El pasado 20 de junio terminaron cuatro años de trabajo legislativo en el Congreso, con aportes a favor de las mujeres en Colombia. En el Salón Elíptico, donde se discuten semanalmente docenas de propuestas, los parlamentarios le mostraron a Colombia que los derechos de las mujeres y niñas sí pueden encontrar consensos en medio de tanta división política y disonancias ideológicas.
Cada proyecto costó tiempo, estudios y que algunos de sus principales ponentes fueran escaño por escaño para convencer a todo el Senado y la Cámara de Representantes sobre la importancia de legislar en contra de vacíos legales que perjudican a las mujeres o, en su defecto, modificar normativas de antaño que continuaban siendo violentas con los derechos de ellas.
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De acuerdo con ONU Mujeres, el Congreso logró la aprobación de al menos 59 proyectos a favor de las mujeres en el cuatrienio del Senado y la Cámara de Representantes. Algunos de esos avances requerían trámites en apariencia sencilla: proponer un proyecto, votarlo y, una vez aprobado, esperar la sanción presidencial. Pero el verdadero reto estuvo en lograr consensos en un Legislativo que también vivió la división del mundo político. Al final, parece haber entendido que los derechos son un bien superior a los intereses partidistas, afirma Alexandra Vásquez, congresista por el Pacto Histórico.
La representante a la Cámara por Cundinamarca recuerda algunas de las más valiosas y que lograron unanimidad entre izquierda, centro y derecha, como la ley que reconoce a buscadoras de desaparecidos en la guerra como constructoras de paz o la iniciativa de Mujeres Rurales, que reorienta los esfuerzos institucionales para sacar a millones de campesinas de la exclusión y la vulnerabilidad.
“Es un mensaje muy poderoso para un país dividido: dejamos los egos políticos a un lado y mostramos que el bien del país pesa más que la ideología”, dice Vásquez.
Cambiar votos por derechos
Carolina Giraldo, representante por el departamento de Risaralda, explica a El Espectador que varias de estas normas son “históricas e icónicas”, como la ley que prohíbe la mutilación genital o la norma que puso punto final a 70 años de niñas consumando matrimonios con cónyuges casi tres veces mayores que ellas. Por su despacho parlamentario también se tramitaron otras leyes que reunieron adeptos dentro del Congreso, como la norma que obliga al Estado a atender hasta los 25 años a los hijos de las mujeres que fueron víctimas de feminicidios y quedaron en completa desprotección.
“Este Congreso hizo historia no solo por legislar y hacer un legado normativo para niñas y mujeres, sino porque le mostró a Colombia que los consensos políticos pueden darse para garantizar los derechos de millones. Es el mayor logro que le dejamos al país: reunir mayorías para el bien”, explica la congresista risaraldense.
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Otras iniciativas reunieron el clamor de miles de madres y mujeres en el país, y convirtieron inmensos folios de papel en leyes y garantías, como la norma que amplía la licencia de paternidad y redistribuye las cargas de cuidado a las mujeres o la ley que reorganiza la arquitectura del país para proteger y garantizar espacios amigables con las madres lactantes.
También hubo leyes orientadas a algunas minorías, como la Ley de Utilidad Pública, que les da una segunda oportunidad a madres cabeza de hogar condenadas a cumplir su pena mediante obras comunitarias. Esta iniciativa, si bien se aprobó en el Congreso 2018-2022, el entonces presidente Iván Duque la objetó y fue gracias a esta nueva oleada de parlamentarios que se terminó sancionando en la Casa de Nariño.
Los pendientes
A pesar de los logros, sigue habiendo deberes sin cumplir por parte del poder Legislativo. ONU Mujeres recuerda que por el Congreso aún deben pasar al menos 12 discusiones para erradicar normas o “zonas grises” que siguen perjudicando la vida de las mujeres, entre tratados internacionales, modificar algunas legislaciones vigentes y revivir algunas iniciativas que por falta de tiempo o voluntad política nunca llegaron a aprobarse en plenaria.
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Ese es el caso de añadir a Colombia al bloque de constitucionalidad y ratificar el tratado internacional sobre eliminar la violencia y el acoso laboral o reformar la Ley 1257 de 2008 para catalogar como violencia de género agresiones digitales, institucionales, ginecoobstétricas o simbólicas.
“Tuvo que pasar más de un siglo para que Colombia avanzara en la eliminación y modificación de disposiciones normativas discriminatorias (...) un orden jurídico sin discriminación es un componente esencial de una sociedad que se considera democrática”, concluye ONU mujeres.