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En Colombia, el Gobierno está obligado a negociar el salario mínimo con empresarios y trabajadores, pero no a llegar a un acuerdo con ellos ni a adoptar sus propuestas. La Ley 278 de 1996 asigna esta negociación a una comisión tripartita en la que participan el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras. Si no hay acuerdo, el Gobierno fija el incremento por decreto, con base en los criterios definidos por la ley. En la práctica, esta es la regla. Entre 2001 y 2026, la comisión llegó a un acuerdo en nueve de las 26 negociaciones; en las otras 17, incluidas las de los tres últimos años, la decisión quedó en manos del Gobierno.
Este diseño tiene una ventaja clara: el Estado puede tomar una decisión incluso cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, por lo que la fijación del salario mínimo de cada año no queda bloqueada por el conflicto. Sin embargo, su costo es que la concertación puede adquirir un carácter consultivo. Empresarios y trabajadores negocian sabiendo que, si no hay acuerdo, será el Gobierno el que decida. Por eso, su disposición a ceder depende también de lo que esperan del decreto. Lo que hay que examinar es cuánto influyen sus posiciones en la cifra final y si la comisión produce acuerdos o simplemente formaliza el desacuerdo.
La serie histórica también permite comparar el desempeño de los distintos gobiernos. Durante la administración de Álvaro Uribe se logró un acuerdo en dos de ocho negociaciones; con Juan Manuel Santos, en tres de ocho; con Iván Duque, en dos de cuatro, y con Gustavo Petro, en una de cuatro. Estas diferencias sugieren que la capacidad del Ejecutivo para acercar al sector con el que tiene mayores diferencias, sean los empresarios o los sindicatos, puede influir en la posibilidad de alcanzar consensos. Sin embargo, esta capacidad no lo explica todo, pues los factores económicos también son fundamentales. Aun así, ningún Gobierno logró acuerdos en más de la mitad de sus negociaciones. Bajo este diseño, el acuerdo ha sido la excepción para todos.
Es importante reconocer que el Gobierno actual comenzó a abordar el tema del salario mínimo desde los primeros días de octubre, con el propósito de lograr un consenso entre los distintos actores. El incremento que se acuerde o decrete empezará a regir el 1.º de enero de 2027 y tendrá efectos sobre aproximadamente 2,4 millones de colombianos, según la cifra planteada en este análisis.
Uno de los aspectos más importantes para el país es tener claro que, en las actuales circunstancias, sería difícil justificar un incremento salarial por encima del 23 %, como el decretado por el Gobierno anterior, que estuvo entre los más altos de la historia del país. Por ello, la invitación a empresarios y sindicatos es a actuar con mayor responsabilidad y coherencia frente a la situación económica nacional, teniendo en cuenta que el panorama fiscal y el déficit por el que atraviesa Colombia no son los mejores.

Asimismo, es fundamental considerar no solo la inflación en Colombia, sino también otros indicadores económicos que inciden en la negociación. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 6,29 % en septiembre de 2026. A este indicador se suma la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad, coordinado por el Ministerio del Trabajo, que para la vigencia de 2025 fue del 0,91 %. También deben tenerse en cuenta el ingreso nacional y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Durante el segundo trimestre de 2026, el PIB aumentó un 3,5 % anual, según la serie original, y un 1,3 % frente al trimestre inmediatamente anterior.
De igual forma, es importante analizar la incidencia del incremento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República, que recientemente se situó en el 12,25 %. Este indicador forma parte del contexto macroeconómico que debe evaluarse al discutir el aumento salarial, junto con la inflación, la productividad y el desempeño de la economía.
Así las cosas, si se toma como referencia un incremento hipotético del 10 % sobre el salario mínimo vigente en 2026, establecido en COP 1.750.905, más un auxilio de transporte de COP 249.095, el ingreso mensual para 2027 se situaría en aproximadamente COP 2.200.000. En ese escenario, el salario básico pasaría a COP 1.925.996 y el auxilio de transporte a COP 274.005. Se trataría de una proyección y no de una cifra definitiva, pues el incremento oficial dependerá del resultado de la concertación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores o, en ausencia de un acuerdo, de la decisión que adopte el Gobierno nacional.
*Wilson Solano Rodríguez
MScE. – Director Programa de Economía, Universidad El Bosque
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
*Oscar David Melo Estrada
Director de la Especialización en Políticas Públicas, Universidad El Bosque
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas