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En algunos municipios de Colombia, salir de casa con zapatos limpios era un lujo. Muchas familias debían caminar descalzas por caminos llenos de barro para no dañar el único par de zapatos que tenían. Al llegar a la carretera principal, pagaban unas monedas para lavarse los pies antes de ir a trabajar o estudiar.
Hoy, en varias de esas regiones, la escena es distinta. Las trochas se han convertido en vías pavimentadas, las escuelas tienen computadores y conexión a internet, y familias enteras pueden cocinar con gas domiciliario sin levantarse en la madrugada a recoger leña.
Detrás de esos cambios hay un mecanismo que ha ganado fuerza en Colombia durante los últimos años: las Obras por Impuestos, un modelo que permite a las empresas destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a la ejecución de proyectos sociales en municipios golpeados por la pobreza, el conflicto armado y el abandono estatal.
“Las empresas pueden convertir el pago de impuestos en obras reales que transforman territorios”, explica Manuel Álvarez, director de Proyectos en OXI Consultoría de Solminco S.A.S., firma especializada en acompañar este tipo de iniciativas.
La idea, dice, surgió para resolver una realidad evidente: en muchas regiones del país, las comunidades llevaban décadas esperando inversiones que nunca llegaban. Con este mecanismo, las empresas pueden ejecutar directamente proyectos de infraestructura educativa, vías terciarias, acueductos, conectividad digital y centros de salud, evitando gran parte de los retrasos de la contratación pública tradicional.
Pero más allá de las cifras —cerca de cuatro billones de pesos movilizados y más de 500 proyectos aprobados desde 2018— el impacto se mide en escenas cotidianas.
Álvarez recuerda especialmente el testimonio de una mujer beneficiaria de conexiones domiciliarias de gas en una zona rural del país.
“Nos decía que le parecía magia poder levantarse a las seis de la mañana y no a las tres para recoger leña”, cuenta.
Antes, cocinar implicaba caminar largas distancias, cargar madera y soportar el humo dentro de la vivienda. Hoy, basta con abrir una llave y encender la estufa.
“Hay cosas que parecen pequeñas, pero cambian completamente la vida de las personas”, afirma.
Algo similar ocurre con las vías terciarias. En muchas zonas rurales, recorrer pocos kilómetros podía tomar horas debido al mal estado de los caminos. Con las nuevas carreteras, las comunidades no solo reducen tiempos de desplazamiento, sino que también mejoran su acceso a salud, educación y mercados.
“Hay personas que se demoraban hora y media para salir de su vereda y hoy hacen el recorrido en treinta minutos”, señala.
El cambio también significa menos gastos en repuestos para motocicletas, menos accidentes y más oportunidades para vender productos agrícolas sin perder parte de la cosecha en el trayecto.
Uno de los primeros proyectos ejecutados bajo este esquema fue la pavimentación de la vía Chalán–La Ceiba, en los Montes de María, una región marcada durante años por la violencia y el desplazamiento.
La educación se ha convertido en otro de los grandes focos de inversión. Infraestructura escolar, dotación tecnológica y conectividad lideran buena parte de los recursos aprobados en los últimos años.
Para miles de niños en zonas rurales, tener acceso a un computador o internet sigue siendo algo extraordinario.
“Hay estudiantes que nunca habían tenido herramientas tecnológicas y ahora pueden crecer y educarse junto a la tecnología”, explica Álvarez.
Sin embargo, uno de los elementos que más destacan quienes trabajan en el mecanismo es el papel de las comunidades. Según el director de proyectos de OXI Consultoría, los habitantes del territorio suelen conocer mejor que nadie las verdaderas necesidades de la región.
“Quien lleva 50 años viviendo en un municipio sabe dónde se inunda el camino, qué escuela se está cayendo o qué vereda lleva años sin agua”, dice.
Ese conocimiento local, asegura, termina siendo determinante para que los proyectos funcionen y sean sostenibles en el tiempo.
La percepción de las empresas frente a estos territorios también ha cambiado. Cuando comenzaron las primeras Obras por Impuestos en 2018, muchas compañías veían estas zonas únicamente como lugares de alto riesgo. Hoy, más de 280 empresas participan en el mecanismo y varias de ellas han repetido su vinculación año tras año.
“Las empresas descubrieron que esto no es solamente pagar impuestos; es una herramienta poderosa de transformación social”, afirma Álvarez.
La diferencia, explica, es que las compañías pueden ver el resultado de manera tangible: recorrer la vía construida, entrar a la escuela entregada o escuchar directamente a las comunidades beneficiadas.
Aun así, el mecanismo todavía enfrenta retos importantes. La burocracia, los tiempos de aprobación y la complejidad técnica siguen alejando a muchas empresas medianas que podrían participar.
Para Álvarez, el siguiente paso debería ser fortalecer las reglas del modelo y ampliar las posibilidades de inversión, incorporando no solo infraestructura física sino también procesos de formación y desarrollo comunitario.
“Que no solo entreguemos una obra, sino que dejemos a las comunidades con más capacidades y oportunidades”, concluye.
Mientras eso ocurre, en muchos rincones del país las transformaciones ya son visibles. Personas que ahora pueden cocinar sin humo dentro de sus casas, niños que estudian con internet y familias que, por primera vez en años, pueden salir calzadas desde la puerta de su hogar.