“La corrupción facilita el crimen organizado, habilita el tráfico de armas y debilita la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos”. Con esa frase, Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), resumió buena parte del corazón del proyecto denominado Prevención y Lucha contra la Corrupción en el Sector Defensa de Colombia, que tuvo su lanzamiento este 12 de mayo en Bogotá.
La iniciativa, centrada en el sector defensa e implementada por la UNODC, se extenderá durante tres años. Su objetivo es fortalecer capacidades institucionales para anticipar y mitigar riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles en beneficio del crimen organizado, en un contexto en el que la relación entre estos delitos ha adquirido una creciente relevancia para la seguridad.
Cuando hay corrupción, “no ocurre solo una irregularidad administrativa, ocurre algo mucho más grave, una expansión operativa del crimen organizado”, explicó el representante regional de UNODC. Para él, el reto no está en las normas: “Aquí en Colombia tenemos una de las legislaciones más robustas al respecto. Las reglas existen. El verdadero desafío es cómo implementamos esas reglas y sobre todo desde qué enfoque. Hoy es indispensable pasar de la reacción a la prevención estructural sistémica”.
Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistió en que la integridad es una condición fundamental para el funcionamiento del sector de seguridad. “Fortalecer la integridad es fortalecer la seguridad. Y fortalecer la seguridad es fortalecer el Estado colombiano”, afirmó. La iniciativa, dijo, se constituye como un hito en el sector porque fortalece y profundiza el abordaje de fenómenos como el lavado de activos y la corrupción desde una perspectiva preventiva e integral.
El jefe de esa cartera fue enfático en que el proyecto no es el punto de partida de la respuesta a una crisis, sino un paso dentro de una marcha que ya comenzó. Según expuso, el sector defensa alcanzó un 83 % en el Índice Anticorrupción, creó una Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción y ha tramitado más de 400 peticiones, quejas y reclamos relacionadas con presuntos hechos de corrupción. “Este proyecto no sustituye nuestras capacidades, las fortalece”, afirmó.
La iniciativa también busca reforzar la dimensión regional de la lucha contra la corrupción. Así lo señaló la embajadora del Reino de los Países Bajos, Reina Buijs, quien subrayó que el proyecto envía un mensaje en dos direcciones: hacia las organizaciones criminales transnacionales les deja claro que los Estados de la región están determinados a cerrar las brechas que el crimen organizado intenta aprovechar para expandirse, y a la ciudadanía le transmite un mensaje de confianza en las instituciones.
El respaldo internacional a la estrategia
La decisión de impulsar una iniciativa de este alcance para su fortalecimiento institucional fue reconocida en distintos momentos del lanzamiento del plan.
“El proyecto nace de una convicción compartida entre nuestros dos países: que la seguridad sostenible no se logra únicamente con capacidades militares, se logra también con instituciones sólidas, con contratación pública honesta, con normas éticas que no queden en papel, sino que vivan en la conducta diaria de cada funcionario, de cada servidor público. Colombia ha recorrido un camino extraordinario. Las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa han demostrado una capacidad de transformación que pocos países en el mundo han logrado en tan corto tiempo”, afirmó la embajadora Buijis.
Ese esfuerzo conjunto con el apoyo de la cooperación internacional también fue valorado por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien destacó el trabajo articulado de quienes impulsan el proyecto y reiteró la idea de que la lucha contra la corrupción “no arranca desde la persecución penal, sino desde la prevención”.
Según indicó, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa ya articulan esfuerzos a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), en temas relacionados con la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y este proyecto es una pieza que encaja con esa agenda. “Entendemos que es en buena parte el motor que está generando tanta violencia en el país y necesitamos unir esfuerzos para detener ese motor. Cuenten con nosotros”, dijo.
El interés en el proyecto no llegó solo desde la Fiscalía. Durante el lanzamiento, el Consejo Superior de la Judicatura también expresó su respaldo y pidió poder aprender de una de las iniciativas que más le llamó la atención: la elaboración del mapa de riesgos territoriales de corrupción. “Tanto a las fuerzas militares y de Policía, a la Fiscalía como a la misma judicatura nos interesa mucho tener un mapa que nos permita detectar estos riesgos territoriales en Colombia. En nombre del consejo, se pone a disposición todas nuestras capacidades, todos nuestros recurso”, dijo el magistrado Jorge Vallejo.
“Este proyecto representa una apuesta estratégica, basada en evidencia y orientada a resultados concretos”
Andrea Agudelo, coordinadora regional del Área de Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, presentó durante el evento la hoja de ruta del proyecto, estructurada en cinco líneas estratégicas: la implementación de un sistema integral de prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; el fortalecimiento de los controles frente al desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles como drones; la gestión territorial de riesgos en puertos, aeropuertos y fronteras mediante análisis contextual y alertas tempranas; el fortalecimiento de la contratación pública a través de herramientas de trazabilidad, debida diligencia y tecnologías avanzadas; y la promoción del liderazgo ético y la gestión de conflictos de interés en el sector defensa.
Según explicó Agudelo, el propósito es que la información y los análisis que produzca el proyecto se traduzcan en acción institucional efectiva, a partir de capacidades especializadas de detección, monitoreo y toma de decisiones para fortalecer la capacidad de respuesta institucional del Estado frente a estos fenómenos.
La apuesta, coinciden las entidades involucradas, es avanzar hacia un modelo de gestión preventiva basado en riesgos, análisis estratégico y articulación institucional, que permita fortalecer los mecanismos de control, anticipar vulnerabilidades y reducir los márgenes de acción de las redes criminales y las economías ilícitas.