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Las decisiones en las ciudades no han logrado mejorar la vida de las mujeres en el campo. Este martes 2 de junio, Día Nacional del Campesino, la Defensoría publicó una nueva alerta sobre la vida desigual que millones de mujeres en parajes rurales continúan viviendo.
El comunicado explica que la institucionalidad en su conjunto (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no ha podido mitigar un escenario de pobreza, inequidad y violencia que las mujeres viven en sus parcelas rurales. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias para la igualdad de género en el campo, pero también en la soberanía alimentaria del país.
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No es un problema ajeno a las ciudades: de estas mujeres depende en gran medida el sustento de las familias campesinas y que, gracias a su trabajo, los municipios y grandes metrópolis tengan comida en sus mesas a diario. Datos del DANE han contabilizado que cerca de 5 millones de mujeres dedican sus días, patrimonio y proyectos de vida para producir el 70 % de la comida que llega a las alacenas de las ciudades.
Su trabajo se complica, dice la Defensoría, cuando viven realidades desiguales y la guerra y el desplazamiento las afecta diferencialmente a ellas. El DANE también explica que casi una de cada cuatro de estas jornaleras está en el umbral de pobreza y vulnerabilidad.
“Persisten problemáticas que afectan de manera estructural el acceso a la tierra en la ruralidad y desigualdades de género que tienen impactos diferenciados sobre poblaciones donde habitan mujeres campesinas, de la pesca y pueblos étnicos”, explica la Defensoría.
Falla estructural
Si bien la Defensoría no detalla explícitamente cuáles son los baches en los que ha caído el Estado con sus mujeres rurales, hay organizaciones y expertos que sí explican por qué después de décadas de ver el panorama, aún se sigue replicando en el campo.
Ángela María Penagos, directora de la CEPAL en Bogotá, explicó a El Espectador que la desigualdad ha colonizado casi todos los ámbitos de la vida de las mujeres rurales, desde lo económico hasta las posibilidades de lograr la autonomía financiera y salir de círculos viciosos de violencia. La principal consiste en tareas del cuidado no remunerado y que históricamente ha recaído en ellas para sostener las finas y las parcelas.
“La tradición en las zonas rurales les ha asignado unas labores que no se pagan, pero son productivas. Algunos ejemplos son el cuidado de la huerta, el manejo de las semillas, encargarse de los animales y alimentar a los peones. Si ellas no hacen estas actividades, habría que pagarle a alguien para que lo haga”, explica Penagos.
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El Congreso, por su parte, ha fallado en dilatar la discusión de la Jurisdicción Agraria: una nueva plataforma judicial que en el papel pretende agilizar los conflictos rurales que en otros estrados de la justicia pueden tardar años o incluso décadas. La discusión, de no darse antes del final de la legislatura, quedaría sepultada y tanto hombres como mujeres que subsisten del campo tendrían que esperar al Congreso 2026-2030 para que la discuta y apruebe.
La Corte Constitucional y centenares de plataformas campesinas de todo el país han reclamado la luz verde de esta Jurisdicción, pero hasta el momento el Legislativo le ha dado prioridad a otros proyectos.
Pero hay muchos más retos. La Defensoría explica que es tarea del Ejecutivo ordenar directrices que cierren brechas económicas, educativas y de participación para estas mujeres, sin importar si están en municipios rurales cercanos a las ciudades o si se ubican en inmensos predios en las regiones de Colombia.
Se debe “avanzar en la democratización del acceso a la tierra, con seguridad jurídica y ordenamiento social (...). Además de corregir las brechas del catastro multipropósito para que el patrimonio y la tierra difícilmente obtenida por el campesinado no se afecte gravemente”, subraya la Defensoría.
Cartas urgentes
En 2023, el Estado se comprometió con sus campesinos a brindarles un trato diferencial como resarcimiento por las décadas que vivieron al margen de la participación política y lo crudo que fue el conflicto con sus “paisanos”. Pero la Defensoría asegura que todas las instituciones deben articular recursos, esfuerzos y voluntad política para cumplir realmente esa promesa.
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De no tomar decisiones, y rápido, el campo podría estar en riesgo de quedar desierto y sin mujeres que entreguen sus proyectos de vida para producir comida. Por ahora, la brecha continúa: Colombia depende de sus manos para alimentarse, pero sigue sin garantizarles las mismas oportunidades para prosperar sobre la tierra que trabajan.