Luego de una jornada agitada y llena de sorpresas electorales ya se sabe cómo quedará el mapa político de Colombia en los próximos cuatro años. Pero a los nombres y el número de curules ganados por cada partido, se suman algunas interrogantes sobre cuál será la fórmula que utilizará el Congreso para darle continuidad al cierre de brechas de género.
La tarea no es menor, pues históricamente ha sido el Congreso el que debate algunos de los asuntos que afectan a millones de mujeres. Cuatro años después de una mayoría progresista, es posible seguir por la senda de garantizar más derechos y superar barreras en busca de la igualdad.
En el siglo XIX, por ejemplo, fue el Legislativo el encargado de derogar códigos penales que imponían penas de hasta 10 años de cárcel a las mujeres que violaran la “obediencia como obligación conyugal”.
En el último cuatrienio, fue el Congreso también el que saldó deudas históricas con mujeres al discutir y aprobar leyes de avanzada, como la norma que prohibió el matrimonio infantil o también reconoció a las mujeres buscadoras de desaparecidos forzados como sujetos de especial protección constitucional.
Proyectarse a futuro
A finales de febrero, ONU Mujeres publicó un informe en el que evaluó cómo puede contribuir el Legislativo para garantizar mayor igualdad de género en el país. El estudio estuvo compuesto de análisis de 117 normas que se contradicen con los movimientos feministas y en algunas ocasiones siguen discriminando a las mujeres.
El resultado: aún hay varios peldaños pendientes por escalar para que el Congreso salde una deuda con las mujeres colombianas, especialmente en ámbitos laborales, salariales, de participación política o de acceso a su salud sexual y reproductiva.
Además de examinar algunos acápites que resultan “discriminatorios”, este organismo de Naciones Unidas sugiere cómo se puede avanzar en términos legislativos para subsanar esos errores, artículos o leyes completas que afectan la vida de las mujeres.
Allí aparece la sugerencia de modificar la Ley 294, que actualmente permite que una mujer violencia de agresiones sea confrontada con su agresor; o la norma 1900 de 2018, en la que se habla explícitamente hacia los “jefes de familia” y, además de excluyente, se convierte en una barrera para que las mujeres tengan propiedad jurídica de la tierra.
“Tuvo que pasar más de un siglo para que Colombia avanzara en la eliminación y modificación de disposiciones normativas discriminatorias (...) Es por esos avances legislativos que actualmente pueden administrar sus bienes, elegir su apellido, trabajar sin autorización previa de su marido, entre otras limitaciones que fueron impuestas en el pasado”, menciona el informe de ONU Mujeres.
Hallazgos con enfoque de género
La investigación reveló que el Congreso debe tomar acciones urgentes en la discusión y modificación de normas que, a hoy, son las más urgentes para resolver problemas que vienen de años atrás.
Algunas consisten en la aprobación de proyectos de ley que han quedado relegados a un segundo plano en la agenda de Senado y Cámara, como lo es la prohibición de la mutilación genital femenina.
Otras versan sobre reunir las voluntades políticas de los más de 200 legisladores para suscribir a Colombia en tratados internacionales que lo comprometen y vinculan a seguir eliminando violencias de género, como es el caso de la Convención sobre el Consentimiento, Edad Mínima y Registro del Matrimonio, que obliga a que todos sus firmantes garanticen que ningún vínculo marital se realice sin la potestad de ambas partes y, además, ponga límites para que todas las uniones queden registradas ante el Estado.
Específicamente, ONU Mujeres detalla que son nueve proyectos, 12 modificaciones a las leyes y la ratificación de tres tratados internacionales para “armonizar el marco legal interno del país (...) con búsqueda de igualdad de las mujeres”.
Hay varios ejemplos que ilustran los pendientes que señala el informe. Ese es el caso de un proyecto que aún falta por transitar en los pasillos del Congreso para ofrecer una solución legislativa y de atención estatal al cuidado no remunerado, que, además de ser desproporcional y recaer en el lado de las mujeres, trunca sus proyectos de vida y las priva de generar ingresos propios y autonomía financiera.
También hay recomendaciones para modificar e implementar medidas afirmativas en el Código de Trabajo, ya que está comprobado según las cifras de la Coalición Internacional por la Igualdad Salarial que sigue habiendo una brecha de 6,6 % menos de ingresos entre mujeres y hombres en cargos idénticos.
Además, ONU Mujeres consultó fuentes oficiales, como los diferentes diagnósticos que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tratados internacionales y sentencias que han marcado jurisprudencia en pro de las luchas feministas.
Lucha compartida
ONU Mujeres reconoce que la tarea no es únicamente del Congreso, pues luego de debatir, aprobar y expedir cualquier norma, es tarea del Ejecutivo, es decir del Gobierno de turno, alcaldías y gobernaciones que las normas se cumplan realmente y que lo que se discuta en Bogotá logre impactar realmente en los territorios.
Ahora es deber no solo de los partidos políticos, sino de sus representantes en cada uno de los escaños, definir si el próximo Congreso será uno que continúe con décadas de avances en favor de las mujeres o si, por el contrario, priorizará otras agendas al interior del Capitolio.
“El poder transformador del derecho para la vida de las mujeres depende no sólo de depurar las normas sino también de concebir normas más conscientes de sus realidades y necesidades, así como de que sean interpretadas y aplicadas con perspectiva de género en el caso a caso”, concluye el informe.