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El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la ONU y liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).
En este marco, el Gobierno Nacional, a través de diferentes entidades, presentó los avances más recientes en su estrategia en esta materia, con tres frentes que, aunque distintos, comparten una misma lógica: cerrar los espacios donde confluyen crimen organizado, redes políticas y fallas en los sistemas de control. Se trata del balance de la Estrategia Nacional de Integridad Portuaria, la Línea Anticorrupción 157 y las acciones internas del Ministerio de Defensa tanto preventivas como de investigación sobre presuntos casos de corrupción al interior de las entidades que hacen parte del sector.
En conjunto, estos esfuerzos muestran un proceso en el que el Estado busca fortalecer herramientas de prevención, estandarizar procesos de debida diligencia, mejorar la trazabilidad de las denuncias y reducir vacíos institucionales que han permitido la infiltración de redes criminales y prácticas irregulares en distintos escenarios.
Los tres componentes —el trabajo en los puertos, el canal único de denuncia y el control interno sectorial— comparten un eje transversal: la necesidad de contar con información verificable, metodologías claras y articulación entre entidades para identificar riesgos, priorizar casos y adoptar medidas tanto preventivas como investigativas.
La integración de estos sistemas también implica la participación de actores nacionales, territoriales, públicos y privados, lo que permite que los hallazgos y recomendaciones vayan más allá de la identificación de irregularidades y se conviertan en capacidades sostenibles dentro de las entidades.
La estrategia nacional en los puertos
La Estrategia Nacional de Integridad Portuaria, desarrollada por UNODC, se convirtió en una iniciativa sin precedentes al mapear de manera sistemática la corrupción vinculada al crimen organizado en los puertos colombianos.
Entre marzo de 2024 y noviembre de 2025, el proyecto realizó visitas in situ y mesas de trabajo en los cinco nodos portuarios estratégicos del país —Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Turbo— lo que permitió identificar patrones territoriales de vulnerabilidad y amenazas asociadas a delitos como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos. En esta fase inicial se documentó cómo operan las economías ilícitas en cada puerto y cuáles son los puntos críticos donde se abren fisuras en los controles institucionales.
Entre julio y agosto de 2024, mediante entrevistas semiestructuradas con actores institucionales y privados, se identificaron 37 tipologías de corrupción que describen el funcionamiento concreto de prácticas como la contaminación de carga, la manipulación irregular de inspecciones y controles, el uso fraudulento de regímenes aduaneros y zonas especiales, la cooptación de personal estratégico y la simulación de operaciones de comercio exterior, así como el aprovechamiento de fallas en la seguridad marítima.
Con base en este trabajo, en agosto de 2024 se consolidaron siete tomos que incluyen un análisis del marco normativo y de gobernanza del sistema portuario, estudios detallados de cada uno de los cinco puertos estratégicos y una cartilla que compila las 37 tipologías identificadas.
A partir de esos hallazgos, durante el primer semestre de 2025 se construyó el Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, una herramienta metodológica que permitió identificar 151 riesgos específicos de corrupción en los procesos logísticos del país. Este sistema integró información y análisis provenientes de entidades estratégicas.
“Este sistema permitió evidenciar específicamente cuáles procesos de la cadena logística son vulnerables a cada tipología y dónde los controles deben fortalecerse. La arquitectura del Sistema de Valor integra a actores públicos (DIAN, INVIMA, ICA, Armada Nacional (DIMAR), Policía Nacional, Superintendencia de Transporte) y operadores privados, generando herramientas compartidas para respuestas coordinadas” indicó Andrea Agudelo, Coordinadora Regional Anticorrupción de UNODC.
Con base en todo ello, el pasado 5 de noviembre el mapa de riesgos fue presentado oficialmente a nivel central, y entre el 6 y el 25 de noviembre se realizaron encuentros territoriales en Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Santa Marta y Turbo. Estas jornadas permitieron que las autoridades nacionales y territoriales reflexionaran sobre cómo los riesgos se expresan en los procesos internos de cada puerto, fortalecieran sus capacidades técnicas y definieran prioridades de acción coherentes con sus realidades operativas.
Asimismo, UNODC y la Fiscalía trabajan en una guía metodológica para la investigación del crimen organizado asociado a corrupción y delitos de alto impacto, y se realizan sesiones de formación para funcionarios del sector portuario, de acuerdo con los retos identificados en septiembre de 2025.
Esfuerzos conjuntos, la apuesta hoy
Por otra parte, la Línea Anticorrupción 157, creada como una de las iniciativas del Decreto 1600 de 2024, liderado por la Secretaría de Transparencia, se consolidó como un pilar de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, un esfuerzo integral orientado a fortalecer a las instituciones, recuperar la confianza ciudadana y promover una cultura de revalorización y cuidado de lo público.
“La línea garantiza la protección a denunciantes y ofrece confidencialidad y seguridad a quienes reporten presuntos hechos de corrupción”, señaló Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia y Ministro encargado de Justicia y del Derecho.
Este mecanismo fue habilitado en el primer semestre de 2025 como canal institucional de denuncia y, desde su lanzamiento en enero, ha recibido más de 26.317 llamadas y permitido la apertura de al menos 121 investigaciones.
Según los informes de gestión, la línea también facilitó la radicación de 85 casos ante la Fiscalía General de la Nación y generó siete mesas de trabajo con la Dirección Especializada contra la Corrupción, donde se socializaron denuncias relacionadas con delitos contra la administración pública. Diez de estas denuncias fueron clasificadas como de especial interés debido a las altas cuantías de responsabilidad fiscal involucradas.
El análisis estadístico de las denuncias recibidas muestra que el delito más reportado es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (32%), seguido por interés indebido en la celebración de contratos (22%), cohecho propio (16%), peculado por apropiación (10%), y falsedad ideológica en documento público (4%). También se registraron casos de prevaricato por acción, cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Los recursos involucrados en estos casos ascienden a 439.015 millones de pesos, con afectaciones patrimoniales especialmente altas en Santander, Bogotá, Tolima, Cundinamarca y Guaviare.
Por su parte, desde el Ministerio de Defensa se estableció la línea 157 como canal único de denuncia ciudadana del sector defensa y fortaleció el Grupo de Legitimidad, Transparencia e Integridad, encargado de recepcionar y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias sobre hechos presuntamente irregulares.
Este grupo tramitó más de 400 PQRSD por presuntos hechos de corrupción en 2025. En cuanto a casos específicos, durante el segundo semestre del año se adelantó la debida diligencia de más de 25 macrocasos, con un promedio de 3,75 actuaciones por caso, de los cuales el 72% fue trasladado a los entes de control. La mayoría correspondió a hechos relacionados con contratación estatal.
“Estas acciones permitieron mejorar procesos de prevención y de debida diligencia para mitigar los riesgos de corrupción, particularmente aquellos que ocurren en el ámbito de la contratación estatal, la omisión de la política pública en los procedimientos institucionales, entre otros”, mencionó el ministro Pedro Sánchez.
La línea ha sido objeto de cuatro visitas estratégicas, incluida una de UNODC, y se encuentra preparada para atender denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales durante el periodo 2025–2026.
A la fecha, se ha avanzado en la socialización y adopción de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (Decreto 1600 de 2024), los Programas de Transparencia y Ética Pública (Decreto 1122 de 2024), la Guía para la Gestión Integral del Riesgo V7, la medición del Índice Anticorrupción y la implementación del Sistema de Alertas en Contratación (Helios) a partir de datos abiertos del SECOP II, esta última iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa también suscribió un memorando de entendimiento con la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer las investigaciones asociadas a violaciones de la libre competencia en contratación y priorizar medidas sancionatorias.
Además de las medidas centrales, el sector desplegó una serie de acciones complementarias para enfrentar los riesgos de lavado de activos asociados a la corrupción. Se realizaron jornadas de fortalecimiento en lavado de activos y financiación del terrorismo, y el sector participó en las mesas de la Comisión de Coordinación Institucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla). También acompañó la construcción de la Guía de Debida Diligencia del Ejército Nacional, que establece verificaciones documentales, revisión de procedimientos, análisis de información e identificación de alertas durante la contratación.
A esto se sumó la elaboración de insumos sobre tipologías de corrupción y lavado de activos, y la creación de la Junta de Acción para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Jalaft), una instancia basada en nueve pilares que busca fortalecer la cultura antilavado, promover la investigación de casos y mejorar la articulación institucional, y está encargada de desarrollar e implementar la política de integridad.