¿A qué se enfrentan las
Circunscripciones Especiales de Paz?

Desde las adversas condiciones para las elecciones en la ruralidad colombiana hasta la instrumentalización de candidatos por parte de élites regionales y grupos armados ilegales, la implementación de las Curules de paz suma nuevos riesgos a los que ya encaran las víctimas del conflicto armado.

El 13 de noviembre, poco antes de cumplirse los cinco años de la firma final del Acuerdo de paz en el Teatro Colón, comenzó el proceso de inscripción de candidaturas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz pactadas en La Habana. Inicialmente fueron hundidas en el Congreso y luego revividas por la Corte Constitucional, para elegir a 16 víctimas del conflicto como representantes a la Cámara por un mismo número de territorios especialmente afectados en la guerra. En total, las áreas rurales de 167 municipios participarán de las contiendas.

Sin embargo, la elección de las Circunscripciones o Curules de paz llega en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, justamente en la gran mayoría de las regiones de su jurisdicción. En medio de la disputa armada de los grupos ilegales por el control territorial, y su consolidación en muchos casos, más de mil líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, una violencia que llegó a su pico en 2020, durante la pandemia, y que nuevamente va en aumento según el Programa Somos Defensores. Este año 77 masacres han esparcido de nuevo el terror en Colombia, de acuerdo con Indepaz, sin contar con el aumento de otras formas indiscriminadas de violencia, como el desplazamiento forzado. Colombia pasó de cerca de 32.200 desplazados en 2020 a 76.457 en lo que va del 2021, de acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

El miedo que ha silenciado a posibles candidatos, organizaciones sociales y electores, quienes demandan garantías integrales de seguridad, no es accidental. Cruzando información de la Defensoría del Pueblo y cinco organizaciones sociales dedicadas al registro de la violencia contra líderes sociales, esta alianza periodística registró al menos 1.185 agresiones contra el liderazgo de víctimas, uno de los más victimizados del país, tras la firma del Acuerdo. Entre las que sobresalen amenazas (que buscan acallar a los defensores, muchas de ellas colectivas mediante panfletos), homicidios y atentados. Algunos líderes también han denunciado montajes judiciales en su contra, en los que se les estigmatizaría y asociaría arbitrariamente con insurgencias. Dos de cada cinco agresiones documentadas (485) ocurrieron en municipios de Circunscripciones Especiales de Paz.

1.185
agresiones contra líderes y lideresas de víctimas en Colombia tras la firma del Acuerdo de paz (enero de 2017 - junio de 2021).
2 de 5
agresiones contra líderes/as de víctimas (485 de 1.185) ocurrieron en municipios de Circunscripciones Especiales de Paz.
Fuente: las infografías y cifras presentadas a lo largo del reportaje obedecen al cruce de las bases de datos que la Defensoría del Pueblo, MOE, Programa Somos Defensores, Codhes, Fundación Pares e Indepaz-Marcha Patriótica han destinado para el registro de agresiones contra líderes y lideresas sociales entre enero de 2017 y junio de 2021. Llama la atención que los registros de la Defensoría están por debajo de la mitad del consolidado total (521 de 1.185 agresiones individuales), demostrando dificultades para denunciar ante la institucionalidad, considerando además que cada organización tiene criterios conceptuales y metodológicos distintos para documentar y procesar la información. Para un funcionario del Ministerio Público, el subregistro oficial también se debe a que: “La pandemia hizo que fuera más difícil documentar, primero porque la gente se encerró y no tuvo la oportunidad, y segundo, porque el distanciamiento social también trajo que la gente no denunciara. A eso agregaría algo que confirmo cada vez más, no hay confianza en el Estado”. Crédito: Diseño El Espectador.

Las vidas y la salud mental de quienes han tomado las banderas de la representación de otras víctimas y la defensa de sus derechos, ya truncadas por el conflicto armado, han contenido posteriores violencias de quienes se perjudican por sus clamores de justicia y verdad, también dirigidas contra sus familias y comunidades. Muchos, incluso, han sufrido persecuciones —una segunda y tercera victimización—; al menos 179 hechos victimizantes en su contra ocurrieron tras agresiones previas. Ahora, en un nuevo contexto electoral, cuando históricamente la violencia ha sido utilizada en Colombia como arma política, las alarmas de más violencia inminente en su contra están encendidas.

Entre viejas y nuevas violencias

Los defensores de víctimas son voceros de aquellos que no tienen la posibilidad de hablar, bien sea por miedo o porque ya no están. Su reclamación de derechos apela a su conocimiento de hechos del pasado y la defensa de sus territorios, muchas veces un obstáculo para los actores del conflicto, como las campañas de terror y despojo que paramilitares en alianza con militares, ‘narcos’ y élites regionales desataron en diferentes zonas desde mediados de los años noventa. Gran número de defensores también provienen de lugares y organizaciones sociales estigmatizados arbitrariamente como ‘guerrilleros’, otro factor importante de riesgo.

De estos riesgos no escapan quienes han buscado defender a sus pares asumiendo la coordinación de organizaciones que les agremian y la dirigencia de las Mesas de Víctimas en sus diferentes niveles: municipales, departamentales y la Mesa Nacional. Fue el caso de lideresas como Derly Pastrana, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, quien a mediados de este año murió, 23 días después de un atentado, tras denunciar amenazas de muerte. Una de cada tres agresiones han sido contra mujeres (437 de 1.185).

1 de 3
agresiones han sido contra lideresas de víctimas (437).
Al menos
204
fueron contra representantes de organizaciones de víctimas.
Al menos
1 de 10
agresiones fueron contra representantes a las Mesas de Víctimas (123).
Al menos
80
fueron contra líderes reclamantes de tierras.

Las agresiones contra líderes de víctimas, independientemente de su identidad y de la proveniencia de los ataques, por lo general quedan en la impunidad. En la gran mayoría de las agresiones ni siquiera se conocen los presuntos responsables; de las que sí, grupos herederos del paramilitarismo encabezan la lista, seguidos por guerrillas y disidencias de las antiguas Farc, que generalmente delinquen y se disputan el control territorial en contextos de precariedad (como ocurre en el Pacífico), imponiéndose sobre los demás (como en gran parte de la Costa Caribe) o negociando su coexistencia (como en la subregión chocoana del San Juan, según la Defensoría y líderes locales).

Las disputas territoriales serían directamente proporcionales a la letalidad de las agresiones, de acuerdo con investigadores del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (Sisdhes) de Codhes. “Cuando los grupos armados están consolidados, el patrón de la violencia cambia, hay más amenazas para que la gente se vaya y otras afrentas contra la libertad de las personas”, afirman.

“Nunca habíamos tenido tantos grupos tan distintos”, como dice el citado funcionario del Ministerio Público refiriéndose a la variedad de estructuras armadas que van desde viejas bandas de narcotraficantes hasta diferentes grupos residuales que dejaron los procesos de desmovilización y reincorporación de bloques paramilitares y guerrilleros, algunos sin identificar plenamente. Además, no son grupos que necesariamente obedezcan a una única unidad de mando, como antaño. Por ejemplo, las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’, reducto de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y hoy día el grupo ilegal de mayor dominio territorial en el país, se encuentran en el Urabá, su centro de operaciones, y su expansión en los Montes de María se basaría en el accionar de bandas locales, de acuerdo con líderes de la zona, preocupados por el aumento de la violencia que allí han atestiguado contra defensores de víctimas.

A parte de los Montes de María, la violencia de los últimos años contra líderes y lideresas de víctimas angustia en otras Circunscripciones Especiales de Paz, como las que comparten municipios de Magdalena-La Guajira-Cesar, Nariño-Cauca-Valle del Cauca, el Pacífico nariñense y el sur de Córdoba, entre otras. En las Circunscripciones de paz se concentró la mayoría (56%) de los homicidios contra líderes de víctimas desde 2017, y los casos, indistintamente del tipo de liderazgo, se han concentrado en estas zonas en 2021 (52% de 74 homicidios, especialmente en zonas rurales), de acuerdo con el monitoreo del Sisdhes. Los registros de la MOE van en una dirección similar: los hechos de violencia contra líderes sociales, comunales y con visibilidad política que registraron en los municipios de Circunscripción Especial aumentaron de 135 en 2016 a 268 en 2020.

Las mujeres recibieron el
43 %
de las amenazas (338 de 781).

Impedimentos para las Curules

La aplicación de la votación de estas zonas de circunscripción, creadas por el acto legislativo 07 del 2017 y que hace parte del punto de participación política del Acuerdo de paz, viene acompañada de algunas dificultades propias de la ruralidad colombiana analizadas por la Misión de Observación Electoral (MOE).

Uno de los principales obstáculos es el acceso a los puestos de votación. De acuerdo con Diego Rubiano, sub-coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, la ubicación de estos puestos puede llegar a estar a más de 50 km de distancia de los territorios, haciendo casi imposible la tarea de votar. Además, al haber circunscripciones donde hacen presencia grupos armados, no existe una completa libertad para la movilidad por el territorio.

En el caso del centro poblado de La Tunia, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), la distancia hasta un puesto de votación era de 68.56 km para las elecciones locales del año 2019. Véase también el caso del centro poblado de Las Delicias, del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), donde la distancia alcanzaba 66.67 km, según un informe realizado por la MOE llamado “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para Cámara de Representantes (2022-2026 y 2026-2030)”.

Adicionalmente, la falta de conocimiento de los procesos electorales afectaría a estas poblaciones. La MOE habría evidenciado que en muchos territorios no se sabría cómo presentar una candidatura, bajo qué condiciones hacerlo, ni por quién se votará para las Curules de paz. Al panorama se le suma el impedimento que muchos tendrán para votar por el hecho de no tener una cédula con la cual hacerlo. Los proyectos de cedulación que ejecuta la Registraduría se verán retados por las distancias y la accesibilidad a territorios remotos marcados por la guerra.

En el informe realizado por la MOE, se registró que dentro de las Circunscripciones Especiales de Paz habrían unos 40 municipios con déficit de cedulación, la cuarta parte de los que conformarán estas circunscripciones, de acuerdo con el censo electoral del año 2019. El periodo de postulación de candidatos termina el 13 de diciembre y un mes después finaliza la campaña especial de cedulación en estas circunscripciones y la inscripción de cédulas para estos comicios.

Sin embargo, los riesgos electorales no solo abarcan la accesibilidad a la votación, también se traslapan con las narrativas políticas que se manejan sobre estos territorios. Según Wilson Castañeda, director de la corporación promotora de los derechos de la comunidad LGBTI+ Caribe Afirmativo, sectores políticos han fomentado la idea estigmatizante de que las Curules de paz serían destinadas a miembros o simpatizantes de las antiguas Farc, invisibilizando los derechos de las víctimas y reduciendo la idea de las curules a un espectro político de izquierdas y derechas.

Llegar a la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz no fue tarea fácil, como se evidencia en la línea de tiempo de este especial. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, afirma que las normas a nivel legislativo que permitieron la creación de estas curules fueron “resistidas fuertemente por el establecimiento”; solo se lograron vía Corte Constitucional y no por la voluntad del Congreso, que las hundió en dos ocasiones. Aunque se logró su creación, la legislación aún sería restrictiva y dejaría por fuera a gran parte de las víctimas del conflicto.

De las más de 9 millones de víctimas en Colombia reconocidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) desde 1985, más de 8 millones fueron desplazadas forzadamente, imposibilitando a muchas lanzarse como candidatas y votar en las elecciones. Para presentarse, es obligación haber residido en el territorio que planean representar durante los últimos tres años o estar en proceso de retorno, requisitos imposibles de cumplir para las víctimas que fueron desterradas y no tienen garantías para regresar.

En la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar se evidencia lo que sería otro obstáculo para algunos, a pesar de quienes apoyan la norma. Allí, José Luis Peralta ve frustradas sus intenciones de aspirar a una de las 16 curules para víctimas, debido a que uno de los requisitos para presentarse como candidato reza lo siguiente: “Tampoco podrán postularse a estas elecciones aquellos que hayan sido candidatos o elegidos para un cargo público con el aval de un partido o movimiento político con representación en el Congreso o personería jurídica. Asimismo, no podrá participar quien haya sido parte de la dirección de estos”. José Luis Peralta ya tuvo una experiencia política entre los años 2008 – 2011 como concejal de su municipio natal, Pueblo Bello, Cesar. Afirma que es una medida “injusta”, pues antes de los Acuerdos de paz, si un líder quería trabajar por su comunidad desde la política y llegar a cargos administrativos, debía “sí o sí” acercarse a los grandes conglomerados políticos.

Además, las organizaciones sociales deben cumplir con ciertos requisitos para participar en el proceso electoral. Uno de ellos es contar con un título jurídico durante al menos 5 años, lo que deja por fuera a las organizaciones que no han sido reguladas por el Estado y que se han regido bajo procesos espontáneos y autónomos en sus territorios. El conflicto armado ha obligado a que muchas organizaciones emerjan en un contexto de presiones violentas de los grupos armados, lo que ha imposibilitado su registro ante el Estado, como explica Yepes. Muchas veces tampoco cuentan con acceso a la banca, lo que entorpece la recepción de los fondos públicos destinados para las campañas.

Justamente, uno de los retos que más preocupan a los posibles candidatos entrevistados es la financiación de sus campañas. Mientras que el decreto que dio luz a las curules dice que la financiación será preponderantemente estatal, atendiendo y otorgando equitativamente los dineros donados al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales, algunos se muestran incrédulos al respecto. Luis Alfonso Castillo, vocero nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), opina que existe un riesgo de que este tipo de financiación se vea cooptada por intereses de terceros: “El partido de Gobierno podría facilitar unos flujos para algunos y demorarlos para otros”. Otros líderes consideran que aquellos candidatos que hagan alianzas con élites políticas y económicas ni siquiera necesitarán de la financiación estatal y tendrán ventaja sobre los demás.

Según el mapa del proyecto “Cartografías de la Información”, construido por La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), al menos una tercera parte del territorio nacional eran “zonas de silencio” para el año 2019, lugares donde no existía ningún medio de comunicación local que informara sobre la situación de sus municipios. Una tercera parte del país marcada por la desigualdad, donde los candidatos no tienen mayores canales paracomunicar sus propuestas y, los electores, por dónde conocerlas.

Más del 65% de los municipios de Circunscripciones Especial de Paz (111 de 167) hacen parte de estas zonas de silencio, sin contar aquellos donde hay medios insuficientes e información de baja calidad. Principalmente inquieta el silencio de los municipios que conforman las circunscripciones de Nariño, Cauca, Antioquia y Caquetá, entre otros departamentos donde habrá más obstáculos para la participación política. La injerencia y presiones que ejercen grupos de poder sobre los medios alternativos como radios comunitarias también preocupa a los líderes.

“Estamos viendo un retroceso grande, cada vez es más frecuente que los grupos armados presionen a los medios para que difundan cierta información, instrumentalizándolos, que los pone en riesgo”, comenta Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, para quien el panorama del cubrimiento electoral en la ruralidad afectada por el conflicto está atravesado por el miedo, donde abundan las agresiones contra la libertad de prensa y “hay ausencias de ejercicios de veeduría, control y contrapoder”.

En un contexto de por sí difícil para informar sobre temas sensibles, como los intereses de los poderes económicos de las regiones y el Acuerdo de paz, en las elecciones aumentan los retos. “Es mucho más difícil y complicado, donde hay que hablar de los grupos de poder, los legales e ilegales, los grupos de poder religiosos son más intocables. Ese miedo, lo que terminó generando el conflicto y la guerra contra el periodismo, rompió el tejido comunicativo en la gran mayoría de comunidades colombianas y recomponerlo tomará mucho tiempo y necesitará un blindaje y un acompañamiento de muchos sectores”, explica Bock.

Más del
65 %
de los municipios de Circunscripciones Especial de Paz (111 de 167) están en silencio: no tienen medios de comunicación (FLIP, 2019).

En la agenda del poder

Faltando alrededor de cuatro meses para las elecciones de las 16 curules para las víctimas, comienzan a perfilarse algunas agendas de los candidatos. En términos generales, los líderes y las lideresas entrevistadas comparten dos temas: el cumplimiento de la Ley 1448 o ‘Ley de Víctimas’ y la implementación integral de lo pactado en los Acuerdos de paz de 2016. En suma: garantizar los derechos de las víctimas, sin embargo, otras propuestas varían según cada territorio.

En el Cauca, por ejemplo, el líder Víctor Hugo Moreno, vocero amenazado que hizo parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y hoy se perfila como candidato para las Curules de paz, hace especial énfasis en exigirle al Gobierno el cumplimiento de la normativa relacionada con el bienestar de las comunidades afro y la seguridad de las organizaciones en los territorios. Es el caso de la Ley 4635, por la cual se dictan medidas para la restitución de tierras de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y del Decreto 660 del 2018, que crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Otros líderes que compartieron sus agendas fueron Orlando Uribe Medina, quien desde la Mesa Departamental de Víctimas del Vaupés (departamento fuera de las Circunscripciones de Paz) habla de procurar oportunidades para los jóvenes que busquen seguir estudiando y trabajar después de salir del colegio, y José Armando Mendoza Sarmiento, representante de la Organización Afrocolombiana Víctimas del Conflicto Armado en Colombia (Afrovic), quien en sintonía con Moreno, también lucha por el bienestar de las comunidades étnicas.

Algunos líderes afro son conscientes de que las curules de víctimas son escasas y los aspirantes abundan, por ello ya empiezan a distinguir alianzas entre líderes y representantes o presidentes de concejos comunitarios con agendas similares, proximidad regional, o quienes representen a los mismos grupos étnicos. Mendoza planea hacer campaña en conjunto con otros 20 líderes y representantes afro, quienes van a estar alrededor de su candidatura para apoyarlo. Jorge Clareth, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Bolívar, también ha consolidado una red de apoyo con otros líderes sociales de la Costa Caribe.

Sin embargo, varios líderes se pusieron de acuerdo al decir que sus luchas van dirigidas a mejorar la vida de la gente y “cambiar la realidad” de las regiones, un status quo impuesto por la vía armada, lo que les significa un riesgo latente. Un grupo de investigadores de la Universidad ICESI, apoyado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), explotaron la relación entre la participación electoral de los últimos años (2016 - 2020) y la presencia e influencia de grupos de poder en los territorios, en una serie titulada “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: análisis del asesinato de líderes sociales en Colombia”. Entre sus hallazgos, destaca la conexión entre el autoritarismo de élites locales, legales e ilegales, y la represión de movilizaciones sociales y políticas que signifiquen un peligro para su dominio.

“No es un secreto para nadie todos los asesinatos de líderes y sobre todo esos líderes que son más visibilizados por todas esas acciones que emprenden en el territorio. Acciones de restitución de tierras, acciones de reparación colectiva, acciones de participación, acciones por denuncias por contratos que están mal hechos”, comenta Clareth; acciones que van en contravía de poderosos intereses políticos y económicos en uno de los países más desiguales y de mayor concentración de la tierra en la región. Uno de los grandes riesgos que están asumiendo los líderes que participarán de los comicios por las Curules de paz con agendas de construcción de paz es enfrentarse a los ‘autoritarismos locales’ que no les convienen aperturas democráticas en sus zonas de control.

Ante este interés por romper con el hermetismo del poder local, “la pregunta es cómo van a reaccionar las élites locales que utilizan la violencia para mantener el estatus quo, cuando la violencia es una herramienta política en Colombia y hay actores políticos con acceso al mercado de la violencia”, se pregunta Kyle Johnson, co-fundador e investigador de la fundación Conflict Responses.

La tradición es que las jornadas electorales en las zonas rurales del país se tiñan de sangre. “En Colombia, durante periodos asociados a las elecciones y las campañas, la violencia política tiende a intensificarse”, afirman los investigadores de la ICESI.

Otro de los grandes temores que se cierne sobre las elecciones es la intervención de partidos políticos tradicionales que, aunque en la norma no tienen permitido participar, en la práctica podrían encontrar la forma de incidir en los resultados, por ejemplo, respaldando candidatos, financiando campañas y haciendo alianzas con organizaciones de víctimas. En palabras del citado funcionario del Ministerio Público: “Los grupos políticos se pelearán todo de todas las maneras, desde los Consejos de Juventud, luego las Juntas de Acción Comunal —ambas elecciones son a finales de este año— y luego las Curules de paz… Se peleará desde lo más local hasta lo nacional, por eso esa forma de construir proyecto político: plata y presión, plata y violencia, plata y corrupción”.

El clientelismo y la corrupción que han marcado la política colombiana por décadas podría aprovecharse de las curules. “Los actores políticos tradicionales ya están buscando alianzas en la Costa Caribe. Hay unos en Sucre que ya se están moviendo con su respaldo, unos no tendrían dificultad para aceptarlo, porque vienen de lo más tradicional. Se están tratando de hacer alianzas, sobre todo con gobernadores y alcaldes”, afirman investigadores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que pidieron la reserva de su nombre, considerando el peligro en el que podían poner a sus interlocutores en territorio.

Para las víctimas la problemática no es un secreto e incluso el pesimismo ya se hace notar entre candidatos y votantes. “Estos poderes locales que hoy en día están muy cooptados por las mafias también de los negocios ilegales, inciden hasta quién queda en la Presidencia, así sea de partidos tradicionales. Y en este caso quieren meter la mano también para que las curules de las víctimas figuren a nombre de las víctimas, pero queden bajo este mismo círculo de poder”, dice uno de los defensores de la Mesa Nacional de Víctimas entrevistado.

En la agenda de las armas

El fantasma de grupos armados interviniendo en elecciones está vivo en las regiones, incluyendo intentos por boicotearlas, como han hecho las antiguas Farc y el Eln, y por aprovecharlas, recordando las alianzas electorales entre paramilitares y decenas de políticos como gobernadores, alcaldes y congresistas, fenómeno mejor recordado con el nombre de ‘parapolítica’, que habría golpeado especialmente a la Costa Caribe y al departamento de Antioquia. Con el panorama actual, enrarecido por múltiples actores —muchos sin identificar plenamente—, sobre todo dedicados al aprovechamiento de negocios ilegales, queda el interrogante de cuál será su papel en las próximas elecciones.

Sin embargo, las élites políticas y económicas no serían las únicas interesadas en contar con representación en el Congreso a través de las curules de las víctimas, advierten liderazgos en municipios de las Circunscripciones de paz. Con dineros ilegales y violencia selectiva, grupos armados buscarían incidencia. Silenciados o desterrados terminarían quienes no los legitimen. Esta situación es especialmente preocupante en zonas donde se ha consolidado el poderío de un actor armado, que decide sobre la conducta de la población, como ocurre con las Agc en el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá y, más recientemente, los Montes de María, donde estarían expandiéndose, amendantrando a las comunidades y obligando a líderes a silenciarse o abandonar el territorio.

De acuerdo con un líder montemariano que prefiere mantenerse anónimo por seguridad, las Agc estarían evitando el proselitismo de líderes sociales de formas directas, amenazándolos y declarando objetivos militares a aquellos que se reúnan con las comunidades para hacer campaña política, e indirectas, con estrategias como forzándolos a manifestar públicamente su apoyo al candidato del grupo armado. “Las Agc en Montes de María han estado preguntando a posibles candidatos, intimidando diciéndoles que cuentan con su apoyo para cualquier cosa que necesiten”, aseguran los citados investigadores del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto, en un contexto en el que dicho grupo neoparamilitar estaría gestionando recursos públicos para mejorar la calidad de vida de algunas comunidades de la región con proyectos de electrificación, de acuerdo con denuncias de líderes locales. “Estamos viendo un capítulo 2.0 de la parapolítica”, dice uno.

La zozobra que viven los líderes sociales con aspiraciones políticas exiliados de los Montes de María la comparten los desterrados del sur de Córdoba, quienes se preguntan “¿cómo un líder se va a un territorio del que fue expulsado, donde es señalado, donde es declarado objetivo militar, a hacer campaña?”, como expresó José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). Por el desplazamiento forzado de estos dirigentes y su imposibilidad para retornar, para Arnobis Zapata, compañero de Ortega en Ascsucor, no hay forma que las organizaciones campesinas puedan alcanzar la Circunscripción Especial de Paz para esta región.

Los desplazamientos forzados y demás agresiones contra los líderes tienen un efecto aleccionador sobre las organizaciones sociales y las comunidades. “El miedo claramente es un mecanismo, es una intencionalidad de los actores armados para que la gente se paralice, no reaccione, asuma la desconfianza, no sepa muchas veces diferenciar cuál es esa amenaza real”, afirma Dora Lancheros, sicóloga social de la Comisión de la Verdad. Varios líderes concordaron que las agresiones e intentos de instrumentalización política por parte de los grupos de poder —armados y políticos— han silenciado voces de víctimas, frenado veedurías, impedido reuniones e inmovilizado a otros liderazgos, afectando así el tejido social de las comunidades, generando conflictos entre ellas y entreviendo la posibilidad de ‘sillas vacías’ para algunas Curules de paz.

El dilema de la inseguridad

Las garantías de seguridad para candidatos y votantes son condiciones mínimas para la celebración democrática de cualquier jornada electoral, algo que líderes de víctimas de diferentes territorios ven con escepticismo, sobre todo cuando han atestiguado históricas agresiones en su contra. A esto se le suman escenarios de corrupción que involucran ejercicios de violencia y territorios donde los grupos armados limitan su participación con estrictos controles sociales que impiden que se reúnan y hagan campaña. “En las pasadas elecciones locales hubo candidatos que no pudieron ejercer campaña y tuvieron que huir. Amedrantan a sus familias porque amenazan el status quo. Eso los pone en una situación difícil, viéndose asediados por grupos al margen de la ley y por grupos políticos tradicionales que se sienten amenazados por este tipo de candidaturas”, asegura Víctor Hugo Moreno.

Líderes como José David Negrete, de la Mesa Nacional de Víctimas, concuerdan con Moreno. “Nos están estigmatizando con el tema de las amenazas, con todo lo que puede transformar la realidad en territorio y eso conlleva a que nosotros tengamos un poco de miedo referente al tema de Curules para la paz”, afirma. Miedo sustentado en el conocido escenario de la desprotección actual para el liderazgo social, en el que queda la pregunta de qué hará de más el Estado para protegerles la vida, cuando en más de 50 ataques de defensores de víctimas desde el 2017, como el que fraguaron contra Derly Pastrana, los líderes habrían tenido asignadas medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “El esquema de la UNP —entidad encargada de velar por su integridad en contextos de riesgo— también le da desconfianza a la gente para reunirse contigo”, mencionó un líder social de los Montes de María que pidió proteger su identidad. Al cierre de esta edición, ni la UNP ni la Fiscalía habían respondido a derechos de petición en los que se les manifestó dicho interrogante.

En al menos
51
casos tenían esquemas de protección de la UNP y en 16 los habían solicitado.

Mientras los liderazgos siguen reclamando soluciones integrales de seguridad que incluyan enfoques diferenciales, colectivos y territoriales —considerando que la mayoría de las Circunscripciones Especiales de Paz se votarán en áreas rurales aún marcadas por el conflicto—, han tenido que recurrir a mecanismos de autoprotección que les da la experiencia y el trabajo en red, entre ellos mismos y con sus comunidades. Aparte de estrategias como el uso de canales seguros de comunicación y el fortalecimiento de guardias civiles desarmadas como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona, consideran que debe haber unas acciones mínimas para proteger a candidatos y electores.

Una primera petición es que los mismos defensores y comunidades intenten buscar vías para denunciar posibles cooptaciones de candidatos, verificando que sean reconocidos líderes que se destaquen por su labor social, así como irregularidades en el mismo proceso electoral que puedan comunicar, informándose sobre sus derechos y deberes, y las rutas de veeduría que tendrán disponibles. Además, “tener gente de confianza en puestos de control el día de votación”, como dice Monica Arrieta, de la red de Nosotras Ahora, incluyendo organismos internacionales que puedan vigilar el desenvolvimiento de las votaciones, “desde este momento hasta cuando ellos ya estén como congresistas y seguir acompañándolos”, como sugiere Eliécer Sierra, de la Mesa Departamental de Sucre. Otra medida de autoprotección, dicen algunos líderes, es la moderación de sus agendas políticas, procurando escoger inteligentemente sus banderas para disminuir potenciales riesgos mortales.

Ante todos estos escenarios, nadie sabe realmente qué pasará con los líderes de víctimas que se postulen para las Curules de paz y qué pasará con ellos en los cuatro años de su mandato. Se espera que los 16 candidatos que lleguen al Senado actúen en propósito de la reparación de las víctimas pero, ¿quiénes realmente son las víctimas que pretenden representar?

Los requisitos del Registro Único de Víctimas para registrarse como víctima incluyen pero al mismo tiempo excluyen a millones de personas, al igual que el reglamento para la participación en estas curules. ¿Qué pasa con las víctimas de períodos anteriores a 1985 que no cubre el RUV, las personas desplazadas sin opción de retorno, las víctimas en las ciudades, las personas que se consideran “víctimas en filas” de las antiguas Farc? La lista es larga. ¿Realmente, las víctimas de las Farc, que también pueden ser militares afectados por el conflicto armado, pueden considerarse representativas para las víctimas que ha dejado el Estado o el Ejército?

De ahí surgen muchas preguntas. Los candidatos que vayan a ocupar las Curules, ¿representarán a su grupo o a comunidades más grandes? ¿Van a lograr construir puentes entre ellos y trabajar juntos en el Congreso? Igual de importante, ¿los que pierden cómo se van a posicionar? ¿Van a apoyar al candidato que ganó o trabajar en su contra esperando una oportunidad para el segundo y último periodo de estas circunscripciones?

El especial 'Defender la Paz; una labor de alto riesgo' fue apoyado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia - FESCOL, a través de su proyecto 'Violencia y Órdenes Políticos Locales en el Posacuerdo' y construido por Colombia+20 de El Espectador y Rutas del Conflicto.