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Hablar de la independencia económica de las mujeres nos remite apenas al siglo pasado, cuando las mujeres, en la lucha por sus derechos, se dieron a la tarea de buscar más participación como fuerza de trabajo, en la academia y en instancias de participación política. Sin embargo, las brechas de género persisten, y como resultado de la pandemia en muchos campos se incrementaron, perpetuando la dependencia económica en el concepto de un hombre “proveedor” del hogar.
Pero, ¿qué pasa con las mujeres que sufren la muerte de su pareja? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, en los últimos años el porcentaje de mujeres viudas ha aumentado, pasando del 6,8 % en 2019 a un 7 % en 2021, un incremento en el que “tuvo efecto la mortalidad por covid-19”, según explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
Aunque se pensaría que tanto hombres como mujeres se ven afectados, el porcentaje de mujeres viudas en Colombia es muy superior al de los hombres, que pasó del 1,6 % en 2018 al 1,8 % en 2021, dejando en evidencia que las mujeres son quienes viven la carga de asumir los retos de la viudez.
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En el mundo hay más de 258 millones de viudas y, según Naciones Unidas, una de cada diez de ellas vive en la pobreza extrema. Sumados a este factor económico, la violencia, la revictimización, el abandono y el deterioro en la salud son algunos de los efectos que viven las viudas y que después de la pérdida de su cónyuge representan un obstáculo para sus derechos y para llevar una vida digna.
La vejez, las enfermedades y, como explicó el director del DANE, el covid-19 son varias de las razones para que suba el número de viudas. Pero en el caso colombiano, el conflicto armado, que implica homicidios, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, donde la mayoría de las víctimas son hombres, contribuyen a que se incremente este número y se vean más expuestas a vulneraciones de sus derechos.
Las barreras económicas
Cuando hablamos de viudez, tenemos que hablar de pensiones y autonomía económica, pues del total de viudos en Colombia, para 2021, el 32,6 % correspondió a mujeres mayores de 60 años y el 9,9 % a hombres del mismo grupo de edad. Enfrentarse a la viudez cuando ambas partes gozan de una pensión por vejez conservaría la autonomía económica de las mujeres, sin embargo, el panorama es muy distinto. De acuerdo con la investigación “Evaluación de políticas pensionales para reducir la brecha de género en la etapa de retiro en Colombia”, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la probabilidad de pensionarse siendo mujer es del 15,12 %, mientras que la de los hombres es del 26,56 %; el objetivo de la pensión en zonas urbanas es más utópico, las mujeres tienen una probabilidad del 4,18 % y los hombres del 9,07 %.
El hecho de no poder acceder a una pensión, como medio de sustento para la vejez, implica que las mujeres viudas, y en general las mujeres de la tercera edad, se vean más expuestas a condiciones de pobreza y pobreza extrema. La abogada Juliana Morad, de la Universidad Javeriana, especialista en derecho laboral y seguridad social, explica que el sistema pensional del país está atado a los roles de trabajo, lo que en últimas termina replicando las brechas de género que se presentan en el mundo laboral (inequidad de salarios, mayor desempleo e informalidad para las mujeres) en el mundo pensional.
“Hay diferencias impuestas socialmente que colocan a las mujeres en una peor situación frente a los hombres. Esto hace que muchas mujeres cuando llegan a la vejez no han trabajado, ya cada vez menos, o estuvieron en el mercado informal por distintas razones, muchas asociadas a su rol de cuidado, no van a tener un ingreso durante su vejez producto de una larga vida de trabajo, sino que van a seguir dependiendo de sus parejas o van a tener que seguir trabajando”, explica Morad.
Una alternativa para las viudas es la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media que, cuando fallece el afiliado, se otorga en primera instancia a la cónyuge o compañera permanente del fallecido. En Colpensiones, el 87 % de las pensionadas con este sistema son mujeres, es decir, 313.139, frente a 45.774 hombres, y la mayoría de ellas está entre los 60 y los 84 años.
Morad explica que una alternativa es que “el sistema de pensiones o un ingreso en la vejez debería garantizarse a todas las personas, hayan sido o no trabajadoras, sobre todo porque la mayoría que no han trabajado o las más perjudicadas en el mundo del trabajo son mujeres”.
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Ahora, en el caso de que ninguno de los dos tenga acceso a la pensión, los riesgos de vivir en condiciones de pobreza son mayores para las viudas, pues también tienen menores posibilidades de acceder a productos financieros. Quienes quedan viudas a una menor edad deben asumir toda la carga del trabajo de cuidado no remunerado y del sustento económico del hogar, son cabezas de hogar, que como ya lo ha demostrado el DANE, en este tipo de hogar la pobreza monetaria llega al 42,9 %, 5,9 puntos por encima de los hogares con un hombre como jefe, donde el porcentaje es del 37 %.
El conflicto armado y sus viudas
Para 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó que el conflicto armado en Colombia había costado la vida de al menos 262.197 personas, una cifra que, para este año, según el Registro Único de Víctimas (RUV), llegó a 273.379 muertos, de los cuales 24.391 eran mujeres, es decir, el 8,9 %.
En el caso de las desapariciones forzadas en el marco del conflicto el panorama es similar: las cifras no concuerdan. Informes hablan de más de 100.000: 80.631 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2020, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica; 99.235 de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y 50.634 víctimas únicas directas de desaparición forzada, según el RUV, de las que 5.477 son mujeres, es decir, el 10,8 %.
Si bien en ambos casos el mayor porcentaje de víctimas directas han sido los hombres, las mujeres (muchas de ellas sus compañeras), hijas, esposas madres y hermanas son quienes han asumido la búsqueda de sus desaparecidos y de justicia.
Pese a las barreras y el riesgo que implica ser buscadoras, Salomé Gómez, coordinadora del grupo de trabajo de género en la Comisión de la Verdad, explicó en abril de este año que “se estima que en promedio han dedicado 17 años a la búsqueda de personas desaparecidas”.
En las regiones donde más se han presentado estos hechos de violencia, como Antioquia que es el departamento con el mayor número de eventos (24 %), seguido por Meta (8 %), Valle del Cauca (4,8 %), Cesar (4,3 %) y Caquetá (4,2 %), las mujeres y viudas además de padecer los efectos económicos mencionados anteriormente, también se enfrentan a revictimizaciones por parte de las instituciones y de los grupos armados, a violencias basadas en género, desplazamientos y la pérdida de sus tierras.
Pese a que la Unidad de Víctimas se basa en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) para hacer un acompañamiento psicosocial en procesos de búsqueda y entrega real o simbólica de cadáveres, de personas dadas por desaparecidas y de víctimas de homicidio, con un enfoque diferencial de género, las acciones no cuentan con un espacio diferenciado para las viudas. Misma razón por la que es difícil precisar el número exacto de ellas y se incluyen como mujeres víctimas.
Como explicó la Unidad de Víctimas, el objetivo de estos espacios es “hacer visible la afectación, mitigar el impacto emocional, dignificar la memoria de las víctimas y fortalecer los mecanismos de afrontamiento de los familiares que transitan en el camino de la búsqueda de su ser querido. Se busca permitir el desarrollo de un espacio digno para los ritos y homenajes a la memoria según cada costumbre, teniendo en cuenta los Enfoques Diferenciales y de Género, y garantizando la participación de los familiares”.
Para ello brindan hospedaje, alimentación y transporte a familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio, familiares de víctimas directas en procesos de búsqueda y entrega digna real o simbólica víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, así como se reconocen la memoria del desaparecido y los recursos de afrontamiento y resistencia que ha tenido la familia en medio de la ausencia y la pérdida del ser querido.
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En los procesos de búsqueda la Unidad de Víctimas ha acompañado psicosocialmente a 2.208 familiares en procesos de búsqueda, localización, recuperación e identificación de cadáveres, y en los procesos de entrega de cadáveres a 11.327 familiares víctimas de desaparición forzada u homicidio, aunque no se tiene claridad, de nuevo, de la cantidad de viudas y las necesidades particulares que puedan tener.
¿Quién las acompaña?
Sin contar a las mujeres viudas que están en hogares para adultos mayores, que son cabezas de hogar o que viven con más familia, al menos 314.851 personas viudas en Colombia viven solas, mismas que requieren atención y acompañamiento en su sustento económico, en su calidad de viuda que incluye acceso a servicios de atención en salud física y mental, pues de acuerdo con la investigación “El sentimiento de soledad en personas mayores: conocimiento y tamización oportuna”, de la Universidad Javeriana, el sentimiento de soledad en las personas mayores impacta “en el desarrollo de condiciones crónicas, disminución del autocuidado y adherencia al tratamiento”.
Adicionalmente, requieren apoyo diferencial en sus procesos de duelo, pues además de las afectaciones a su salud mental, de acuerdo con Naciones Unidas, tienen dificultades para acceder a herencias de forma justa a “tierras, recursos productivos, así como a pensiones y protección social que no se basen únicamente en el estado civil, trabajo decente e igualdad de remuneración, y oportunidades de educación y formación”.
Al preguntar en distintas instituciones, como la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad y el DANE, los espacios diferenciales para conocer las necesidades de las viudas son nulos, o en el caso del DANE, son parte del registro del estado civil de los colombianos, sin profundizar en esta población.
En el caso de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género, encargada de propiciar estrategias para mejorar la calidad de vida de las mujeres, tampoco está este espacio. “Nosotros tenemos enfoques diferenciales para mujeres indígenas, urbanas, rurales, afros, mujeres cabeza de familia, pero para mujeres viudas no lo hemos incorporado. Hemos avanzado en estos enfoques, pero digamos que las mujeres viudas estarían dentro de la categoría de madres cabeza de familia que finalmente se entiende como la mujer sola que atiende a la familia”, explicó la consejera presidencial para la Equidad de Género, Gheidy Gallo.
“Implementar un sistema de cuidado eficiente podría contribuir a la calidad de vida de las viudas, al menos en el sistema pensional, que es donde mayoritariamente están”, concluye Morad.
