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Desde el año 2008 se viene gestando una verdadera exacción sobre los bogotanos con el cobro del impuesto predial, a la cual no han sido ajenos la “Bogotá Positiva”, de Moreno y Ortega; la “Bogotá Humana”, de Petro y Bonilla, y mucho menos la “Bogotá Mejor para Todos”, de Peñalosa II, que hoy concreta la fase superior del más gravoso proceso alcabalero en la historia tributaria de la ciudad. El asunto se resume así: mientras el ingreso por habitante en ocho años ha subido 42 %, el tributo se acopló al encarecimiento especulativo de la finca raíz, que entre 2008 y 2015 subió el 288 %, casi siete veces el ingreso de los ciudadanos.
La oficina de Catastro ha sido el surtidor de avalúos ajustados al boom y, mediante sus oficios, el valor inmobiliario de Bogotá se trepó en ese lapso de $159 billones a $479 billones. Tal actualización ha consistido no sólo en incorporar los 62 millones de metros cuadrados construidos en estos años, sino también en elevar el valor de los 219 millones de metros ya existentes en 2008 y clasificar en estratos superiores a un buen número de predios. En Bogotá hay 2,4 millones de predios y de ellos, 476 mil son parqueaderos y depósitos residenciales; 360 mil son locales u oficinas no residenciales, principalmente para comercio, y el resto, 1 millón 583 mil, son viviendas.
Según comunicación de la Secretaría de Hacienda, el resultado de dicho proceso de elevación descomunal del avalúo es el siguiente: el recaudo del predial unificado pasó de $764 mil millones en 2008 a $2,5 billones en 2015. Se multiplicó 3,3 veces, incluso más que el ritmo del crecimiento de la inflación de activos que ha vivido Bogotá. Para 2016 espera llegar a $2,7 billones o algo más, con lo cual se completa la sincronización de este gravamen con el desquiciado comercio bogotano de finca raíz.
La simplificación
Como, al decir de Salom Becerra, “no hay situación por mala que sea que no tienda a empeorar”, Peñalosa II, a través de la denominada “simplificación tributaria”, se las ha ingeniado para estirar más el caucho. Bajo la figura de la eliminación de estratos –con la que avisa “desenterrar” viviendas valiosas ocultas en estratos bajos o medios favorecidos con tarifas inferiores–, la eliminación del beneficio del “ajuste por equidad” –al que tenían derecho aquellos predios a los se les iba subiendo el avalúo– y la reducción del descuento por pronto pago, canjeado por la modalidad del pago por cuotas, al final, a 886 mil se les terminará subiendo el impuesto. Eso sí, siempre y cuando sea con la misma base catastral, la cual tiende a subir.
¿Cuáles serán los principales perjudicados? Aunque se presenta como generoso el artículo que establece que el impuesto no podrá subir más del 20 % por año (casi diez veces lo que se proyecta el alza del ingreso por habitante para 2016 y el triple del IPC), que también se propague algún alivio tributario para viviendas de valores menores a $100 millones y que, a la vez, se proclame como progresivo un incremento para las viviendas más costosas, el verdadero garrotazo se les va a propinar a las familias de estratos medios, más exactamente a las residencias entre $250 millones y $750 millones.
¿Cuánto será el nuevo valor que para 2017 irá a la bolsa del Distrito por concepto de modificación de tarifas, eliminación de descuento por pago anticipado y ajuste por equidad suprimido? Si, como afirmó Ricardo Bonilla, en 2014 dichos “ajustes” y “descuentos” valían cerca de $400 mil millones, no es aventurado inferir que la Hacienda, bajo la batuta de Peñalosa II, acrecentará su bolsa –por concepto del gravamen predial– entre medio billón y $750 mil millones en 2017, el primer año de vigencia de la reforma.
Cargarse sobre las clases medias no es por azar. Se sabe que en la composición básica de la ciudad, los estratos de los extremos, el 1 y el 6, no llegan al 15 %. Son el 3, el 4 y el 5, sin desconocer el gran peso del 2, los que aglutinan cerca del 70 % de las viviendas capitalinas y máxime teniendo en cuenta que los estratos 4 y 5 han sido los de mayor dinámica de aumento entre 2008 y 2015 en cuanto a número de predios. Es una operación calculada para esquilmar donde quede algo de lana; es decir, Peñalosa II se arrojó decididamente por el resto.
Las localidades que se verán más afectadas también pueden conocerse: sectores de Chapinero, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, casi las mismas sobre las que han arremetido las administraciones anteriores. Contrario a lo que dijera en campaña, al referirse como las que “ven deteriorar su calidad de vida”, Peñalosa II les está expidiendo su ucase impositivo: ¡la bolsa o la casa!