Hablar de prostitución, trata de personas y trabajo sexual, distintos entre sí, en Colombia es tabú, lo que, en vez de desincentivar las transacciones sexuales, deja a las mujeres involucradas desamparadas por el Estado, sin una normativa que garantice sus derechos y, ante los casos de violencia, en medio de la impunidad.
De entrada, es necesario aclarar que en Colombia la prostitución no es ilegal, ni está penalizada, pues así lo establece la sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional. Una medida que, para Macarena Sáenz Torres, directora ejecutiva de la División Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, representa la “aceptación de un mercado de prestación de servicios sexuales desde la autonomía”, como explicó durante el congreso “Las mujeres y la (des)igualdad de oportunidades: análisis feminista del impacto de las injusticias estructurales y las tensiones coyunturales”, en España.
Al respecto, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los estados “revisar los marcos legislativos que criminalizan y estigmatizan a los trabajadores y las trabajadoras sexuales”.
A esto, y a la sentencia de 2010 que pide al Ministerio de Trabajo que “elabore propuesta de regulación de acuerdo con esta decisión, que priorice adopción de medidas que protejan a quienes ejercen la prostitución legalmente y que cuente con la participación de sus representantes”, se suman la sentencia T-594 de 2016 y la Sentencia de Unificación SU-062 del 2019, en donde se reitera la necesidad de regular el trabajo sexual “respetando la autonomía de entidades territoriales”.
Pero antes de entrar en la minucia de los efectos y necesidades de regular las transacciones sexuales, habría que revisar el contexto de quienes ejercen estas prácticas. En la actualidad, cuando se habla de un “después de la pandemia”, ciudades como Medellín, Cartagena y Cúcuta mencionan un aumento de la prostitución.
Si bien no hay datos que caractericen a estas mujeres, otras condiciones podrían explicar el aumento de este grupo y el contexto que lo propicia.
Además de la falta de efectividad de las políticas públicas que protegen a las mujeres que viven en condiciones vulnerables, el desempleo, que afectó principalmente a las mujeres; la pobreza monetaria, en la que por cada 100 hombres pobres hay 117 mujeres en esta condición, según el DANE; la migración y el conflicto armado, que conlleva a desplazamientos forzados, son factores que hacen de la prostitución una práctica de supervivencia para algunas mujeres y personas trans.
Claudia Quintero, sobreviviente a la violencia y explotación sexual y una de las voces más reconocidas de la lucha por abolir la prostitución en el país, dijo ante la Corte Constitucional de Colombia en 2018: “No nos pueden someter a un sistema de “reglamentación” que obliga a las mujeres en situación de prostitución a llevar la carga de la prostitución, con los impuestos que se cobren por el uso de sus cuerpos, mientras las ganancias se quedan en los proxenetas que pasarán a ser “exitosos empresarios””.
Quintero, ganadora del reconocimiento Mujer Cafam 2022, también agregó en ese momento que “en los burdeles hay que beber alcohol, hay que llevar una vida nocturna, en el burdel no se te garantiza ningún derecho porque solo eres mercancía”. Ha insistido en que si bien muchas mujeres pueden no “tener una pistola en la cabeza” para estar en la prostitución, sí existen pistolas simbólicas, como la falta de oportunidades.
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“Llegué al barrio Santa Fe a los 15 años, una caleña me prostituyó para cobrarme por el tiempo que me había cuidado. Me daba 30 mil pesos al día y cuando le reclamé para que me diera más plata porque yo producía mucho más, me apuñaló y tuve que vivir escondiéndome”, cuenta Sonia*, una mujer que durante once años se vio obligada a ejercer la prostitución. Como ella, el 96 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, según la UNODC.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (Cedaw), que ha sido ratificada por Colombia, establece que “los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Por su parte, Sáenz es enfática en que “no es posible no creerles a las mujeres que dicen ejercer por voluntad propia”, y explica que “desde una perspectiva de la libertad sexual y de la autonomía sexual podemos pensar en un espacio donde se van a prestar servicios sexuales y lo que va a prevalecer es la autonomía. La forma en que vamos a regular el mercado tiene en su eje central cómo proteger esa autonomía, es decir, cómo protegemos la oferta de la prestación de servicios sociales y se genera un mercado controlado por la oferta y no por la demanda como ocurre hoy”.
Pensar una regulación que proteja los derechos de todas
“No desconocemos que Colombia es un país desigual y sin oportunidades en el que muchas personas víctimas del conflicto armado, desplazadas, migrantes y empobrecidas, recurren a él (trabajo sexual) como un acto de subsistencia”, explica el colectivo Putamente Poderosas, activista a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Partiendo de que ya existe una normativa que pide regular el trabajo sexual, en torno al tema es necesario que la política haga una diferenciación tajante entre las transacciones sexuales ejercidas desde la autonomía de las mujeres y los delitos que se pueden asociar a estas prácticas, como la explotación sexual, el proxenetismo, la trata de menores de edad y delitos asociados al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación de la Corporación Humanas “Eclipse total: ocultar mostrando”, regular la prostitución puede incurrir en poner en la norma “tratos inhumanos y degradantes como tortura, prostitución forzada, esclavitud sexual, acceso carnal violento, violación, desaparición forzada y una alta tasa de homicidio”. Ve problemática la prevención o tratamiento de adicciones a la droga y al alcohol y de trastornos mentales para posteriormente seguir ejerciendo.
Por otro lado, Matilda González, coordinadora del área legal de la Red Comunitaria Trans, quien antes se desempeñó como secretaria de la Mujer y Equidad de Género en Manizales, explica que “la forma de buscar soluciones para este grupo es pensar en derechos, trabajar sobre los casos urgentes de hurtos, feminicidios y de explotación y desde esos casos puntuales es que se va a poder avanzar en la protección de los derechos tanto de las trabajadoras sexuales como de quienes buscan otras opciones de vida”.
Para las activistas en pro de la abolición, el modelo de la regulación no es efectivo, pues en Alemania, por ejemplo, donde la legislación tiene regulada la prostitución desde 2002, la explotación sexual ha aumentado sin que las mujeres tengan mejores condiciones de vida y explican que la mayoría de quienes ejercen son migrantes y refugiadas. Y un sistema prohibicionista equipara el rol de las mujeres a culpables y ellas son expuestas a revictimizaciones; como explica Sáenz, “no elimina el mercado ni genera un mercado alternativo de ingresos”.
Sin embargo, la falta de una regulación clara en Colombia desencadena una serie de vulneraciones que parten de la discriminación y, como cuenta el colectivo Putamente Poderosas, se manifiesta en que “la policía las roba, no tienen acceso a créditos bancarios, conseguir un arriendo es casi imposible aun cuando demuestren tener liquidez y en el caso de las mujeres trans, los funcionarios públicos les siguen preguntando por su “nombre verdadero” y no cuentan con acceso a salud ni a un sistema de pensiones.”
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La sentencia T-594 de 2016, citada por una investigación de la Red Comunitaria Trans, explica que la “omisión de regulación planteada, tanto para el trabajo sexual ejercido por cuenta propia, como por cuenta ajena –a partir de la voluntad libre y razonada-, ha tenido como efecto la exclusión de este grupo de las garantías laborales”.
Ejercer la prostitución expone a las mujeres a mayores posibilidades de violencia de género y violencia sexual, como argumenta Sáenz. Sin embargo, “la ambigüedad en las leyes es la que da pie a abusos en contra de las trabajadoras sexuales o da pie al abuso policial y al control de identidad”, explica González.
Hablar de trata de forma unánime, para González, impide que las trabajadoras sexuales reclamen sus derechos. “Al desconocer el trabajo sexual desconoces sus derechos y quedan peor frente a la violencia, impunidad y acceso a salud por ejemplo", alega.
“Una vez se rompió un preservativo y para evitar que me prendieran alguna enfermedad me dijeron que me echara Bretaña con cloro y me quemé, estuve mal muchos días y no tenía cómo ir al médico”, recuerda Sonia, y agrega que el proceso para dejar la prostitución fue muy difícil para ella, que es difícil para todas las que busquen otra opción. “Desde que empecé tuve cuatro hijos y cada vez que intentaba salirme volvía porque ya estaba en ese mundo y era muy difícil dejar ese mundo, las drogas, la necesidad del dinero. Las emociones y carencias afectivas son un gancho que también lo ata a uno”, dice.
Sonia también cuenta prácticas violentas a las que ella y sus compañeras eran sometidas por parte de los hombres que pagaban por sus servicios y a los que no podían rehusarse por temor a represalias y a perder sus clientes.
Para prevenir las agresiones, González hace énfasis en la necesidad de crear instancias en la Fiscalía que atiendan sus casos con un enfoque diferencial, pero también agrega que dentro de la regulación se puede pensar en formas de establecer contratos. “Hay que hablar de la minucia, ser claros con los términos, romper esa barrera entre lo público y lo privado para garantizar los derechos y evitar la violencia de género. Si hablamos de contratos es necesario ser claros de los límites y acuerdos, de en qué consiste el servicio y que no se pasen los límites de lo pactado”, añade.
"Es importante que haya un censo, saber cómo llegar a ellas, dónde están, quiénes son y cómo están conformadas sus familias, porque si decimos que todo eso es malo y nos tapamos los ojos, como con aborto y drogas, es imposible que el Estado pueda intervenir de forma eficiente".
Garantías de derechos dentro de un sistema de cuidado
De forma más reciente a todo su activismo, la regulación del trabajo sexual empezó a hacer parte de la agenda de la vicepresidenta Francia Márquez durante su candidatura. El 7 de marzo de este año dijo en sus redes sociales que “debe haber regulación del trabajo sexual en Colombia, tal como lo han venido exigiendo quienes lo ejercen. Sus derechos laborales deben ser reconocidos, para protegerlxs de abusos”.
Sin embargo, hasta la fecha los colectivos y representantes coinciden en que no han tenido participación dentro de la agenda de Presidencia. “Nosotras no hemos recibido una primera invitación desde el nuevo gobierno para reunirse con nosotras. Cuando el señor presidente fue alcalde nunca tuvo tiempo para nosotras”, reclama Suárez.
Pero además de medidas que les garanticen a las personas que ejercen la prostitución seguridad, acceso a la justicia, a servicios médicos, a un sistema de pensiones y a condiciones económicas dignas, hay otra solicitud por parte de los colectivos y en la que coinciden distintas posturas frente al tema: son necesarias acciones afirmativas que les brinden opciones económicas y de formación diversas, además de un sistema de cuidados que las incluya a ellas y sus familias.
“El proxeneta, en muchos casos, es un resultado del abandono del Estado a las trabajadoras sexuales. Al verlas desprotegidas viene un tercero a suplir esa función de seguridad”, explica González, teniendo en cuenta el riesgo que supone la figura del proxeneta en la inducción a modelos de trata de personas.
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Alternativas proporcionadas por el Estado o por gobiernos locales se convierten en medidas que pueden arrebatarle mujeres a la prostitución; acciones afirmativas como becas y opciones de empleo que no las condicionen a dejar el trabajo sexual serían algunas de las que contribuyen a la protección de esta población que ha sido históricamente discriminada.
La creación de guarderías nocturnas, hacer compatibles las redes de atención y los horarios son algunas medidas que protegerían a estas mujeres, de acuerdo con Isabel Pereira, investigadora de Dejusticia. “Por ejemplo, para las trabajadoras sexuales es importante ver cómo se adaptan las redes de cuidado a sus horarios. Muchas necesitarán sistemas de cuidado para sus hijos en las noches y no los tienen”.
Estas labores actualmente son asumidas por los colectivos. Putamente Poderosas, por ejemplo, que atiende a 45 niños, niñas y adolescentes, “que han podido acceder a una alimentación integral, atención psicosocial, remisiones en salud y lo más importante: hemos revertido la situación de desescolarización de todxs ellxs, en su mayoría, niñxs migrantes”.
También acompañan “a las mujeres nacionales y migrantes que no quieren ejercer el trabajo sexual, con acciones puntuales como la legalización de su situación migratoria, la elaboración de sus hojas de vida y la remisión a bolsas de empleo”.
Estas acciones, de ser ejecutadas por el Estado, junto a un censo riguroso que caracterice a esta población, dónde se encuentran y sus necesidades, se tornan en una prioridad para garantizar sus derechos y ofrecer alternativas que cambien o complementen su economía.
“Yo creo que todas las mujeres tienen sueños y talentos, y en vez de incentivar que se queden en esa vida se deben buscar formas para que se capaciten, para que puedan salir y tener otras formas de generar ingresos”, dice Sonia, quien busca alternativas para sostener un hogar de cuatro hijos en medio del desempleo.
