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Mientras muchos sectores se preocupan en cómo se moverán las riendas económicas o las políticas de seguridad, hay quienes ponen su principal foco de atención en cómo hará el Ejecutivo, sin importar de qué lado del espectro político se ubique, en resolver necesidades de las mujeres, como combatir las agresiones basadas en género y la exclusión de espacios de decisión o del sistema financiero.
Las cifras lo explican así. De acuerdo con la Registraduría, las mujeres representan poco más del 51 % del censo electoral y exigirán antes, durante y después de los escrutinios mejores condiciones de vida y escenarios más equitativos y libres de violencia.
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“La democracia colombiana requiere voces femeninas para hacer realidad la promesa de diversidad social (...). Pero aún siguen sufriendo discriminación de género y subrepresentación en espacios políticos”, comenta Angelika Rettberg, decana e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
El arte de transformar
Algunas de las medidas necesarias dependen directamente de órdenes del despacho presidencial, como directivas para prevenir la violencia de género o implementar políticas de seguridad en los territorios que viven en guerra y que perjudican a las mujeres de formas particular, como violencia sexual o reclutamiento de niñas.
Una de las decisiones claves será el futuro del Ministerio de la Igualdad, hoy bajo revisión de la Corte Constitucional, que dejó una política pública de largo aliento para las mujeres: el Sistema Nacional de Cuidado, que pretende dignificar la vida de madres o cabezas de hogar que dedican un tercio de sus vidas a trabajos no remunerados en el hogar.
En el Congreso, por otro lado, según ONU Mujeres, se deben modificar al menos 117 leyes que siguen siendo discriminatorias o creando mundos desiguales entre hombres y mujeres. Así se logró en el pasado con leyes como la prohibición del matrimonio infantil, la ley que reconoce a las mujeres buscadoras de desaparecidos forzados como constructoras de paz o la aprobación de la licencia de maternidad para mujeres en política.
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Pero las tareas siguen. En los anaqueles legislativos aún reposan leyes que deben ser modificadas en Senado y Cámara de Representantes para seguir pavimentando el camino hacia la igualdad de género. Ese es el caso de la Ley 294, que permite que una mujer agredida en razón de su género sea confrontada con su agresor y necesita ajustes de forma y fondo para revertir esa situación. También hay normas, como la 1900 de 2018, en la que se habla explícitamente de “jefes de familia” y que, además de excluyente, es una barrera para que las mujeres tengan propiedad jurídica de la tierra, aunque el organismo de Naciones Unidas para las mujeres insiste en que debe ser reformada.
Más allá de la paridad
Lina Álvarez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, considera que la tarea del siguiente mandatario o mandataria también estará en elegir a mujeres capacitadas en los altos cargos de poder que respondan a los intereses de millones de mujeres en los eslabones más bajos de la pirámide.
Hoy, el gabinete ministerial, de 19 plazas posibles, solo tiene nueve mujeres manejando las principales carteras que deciden sobre asuntos de educación, transporte, tecnologías y cultura, incluyendo a Irene Vélez, que, aunque lleva varios meses en su cargo como ministra de Ambiente, no ha sido posesionada.
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“Tratar el tema de la participación de las mujeres en política al debate puramente electoral es reducir su agencia política. Sin duda alguna, la participación equitativa de las mujeres en el aparato estatal es fundamental, no solo en términos de justicia de género, sino de justicia social en general”, comenta Álvarez.
En todos los frentes
Tanto Rettberg como Álvarez coinciden en que lograr un país más justo con las mujeres no depende únicamente de lo que pase en los pasillos de la Casa de Nariño, pero desde allí pueden iniciarse grandes avances. A 12 días de conocer los resultados en primera vuelta por la Presidencia, Rettberg muestra interés por lo que pueda suceder con las mujeres en el Congreso, hoy solo ocupando el 29,8 % del Parlamento, quienes deberían ser la voz de más de 27,2 millones de mujeres que viven en todas las latitudes del país. Su rol será fundamental no solo para tramitar iniciativas provenientes del Ejecutivo, sino para traducir el clamor de las ciudadanas en leyes y proyectos aprobados.
Álvarez, por su parte, cree que lo que pase en el mundo político es importante, pero que la lucha por los derechos de las mujeres no debe depender de un solo frente de batalla. “Es cierto que transformar la desigualdad pasa por acceder al Estado, donde se toman decisiones, pero lo fundamental es construir equidad en todas las dimensiones de la sociedad (...) no debemos colocar todas nuestras fuerzas y demandas colectivas en ese único lugar si queremos transformar realmente la desigualdad con las mujeres”.