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Una directriz de siete páginas emitida por la Procuraduría podría marcar un antes y un después para las mujeres que deseen formar parte de procesos electorales en Colombia. Este mes, el Ministerio Público expidió la Directiva 004: un documento que insta a prevenir la violencia política de mujeres que aspiran al Senado o a ocupar la Casa de Nariño a partir de este año.
La Directiva forma parte de un paquete de medidas ambicioso que la Procuraduría ha expedido en los últimos meses para lograr que, además de que Colombia viva unos comicios justos y transparentes, las mujeres tengan todas las garantías a la hora de entrar en la carrera electoral sin ser violentadas en razón de su género.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, aseguró que la Directiva, que pertenece a la estrategia Paz Electoral, tiene el propósito de reunir esfuerzos institucionales para prevenir que las mujeres candidatas sean objeto de agresiones motivadas por estereotipos de género. Además, recalca que la medida, más que un componente preventivo, facilita nuevos canales de denuncia para que quien incurra en estas prácticas, que a todas luces es un delito en la legislación colombiana, reciba sanciones ejemplarizantes.
En 2025, Colombia logró un hito histórico al conseguir la aprobación por parte del Congreso de la Ley 2453, una normativa que endurecía las penalidades a quien cometiera violencia política, tanto para candidatas como para funcionarias públicas ya posesionadas en sus cargos. La ley rompía décadas de impunidad contras alcaldesas, concejalas o lideresas sociales en cargos de poder que, aun demostrando que eran atacadas en razón de su género, no tenían los medios judiciales para lograr justicia, pues esta práctica no era considerada como una falta en el seno del Estado.
La Directiva es considerada, tanto por funcionarias públicas como por la ciudadanía, como una medida fundamental para garantizar aún más la equidad de género tanto en las elecciones al legislativo, que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, así como para las votaciones a la Presidencia, en mayo de 2026.
“Todas las personas tienen el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pueden tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares (...) Estos derechos políticos (de las mujeres) deben realizarse en condiciones de igualdad y paridad al ser grupos históricamente discriminados”, reza la Directiva.
Hoja de ruta
La Directiva reconoce que en el pasado los derechos políticos de las mujeres han sido transgredidos y que el Estado ha avanzado con legislación, decretos y políticas públicas para evitar que se siga repitiendo.
Por eso, comenta la Procuraduría, para sumar un nuevo esfuerzo a combatir la violencia machista en política se ordena sensibilizar a cerca de 10.500 funcionarios con capacitación en enfoque de género y en actividades pedagógicas que les permitan identificar y saber qué hacer cuando se presentan ante este tipo de violencias.
La Directiva se emite “con el objetivo de garantizarles a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos, en un ambiente libre de violencia en todos y cada uno de los espacios que comprenden la vida política”, reza el documento.
En la directriz, que llegó a los 32 departamentos donde hay oficinas territoriales de la Procuraduría, se añade un nuevo canal de denuncia en el cual tanto funcionarios como ciudadanos podrán denunciar y hacer seguimiento a hechos relacionados con agresiones contra las mujeres en el universo político. El canal, que en principio funcionará por vía telefónica, estará abierto todos los días hábiles y recibirá las llamadas para, dado el caso, iniciar investigaciones que podrían desencadenar sanciones administrativas, civiles o incluso penales.
El canal también funcionará vía internet y escrita, escenarios en los que se podrá ofrecer más información, documentación y pruebas sobre los presuntos delitos en razón del género cometidos contra mujeres en política.
El siguiente paso
La Directiva de la Procuraduría va un escalón más allá de la simple denuncia. De acuerdo con el documento, todos los casos reportados deben ser registrados en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), que es una base de datos que recopila todas las entradas y detalles de casos asociados con estos delitos cometidos contra mujeres.
El registro de los datos en Uriel significa un esfuerzo para que Colombia tenga en una sola plataforma cifras reales, actualizadas y detalladas sobre los contextos de violencia que viven sus mujeres en la arena política. Pero el resultado es mayor: reunir los registros podría permitir que, a futuro, el país y los gobernantes puedan utilizar esa información para crear políticas públicas más robustas que le hagan frente a la violencia política contra las mujeres.
En la Directiva aparecen otras órdenes vinculantes no menos importantes, como por ejemplo, remitir las denuncias a las entidades encargadas en caso de que la Procuraduría no tenga competencia sobre algún caso denunciado o también desplegar a sus funcionarios en los comicios para garantizar que los derechos electorales de las mujeres se garanticen.
“Se exhorta a todas y todos los servidores del Ministerio Público a que velen por defender el ejercicio de los derechos políticos y humanos de las mujeres libres de violencia”, concluye la Directiva.