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A pocas horas de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump inició su tarea de buscar y expulsar al menos a 14 millones de personas que, de acuerdo con registros migratorios y centros de estudio, residían irregularmente en EE. UU. en aquel enero de 2025. El republicano militarizó las fronteras, llevó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al interior de las ciudades y apeló a legislaciones de tiempos de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros, para evitar decisiones judiciales y expulsar directamente a centenares de personas.
Tras poco más de un año de haber llegado al Salón Oval a comandar la “deportación masiva” que sacaría, según él, “lo peor de lo peor de América (sic)”, el republicano se jacta de haber logrado cifras históricas en su batalla contra la migración irregular. A inicios de este 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró haber impulsado a tres millones de extranjeros a abandonar suelo estadounidense, convirtiéndose en el gobierno que ha “logrado los mayores índices de deportación y conseguido la frontera más segura de la historia de EE. UU.”, según reza el boletín.
Pero para ONG de derechos humanos y expertos en temas migratorios, lo verdaderamente histórico en el tiempo que Trump lleva ocupando por segunda vez la Casa Blanca es haber consolidado una “política de crueldad” que deja a su paso derechos violentados, familias separadas y secuelas sociales y económicas. Hay informes incluso que contradicen las cifras expuestas por el gabinete de Trump, y aseguran que el mandatario ha causado más sufrimiento e incertidumbre por medio de redadas policiales sin haber logrado acercarse a su objetivo de expulsar, como mínimo, un millón de personas y sin haber superado a sus predecesores, Joe Biden y Barack Obama.
“La magnitud de esta política es abrumadora (...) Esto representa la pérdida de presencia legal más rápida en la historia reciente de Estados Unidos y no solo redefine el rumbo interno de EE. UU., también debilita estándares nacionales de derechos humanos”, asegura Amnistía Internacional.
Duda latente
Hay quienes desconfían de las cifras brindadas por el gabinete de Trump por razones técnicas. Aunque el mandatario, los medios de comunicación y la ciudadanía hablen de deportaciones, lo cierto es que ese término no existe dentro de la legislación estadounidense. ICE, por ejemplo, mantiene una base de datos desde 2011 en donde categoriza cada una de las actividades que desempeña en la frontera y en el interior del país, pero en ninguna de ellas se habla de “deportaciones”, la cual en el papel debe ser una orden de expulsión inmediata dada por un juez en EE. UU. luego de haber surtido un proceso nutrido de pruebas y razones por las cuales la persona infringió la ley y por ello será expulsada. En su lugar hay registros de arrestos, detenciones, expulsiones y remociones. Pero en el gobierno Trump el trámite legal no se ha surtido y las personas son detenidas, arrestadas y expulsadas directamente por la rama Ejecutiva.
El Migration Policy Institute, un centro de estudios migratorios en Washington, asegura que la falta de acceso a datos confiables por parte de las agencias federales ha dificultado establecer una magnitud real del fenómeno de expulsiones masivas en EE. UU. El Deportation Data Project, otra organización que hace veeduría a la migración, cuestiona que el gabinete hable de “deportaciones” (expulsar a un migrante del país) como un término que también engloba entradas rechazadas en la frontera, salidas voluntarias o deportaciones irregulares, lo que se consideraría una “deportación informal” y que ocurrió en más de 70.000 ocasiones durante 2025.
“Ya sea que se alcance el objetivo de un millón de deportaciones, se ha implementado una amplia gama de cambios en donde cada vez será más difícil evaluar la migración. En lugar de publicar tablas detalladas, Trump se ha basado en la emisión de una constelación de estadísticas individuales, “tweets” o entrevistas”, subraya MPI.
Política costosa
Pero hay otras organizaciones que se remiten a la evidencia para contradecir el discurso oficial. Medios de comunicación como el New York Times o CNN han hecho proyecciones propias basadas en datos oficiales y, en ninguno de los casos, la cifra supera las 300.000 personas: una meta 70 % por debajo de las promesas de Trump en campaña. El MPI, por su parte, documentó que en 2025 la cifra de deportados rondó los 400.000 casos, mientras el diario neoyorquino asegura que la cifra es menor.
Lo que sí ha aumentado considerablemente son los derechos violentados y la fractura del debido proceso en miles de casos. Austin Kocher, profesor asistente de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, publicó datos que muestran que en 2025 solo tres de cada 10 detenidos contaban con antecedentes o condenas penales previos. En sus reportes se ha evidenciado que la persecución del ICE se ha trasladado de la frontera con México hacia el interior del país hasta llegar a lugares como hospitales, aeropuertos, juzgados de migración o escuelas, donde es más probable encontrar personas que no cuenten con su estatus migratorio al día.
Además, los registros de MPI y Kocher muestran que hay al menos 20 casos de migrantes muertos mientras estaban en custodia del ICE, lo que, además de acarrear posibles investigaciones penales contra la agencia estadounidense, se convierte en la cifra más alta de muertes en las últimas dos décadas de políticas migratorias en EE. UU.
Las organizaciones muestran preocupación de que esta tendencia de desinformación y vulneraciones siga la misma constante durante los tres años que restan del mandato de Trump.
En 2026, por ejemplo, se escribió un nuevo capítulo en las redadas migratorias que dejó dos ciudadanos muertos y multitudinarias protestas contra ICE en Minneapolis, mientras que medios de comunicación en Estados Unidos aseguran que este año, además de todo el torbellino de violaciones a los derechos, hay directrices desde la Casa Blanca de aumentar los arrestos, las detenciones y las expulsiones.