Proyecto contra la violencia política contra mujeres: lucha más allá de la ideología

María José Pizarro Rodríguez, congresista del Pacto Histórico. / Jose Vargas

Foto: Jose Vargas Esguerra; El... - Jose Vargas Esguerra

La historia de María José Pizarro Rodríguez es una de violencia política. Y su causa es por que esa violencia no se repita. La hoy senadora del Pacto Histórico conoce desde su infancia muchas de las formas que asume la violencia: es hija de Carlos Pizarro Leongómez, comandante líder del M-19, quien fue asesinado en campaña presidencial tras haber dejado las armas. Cuando sucedió ese crimen, aún no del todo esclarecido, María José, de 12 años, viajó al exilio.

Por eso, buena parte de sus motivos para ser ponente de un proyecto de ley contra la violencia política contra las mujeres, que está a la espera de su último debate en la Cámara de Representantes, son personales. Sin embargo, “mi caso no es el centro”, afirma, pues existen violencias cotidianas, inconscientes y toleradas que viven muchas mujeres y, cuando se ejercen en política, disuaden a otras de apropiarse de ese mundo. El proyecto de ley, entonces, aspira a crear canales seguros para la denuncia de las violencias basadas en género en sus distintas formas, y para ello dota de mecanismos jurídicos al Ministerio del Interior y al Consejo Nacional Electoral.

Pizarro Rodríguez habló a fondo con El Espectador sobre ese proyecto de ley y los avances en materia de género en el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, donde ella impulsó la declaratoria de una emergencia nacional por violencia basada en género.

¿Ha experimentado alguna de las formas de violencia política que el proyecto busca atajar?

Me ha sucedido que cuando estoy en una reunión con congresistas los hombres se escuchan entre ellos, pero cuando empiezo a hablar, continúan hablando. Me veo obligada a elevar el tono de mi voz para que me presten atención. Me dicen: “Oye, tranquila”, yo estoy tranquila, simplemente quiero ser escuchada.

Recuerdo un incidente cuando estuve en la vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Fue justo antes de la votación de la reforma tributaria de Iván Duque. Decidí levantar la sesión por la falta de quórum. Esto generó un gran revuelo en el Congreso, porque era el último día de sesiones extraordinarias y se votaría esa reforma tributaria. En ese momento surgieron acusaciones en las redes sociales afirmando que Petro o que Roy Barreras me dieron la orden. Nunca se consideró que la decisión fue tomada por mí, como mujer presidiendo la sesión, sino que me convertí en un medio o herramienta de las decisiones de otros hombres. Esa noche me asignaron a una policía a mi lado. Cuestioné por qué tenía a una mujer policía a mi lado. Algunos de mis compañeros vinieron a ayudarme, pero eran muy altos y no se dieron cuenta de que su intervención terminó tapándome y no me permitieron hablar. Como mujer disputo el poder en el interior de las fuerzas políticas a las que pertenezco. Para los hombres, disputar el poder es algo natural, pero cuando una mujer lo hace incomoda y molesta.

En septiembre de 2022, la representante Catherine Juvinao denunció que el congresista “Ape” Cuello la había presionado para que dejara de denunciar el escándalo del robo de dineros del OCAD-Paz. La respuesta de Cuello fue machista: “Ella tiene un afanoso desespero por llamar mi atención”. En un escenario como este, ¿qué cambiaría una vez entre en vigencia el proyecto de ley?

Una respuesta como la que dio Ape Cuello jamás sería dada a un hombre. En este proyecto de ley enfatiza el rechazo social, pero existen sanciones que van más allá, lo cual considero que es lo más importante. El objetivo del proyecto es erradicar la violencia política contra las mujeres, y para lograrlo se debe dejar claro que estas acciones no se toleran en el ejercicio de la política.

En el caso específico, Juvinao podría tomar medidas utilizando las herramientas que ya existen, como el comité de ética o la Procuraduría, dependiendo del tipo de violencia. Sin embargo, con la nueva ley habrá un marco legal para identificar y sancionar los casos específicos de violencia basada en género.

La violencia política puede ser de diferentes tipos y pueden coexistir varios tipos de violencia al mismo tiempo. Puede ser violencia simbólica, que afecta al conjunto de las mujeres y desincentiva su participación en la política. También puede ser dirigida específicamente hacia una mujer, lo cual la afecta de manera desproporcionada en términos psicológicos, afectando su seguridad, su voz política e incluso a su familia.

La organización Artículo 19 en México, que defiende la libertad de expresión, advierte que una ley similar en ese país fue utilizada para atacar y perseguir a periodistas que fiscalizaban a mujeres en el ámbito político. Aunque no todos los casos tuvieron consecuencias legales para los periodistas, sí tuvieron un peso político significativo que los disuadía de ejercer el control ciudadano sobre las actividades de estas mujeres. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esta posible tensión entre el control ciudadano y la libertad de expresión con la lucha contra la violencia de género en política?

Este proyecto de ley se ha construido siguiendo el marco jurídico internacional de protección a los derechos de las mujeres, en particular la Convención de Belém do Pará y las recomendaciones de la ONU que acoge Colombia.Hemos mantenido reuniones largas con diversas organizaciones desde el inicio del proceso de construcción de este proyecto. En estas reuniones han participado organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión, como Karisma, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, el Consejo Nacional Electoral, el Instituto Holandés para la Democracia, entre otras. El objetivo de estas reuniones ha sido aprender de las lecciones dejadas por proyectos similares en otros países, como el caso de México. Durante estas reuniones se ha debatido y revisado artículo por artículo del proyecto, buscando consensos y acogiendo las observaciones planteadas por estas organizaciones. Se han realizado la mayoría de los cambios solicitados, por ejemplo eliminamos definiciones ambiguas y expresiones que podrían afectar la libertad de expresión, como la de “expresiones de odio”.

Queremos que este proyecto de ley garantice que en ningún caso se viole la libertad de expresión. Esperamos que la ley pase todos los procesos en su mejor versión y sea sancionada por el presidente de la República antes del período electoral. Durante las elecciones locales se exacerban las violencias contra las mujeres, por lo que buscamos brindarles las herramientas necesarias para enfrentar estas situaciones.

El proyecto propone combatir las violencias digitales, ¿esto implica cibervigilancia?

No. Precisamente esa fue una de las recomendaciones planteadas por organizaciones como Karisma y la Flip. Eliminamos los artículos que podrían generar ambigüedad en términos de cibervigilancia. No obstante, es importante reconocer que existe la violencia digital contra las mujeres de forma cotidiana. Esta violencia es cada vez más intensa y el lenguaje utilizado es más violento. Por lo tanto, es necesario que haya medidas para denunciar y abordar esta violencia digital. No se trata de vigilar, sino de rechazar, eliminar y erradicar la violencia en los medios digitales dirigida hacia las mujeres. Esto incluye amenazas de abuso sexual, amenazas contra sus familias y amenazas contra ellas mismas simplemente por ser mujeres.

El Pacto Histórico ha tenido desplantes con el feminismo. Mujeres votantes del Pacto la han cuestionado a usted por, desde que el suyo se volvió partido de gobierno, no haber asumido posiciones más duras que sí tuvo antes ¿qué le responde a esas personas?

He sido coherente con mis principios y he defendido un espacio para las mujeres dentro de la fuerza política a la que represento. No he dejado de luchar por los derechos de las mujeres, pero sí he evolucionado, aprendido y construido mi propia visión del feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres. Creo que cada mujer concibe y aborda estas causas de manera única, al igual que ocurre con otras luchas, como el activismo animalista o ambientalista.

Cuando intentamos establecer un protocolo para abordar la violencia contra las mujeres, nos enfrentamos a la diversidad de opiniones, lo cual hizo imposible llegar a un consenso. Por esta razón, surgió la necesidad de impulsar un proyecto de ley que establezca medidas obligatorias, para evitar que nosotras mismas seamos el obstáculo para iniciativas de este tipo.

Soy una mujer de izquierda que forma parte de un proyecto político al cual mi familia ha dedicado esfuerzos y sacrificios. Desde mi perspectiva, he buscado salvaguardar un espacio para las mujeres dentro de las fuerzas políticas a las que pertenezco, sin abandonar el partido al que represento. Cuestiono lo que debe ser cuestionado y, como miembro del gobierno, asumo una gran responsabilidad. Lucho por las mujeres de mi país en general, no solo desde una perspectiva feminista. Esto es importante porque las mujeres en nuestro país sufren diferentes formas de violencia. No todas las mujeres se sienten representadas conscientemente en la lucha feminista, pero creo que a medida que avanzamos, todas nos uniremos como parte de un movimiento femenino que lucha por nuestros derechos e igualdad.

Usted fue parte de una coalición de mujeres de diversos partidos que propusieron incluir la declaratoria de emergencia de violencia de género en el PND. Junto a usted estaban las congresistas Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, ¿cómo es posible el acuerdo entre ideologías opuestas como Paloma Valencia y Lorena Ríos?

La violencia contra las mujeres ha aumentado, especialmente después de la pandemia. Hago una comparación odiosa: en 2022, según Indepaz, mientras 189 líderes y lideresas sociales fueron asesinados por sus ideales y luchas, la Procuraduría registró que 620 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, víctimas de hombres que no aceptan el avance de los roles de género en nuestro país. El asesinato de mujeres superó en tres veces el número de líderes sociales asesinados.

El feminicidio representa el último escalón de violencias que estas mujeres han enfrentado. Antes de ser asesinadas han experimentado maltrato físico, económico, psicológico y sexual. Frente a esta realidad latente, las mujeres, más allá de nuestras posturas ideológicas y luchas representadas, nos unimos y nos identificamos como mujeres de manera diversa.

A pesar de nuestras diferencias, como algunas de nosotras estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y otras no, en momentos como este hemos logrado un acuerdo unánime al votar a favor de la ley de violencia política contra las mujeres. Esta propuesta fue lanzada en noviembre durante un Encuentro Internacional de Mujeres Progresistas, donde estuvo la ministra Irene Montero de España, exministras de género de varios países latinoamericanos y con las cuales, además, fundamos la Internacional Feminista.

Cuando llevé esta propuesta como presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, donde hay mujeres de todos los partidos políticos, todas apoyaron la solicitud de declaratoria de emergencia por violencias basadas en género, debido a la situación de exacerbación que estamos enfrentando. Esto es un grito común más allá de la ideología. Encontramos el mecanismo legal para hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo, ya que no existía un marco jurídico que permitiera una declaratoria de emergencia específica que no se quedara en lo simbólico.

Al aprobarse este artículo tanto en el Senado como en la Cámara, que será sancionado por el presidente, nos encontramos en una emergencia. Por lo tanto, el Estado deberá adoptar medidas urgentes para superar esta situación de violencia exacerbada y estructural.

Se eliminó del PND el artículo que buscaba una política de derechos sexuales y reproductivos. Esto dejó la sensación de que esos derechos fueron moneda de cambio. ¿Fue así?

En el Congreso de la República se expresan diversas posiciones y nosotros no somos una fuerza política que imponga sus ideas. Aunque defendemos con firmeza nuestras posturas ideológicas y el modelo de país que creemos, también somos capaces de dialogar y buscar consensos. En el PND logramos construir consensos importantes, como el respaldo unánime de todas las mujeres del Congreso a una iniciativa.

Hubo influencia de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo, y se lograron propuestas muy significativas. Se aprobaron seis artículos a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en nuestro país. Esto es muy importante. No debemos quedarnos solo con las acciones que se han matizado en algunos casos, sino enfocarnos en lo que realmente se logró.

Por ejemplo, el artículo 111 del Plan Nacional de Desarrollo establece una política pública de participación ciudadana con enfoque en los derechos de las mujeres y de género. El artículo 67 incorpora el enfoque de derechos de las mujeres y de género en términos de soberanía alimentaria. Allí se aborda la preocupación de las mujeres sobre cómo alimentar a sus hijos e hijas: una de las principales preocupaciones según encuestas de percepción ciudadana. Además, el artículo 205 invita a entidades oficiales a contribuir al cumplimiento y seguimiento de las medidas de reparación en cabeza de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con un enfoque de género. El artículo 116 establece metas y límites estratégicos a nivel local para abordar la violencia contra la población LGBTIQ+. El artículo 13 garantiza la participación de las víctimas con enfoque de género y derechos de las mujeres en los mecanismos no judiciales de contribución a la verdad y memoria histórica. También está el artículo 277, que incorpora metodologías de género en los pactos territoriales. Aunque algunos artículos no quedaron exactamente como hubiéramos deseado, reconocemos la importancia de estos seis artículos mencionados, así como la aprobación de la declaratoria de emergencia por violencia de género, que está en el artículo 342.

Durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, congresistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres coincidieron en la necesidad de incluir mesas de género, que inicialmente no estaban contempladas. Gracias a la confluencia de congresistas, la Alta Consejería de Equidad para la Mujer y organizaciones de mujeres, se logró que estas mesas incorporaran un enfoque de género y garantizaran la participación de las mujeres.

Han sido varios los desencuentros entre el gobierno de Gustavo Petro y el movimiento feminista, lo cual ha dejado a muchas feministas sintiéndose decepcionadas. ¿Comparte usted esa decepción? ¿Cuál es su balance de la gestión del gobierno de Gustavo Petro en temas de género?

Nosotras, como mujeres, estamos transformando la política y nuestra lucha es personal y diversa. Aunque algunos hombres, como Gustavo Petro, han mostrado una visión diferente a lo largo del tiempo, no han cambiado lo suficiente. He observado una evolución en su perspectiva, especialmente desde 2018, y creo que las mujeres que lo hemos acompañado y su familia y sus hijas hemos contribuido a este cambio. De todos modos, Petro siempre ha abordado temas de género y, durante su administración en Bogotá, se creó la Secretaría de la Mujer, lo cual demuestra medidas concretas para las mujeres. Pero, por supuesto, es un hombre formado en nuestra cultura machista y patriarcal, y todos los hombres, en mayor o menor medida, cargan con esa historia y formación. Nosotras también hemos cambiado a lo largo del tiempo. No soy la misma mujer que era hace 20 o 30 años: he desarrollado una conciencia diferente sobre mis propios derechos. Es importante cuestionar decisiones, como la salida de la viceministra de la Cancillería, Laura Gil. Considero que no fue acertada, independientemente de las diferencias que pueda haber entre ella y el ministro Álvaro Leyva. Gil lideraba una agenda feminista alineada con las recomendaciones de la Resolución 1325, del Consejo de Seguridad, y había construido una importante agenda internacional.

Aunque en algunos momentos me he distanciado de ciertas posturas que considero no son acordes con mis creencias, no me he retirado por completo de la fuerza política. He buscado preservar un espacio para las mujeres dentro de estas fuerzas políticas. He cuestionado en privado y públicamente el comportamiento de algunos compañeros hacia mí y otras mujeres, exigiendo respeto y cambios. Así sucedió en su momento cuando salieron a flote las denuncias por violencias basadas en género contra Hollman Morris, aunque tampoco pretendo suplantar la justicia. Considero que si las fuerzas políticas de izquierda han experimentado algún cambio, se debe en parte a mujeres que históricamente han luchado por los derechos de las mujeres y por abrir espacios para que más mujeres puedan participar en la política, como Clara López, Aída Avella y Piedad Córdoba.

Es importante que el feminismo no nuble el reconocimiento de las medidas que se están tomando, sino que nos permita exigir aún más. Considero que es fundamental que las mujeres nos apoyemos y caminemos juntas en lugar de ejercer violencia entre nosotras.

¿Cómo se ejerce violencia entre las mujeres?

Existen debates dentro de la comunidad femenina sobre cuándo es apropiado hacer una crítica que difiere de la posición de otra persona, pero se puede hacer de manera respetuosa, reconociendo simplemente que esa persona tiene una visión distinta a la tuya. Sin embargo, a veces se pueden traspasar ciertos límites, deslegitimando la lucha de otra mujer, lo cual no es justo, ya que todas hemos enfrentado grandes desafíos para llegar a los espacios de representación. La lucha que enfrentamos es desproporcionada dentro y fuera de los partidos políticos. Las mujeres debemos reconocer los esfuerzos que cada una de nosotras realiza. Es importante entender que, más que una crítica, se trata de un llamado constructivo. No pretende generar más discordias, sino todo lo contrario: comprender que todas estamos trabajando en la misma dirección. Es probable que tengamos visiones distintas y concepciones diferentes del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres. Nuestros caminos pueden variar, pero al final todas buscamos vivir en un entorno libre de violencia y en igualdad. Queremos superar el machismo estructural y patriarcal de la sociedad colombiana. Todos nuestros arroyos confluyen a un gran río, todas somos parte de ese gran caudal.