastián Cañas, y en ella pedían que le devolvieran el cargo al Alcalde titular, alegando sus derechos a elegir y ser elegidos. El juez promiscuo municipal de Zambrano, Juan Carlos Marmolejo, falló rápidamente a favor y así Cañas volvió al ruedo con intenciones de hacerse sentir.

Entonces volvieron a sonar los voladores en Zambrano. Aunque no podía salir de su residencia, el alcalde siguió despidiendo empleados y encargó en su despacho a un nuevo personaje -Luis Alberto Barreto, uno de sus abogados personales- para que hiciera acto de presencia por él.

En el Hospital el revuelo fue mayor, pues el gerente encargado por Cañas, Jorge Berrío, llegó a tomarse el cargo, a pesar de no contar con registro médico ni tarjeta profesional. Según denuncia la gerente encargada del Hospital, Ledis Cabarcas, “no dejaron entrar a mi personal contratado, les quitaron las llaves, les sacaron las cosas y a la secretaria la sacaron llorando”. Cabarcas también denunció haber recibido un panfleto con amenazas para que dejara el Hospital.

Ante esto, los cinco médicos del San Sebastián decidieron dejar sus puestos. “No hemos renunciado, sino que decidimos dejar el plantel hasta que se arregle la situación porque no soportamos más humillaciones”, aseguró uno de los médicos que pidió la reserva de su nombre. Otra empleada de la entidad sostiene que no tienen insumos para atender a los pacientes y muchas veces tienen que remitirlos a Plato.

La oficina jurídica de la Gobernación respondió al fallo del juez municipal con un informe en el que rebate los argumentos del togado y le da diez días hábiles para responder. Al enterarse de esto, la comunidad formó una asonada en las afueras del juzgado exigiéndole al juez que respondiera a las peticiones del gobierno departamental. Quemaron llantas, apedrearon el juzgado y llegó el Esmad a dispersar a la gente con gases lacrimógenos.

El Personero Municipal, César Bolívar, asegura que tanto él como la Policía están “de manos atadas” y en este momento “no hay alcalde en Zambrano por cuenta de la decisión del juez municipal”.

Ese es el limbo en el que permanece Zambrano a un mes de que se acabe la actual administración. Son menos de 30 días en los que Sebastián Cañas seguirá jugando todas sus cartas para llegar a despedirse de su antiguo despacho y para demostrar que, aunque su candidato no ganó las elecciones, no tiene todo perdido en este próximo cuatrienio.

Robo a espaldas del pueblo

En medio de la incertidumbre, los sucesos en la Alcaldía no paran de desconcertar al pueblo. El lunes 16 de noviembre -pocas horas después de que culminaran las fiestas locales con presencia de Jorge Oñate- las oficinas de presupuesto, contratación y tesorería amanecieron saqueadas. Esto ocurrió mientras el celador del edificio dormía y las cámaras de seguridad que vigilan la entidad seguían direccionadas hacia la tarima de las fiestas.

Viejo conocido

El prontuario de Cañas Asís, o ‘pluma blanca’ -como lo conocen en el pueblo en referencia al mafioso de la novela de Diomedes- viene de años atrás. Según una noticia del diario El Universal de 1999, época en la que era concejal, fue el protagonista de una estafa a la Caja Agraria de Carmen de Bolívar. “Según reportes entregados por las autoridades, la transacción que pretendía realizar el concejal Sebastián Cañas Asís era falsa (…) todos los documentos que portaba eran falsos, ya que el sobregiro que pretendía realizar nadie lo solicitó”, establece la publicación.

Otra sombra que ronda a este político y que se comenta en voz baja en Zambrano es su posible cercanía con las autodefensas durante la época más violenta en los Montes de María. En una audiencia de Justicia y Paz en 2011, el exparamilitar Luis Alfredo Argel, alias ‘Mano e Trinche’, reveló los presuntos vínculos de Cañas Asís con el Frente Sabanas de las AUC.

En la declaración, Argel asegura que Cañas les compraba ganado robado cuando era concejal y les prestaba su finca para asesinar y desaparecer personas. “En esa finca se mató a una cantidad de gente. Muchos en Zambrano saben de eso”, sostuvo ‘Mano e Trinche’ en la diligencia que tuvo lugar en Barranquilla, con transmisión en El Carmen de Bolívar.

El botín de la salud

El Hospital local San Sebastián ha sido probablemente el principal fortín del alcalde Cañas, donde concentró su apoyo político más cercano: el personal contratado por prestación de servicios (OPS). Por eso la gerente encargada, Ledis Cabarcas, no la ha tenido fácil en el intento por reorganizar la entidad. “Cuando llegué, a finales de octubre, el ambiente era tenso: los empleados de OPS estaban por un lado y los de nómina por el otro. Incluso se reflejaba en el pago”, asegura.

Así lo ratifica Óscar Pérez, chofer del San Sebastián desde hace 16 años, quien asegura que a él y sus compañeros de planta les deben cuatro meses de sueldo: “la anterior gerente tenía preferencia con los empleados contratados con OPS, a ellos sí les pagaban a tiempo”.

Un informe de pagos laborales del Hospital revela cómo algunos salarios de personal contratado por prestación de servicios aumentaron hasta en $700.000 a partir de julio, en pleno arranque de la campaña electoral.

Además, sobre las cuentas de la entidad pesa un embargo de $900 millones, y los perjudicados han sido los empleados de nómina. “Se supone que la nómina debería tener prioridad. Pero aquí ocurrió lo contrario: las OPS van al día, porque esas eran las personas cercanas al alcalde y la gerente”, sostiene Cabarcas.

Pero los más afectados por este desajuste salarial fueron realmente los zambraneros. Luego de tres meses de pago atrasados, los vacunadores decidieron entrar en paro y dejaron vencer 145 vacunas contra el Virus del Papiloma Humano y 7 más contra el Rotavirus.

Por Marcela Madrid Vergara/ Especial para El Espectador

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