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Hace un año Colombia celebró una victoria con sabor a justicia para sus niños. Luego de nueve intentos fallidos, y más de una década de trabas legislativas, el Congreso aprobó la Ley 2247, que prohibió el matrimonio infantil, las uniones tempranas y lanzó un salvavidas a más de 375.000 menores de edad que, al entrar a este tipo de uniones, sufrían proyectos de vida truncados y secuelas psicológicas.
El anuncio tuvo repercusión internacional: organizaciones de derechos humanos aplaudieron el logro y congresistas de todas las orillas lograron consensos.
Pero 12 meses después de ese coro de aplausos aún quedan varios pendientes para que el proyecto pase del papel a un cambio real, especialmente niñas que viven en los territorios más alejados del país.
“A nivel político la ley salda una deuda con los derechos y la protección integral de los menores, basado en derechos y sin punitivismo (...). Pero hasta ahora comienza el proceso”, explicó a este diario Martha Royo, directora de Profamilia.
Más que una ley
El proyecto en principio reformó dos artículos del Código Civil, que durante 70 años permitió que se pudiese consumar un matrimonio. Lo alarmante, comenta Danitza Marentes, de la ONG Valientes, es que estas uniones maritales se producían entre niñas que no alcanzaban los 16 años, pero sus cónyuges llegaban a tener entre 25 y 30 años.
De acuerdo con registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay al menos 2.089 menores, casi todas niñas, que siguen en estas uniones. Y es que la ley, aunque prohibió nuevos casos de uniones maritales, no puede ser retroactiva y anular compromisos que se hicieron por lo civil en el pasado. Es decir, que deben entrar en otro proceso para anular esos matrimonios.
Más allá de hacer ajustes en las normas, Marentes recuerda que la ley también tiene un componente pedagógico y de prevención que, según su opinión, todavía está en “veremos” para evitar esas violencias.
“El verdadero reto es que el Estado, como garante de los derechos, prevenga que se den estas violencias. Debe haber un componente de un proyecto de vida, de educación”, comenta.
Pero los avances, dice la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alexandra Vásquez, aún son tímidos. La ley obliga a que el Estado se articule y cree un programa nacional de atención a menores de edad que puedan acceder a tratamientos por secuelas físicas y psicológicas que vivieron.
El ICBF, por su parte, ha hecho la tarea, y a través de mesas técnicas empezó a capacitar a sus funcionarios y hacer pedagogía en 12 municipios. “La ley debe tener una implementación nacional, llegar a las zonas rurales y articularse con autoridades indígenas, donde puede haber más resistencia por las prácticas culturales”, comenta la congresista.
Aunque lenta, las entrevistadas comentan que la implementación es la mayor demora. Por ejemplo, la Ley de Utilidad Pública, que cambia trabajos comunitarios por penas carcelarias a madres cabeza de hogar, fue aprobada hace más de dos años y, según Dejusticia, no llega a un avance del 10 %.
Saldo insuficiente
El gran problema para ver la ley aplicada en el país, comentan las expertas, es presupuestal, pues crear un sistema de información nacional, campañas pedagógicas y estrategias de sensibilización cuesta mucho dinero que hoy, y con el déficit fiscal que vive Colombia no está disponible.
“Aquí hacemos leyes sin plata. Este problema no es solo una cuestión de derechos. En 2024 hubo 354 niñas que intentaron quitarse la vida a causa de embarazos producidos en esos matrimonios. Estamos hablando del presente y el futuro de Colombia”, subraya Vásquez.
Las tres consideran que la niñez y la implementación de la ley deben ser de los principales ejes de cualquier campaña política de cara a las elecciones presidenciales de 2026. “Que no sigamos viendo niñas casadas o en embarazos tempranos depende de que se convierta en un proyecto de país, no de gobierno”, dice Marentes.
El primer paso
Pero a la hora de hablar de derechos es importante mirar el vaso medio lleno. “Pasaron muchos años y casos de violencia para que se aprobara esta ley. Ahora es nuestra principal herramienta para defender a la niñez”, señala Marentes.
Por ahora, solo queda seguir exigiendo al Estado y sus fichas que los niños estén en el centro del debate. Cambiar una cultura que normalizó el matrimonio infantil es difícil, pero poco a poco Colombia se acerca a su objetivo de dejar de ser testigo de estas violencias y convertirse en el primero en defender el eslógan que aprobó en el Congreso: “Son niñas, no esposas”.