Dos docenas de hombres hacinados. Algunos acostados en el piso, cubiertos con mantas térmicas, pero sin colchones. Es la imagen que muestra un video grabado en un centro de detención de migrantes en Nueva York. Según información que reposa en documentos judiciales, en este lugar no hay jabón, cepillos de dientes ni otros productos de aseo. Las personas retenidas tienen que soportar los olores que emanan del sudor, la orina y las heces. Varias de las mujeres incluso carecen de acceso a los productos básicos que necesitan durante la menstruación. Ante esta situación, un juez federal le ordenó al gobierno de Donald Trump mejorar de inmediato las condiciones en el 26 Federal Plaza, un edificio gubernamental de Manhattan.
Esos tratos degradantes y deshumanizantes, que también han sido denunciados por Human Rights Watch en Florida, se han convertido en uno de los principales bastiones de la política antimigrante de la administración republicana. En ese estado, por ejemplo, se han firmado más de 220 acuerdos con autoridades locales para arrestar inmigrantes y se han llevado a cabo redadas masivas en centros de trabajo, fincas y carreteras. Además se acaba de inaugurar el criticado centro de detención Alligator Alcatraz. En otras instalaciones como Krome, al suroeste de Miami, que opera al triple de su capacidad y donde han muerto al menos dos de las cinco personas fallecidas en Florida en los últimos meses bajo custodia de las autoridades migratorias, se reportan violaciones sistemáticas a los estándares internacionales y a las normas estadounidenses.
Paralelamente, Dean Cain, protagonista de “Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman”, ha expresado su intención de unirse como voluntario al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Tío Sam, esa imagen icónica de la Primera Guerra Mundial que señalaba a quien lo veía con la frase “Te quiero a ti para el Ejército de Estados Unidos”, ha reforzado una retórica cada vez más belicista para reclutar a agentes que apliquen sobre el terreno la ofensiva migratoria de Trump. A través de redes sociales circulan anuncios de empleo que prometen bonos de contratación de US$ 50.000 a los nuevos “oficiales de deportación”, acompañados de un mensaje patriótico que dice “¡Estados Unidos te necesita!”.
En este breve período al frente de la Casa Blanca, el republicano ha dejado claro que la migración es un tema prioritario en su agenda. En aras de cumplir con su promesa de campaña, está tomando como blanco a los inmigrantes no autorizados y sin antecedentes penales, al tiempo que incrementa los arrestos, según un estudio realizado por “The Washington Post” con base en datos únicamente del ICE. De acuerdo con esas cifras, entre el 20 de enero y el 11 de junio de este año, 94.906 personas han sido arrestadas en el país, en comparación con las 45.558 detenciones que se registraron el año pasado. Aunque la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que expulsan “a lo peor de lo peor”, más del 60 % de los deportados indocumentados no tiene antecedentes penales y casi el 40 % que sí los tiene corresponde a delitos no violentos.
El analista Ariel Ruiz Soto, del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, explica que la intensidad de las operaciones depende de los acuerdos que el Gobierno federal establezca con cada estado. Por eso, Texas y Florida, con 22.543 y 11.184 detenciones respectivamente, lideran la lista de los lugares en donde más arrestos se han llevado a cabo desde el 20 de enero, día en el que Trump tomó posesión de su segundo mandato. En esos estados las autoridades locales y estatales comparten información de los detenidos en sus cárceles. Por ejemplo, si una persona es arrestada por pasarse una señal de pare y es llevada a la cárcel local, se le notifica al ICE para que verifique su estatus migratorio.
Eso no se hace en California, donde hace poco se ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en medio de unas protestas contra redadas antimigrantes en Los Ángeles: una acción que recibió reclamos de inconstitucionalidad por parte de las autoridades locales. Allá rige una figura que se conoce como “estado santuario”, razón por la cual no se implementan políticas activas para colaborar con el accionar del ICE en operativos locales, aunque sí hay coordinación en la transferencia de custodia de prisioneros con crímenes de categoría grave. Kathleen Bush-Joseph, colega de Ruiz Soto en el instituto, lo resumió así para lacadena televisiva CBS: “Es más fácil para el ICE detener a personas en cárceles estatales y locales donde hay cooperación”. En cambio, donde hay políticas santuario se debe “invertir más recursos en detener a personas en libertad”.
“Los migrantes están desprotegidos, al menos así ocurre a nivel estatal, porque tanto el Gobierno como el Departamento de Justicia están volcados a cumplir la premisa de deportación masiva”, comenta Ruiz Soto. Los esfuerzos de mitigación de esa premisa vienen principalmente desde la sociedad civil, sobre todo a través de los talleres que se les imparten a las personas sobre sus derechos en caso de que enfrenten una detención. Las cifras son preocupantes: México, Guatemala y Honduras son los países de origen que más deportaciones registran por parte del ICE.
En opinión de Ruiz Soto, esto está relacionado con que ellos tienen acuerdos de deportación flexibles, con protocolos para un rápido procedimiento, a diferencia de lo que ocurre con Colombia y Brasil, e incluso con Venezuela, que es el cuarto en la lista. Aun así, aunque se habla de que el gobierno Trump ha realizado más de 273.000 arrestos y que ha deportado a más de 239.000 personas, parece que este año no alcanzará a cumplir su promesa de un millón de expulsiones.
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