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Colombia sigue atendiendo en “modo emergencia” una migración de largo plazo

Con menos recursos y entidades dispuestas a asumir el reto migratorio, Colombia continúa respondiendo a sus asuntos migratorios con un velo de alarma. En el camino ha descuidado la regularización e integración de una diáspora de 2,8 millones de personas que en su mayoría quieren permanecer y construir vida en el país.

El 78 % de los venezolanos desean quedarse y construir su proyecto en el país, pero Colombia continúa con dinámicas para atender emergencias inminentes.
Foto: Gustavo Torrijos

Es momento de apagar las alarmas. Durante los últimos 10 años, expertos señalan que Colombia se acostumbró a escuchar el bullicio de las sirenas que alertaban sobre movilidad humana y, conforme al ruido, a actuar para mitigar la migración. Razones no faltaban: hace una década la frontera con Venezuela se convirtió en una avenida porosa que casi tres millones de personas utilizaron para buscar seguridad y alimento. En los municipios de la subregión de Urabá el panorama era similar: miles de migrantes africanos y asiáticos permanecieron represados en Acandí o Necoclí a la espera de continuar su tránsito hacia suelo norteamericano.

Pero los tiempos han cambiado, dice Ronal Rodríguez, investigador y experto en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy Colombia no vive ni los mismos flujos y volúmenes migratorios que recuerda de hace 10 años y ha perdido varios de los aliados que le ayudaron a ofrecer garantías de derechos y mínimos básicos a estas personas extranjeras.

“Se solía pensar que los migrantes, especialmente los venezolanos, en algún momento iban a regresar, pero eso no funciona así. Tendremos que enfrentar retos migratorios en los próximos años, y uno de ellos pasa por entender que el 78,96 % de estos venezolanos quieren quedarse y construir su proyecto de vida”, comenta.

La doble ausencia

Algunas capacidades que se edificaron con años de esfuerzo y políticas públicas están en el limbo, como la experiencia de los Centros Intégrate, que durante casi media década abrieron sus puertas para vincular a migrantes a trabajos dignos, educación, salud o sencillamente surtir trámites administrativos que les facilitaran su estancia y garantía de derechos en Colombia.

Con la liquidación del Ministerio de Igualdad, los centros están virtualmente clausurados y sus servicios congelados hasta que alguna entidad gubernamental de carácter nacional “adopte” sus funciones y se haga cargo del presupuesto y funcionamiento.

Los números sirven para explicar el panorama. De acuerdo con datos de Migración Colombia, en el país residen cerca de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales casi el 80 % quiere permanecer en el país y construir sus proyectos de vida. Además, hay extranjeros con vocación de permanencia de al menos otras 14 nacionalidades.

Pero el dinero, lejos de seguir disponible para continuar atendiendo las necesidades de integración y derechos migrantes, ha disminuido. Programas de gran envergadura, como los de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) está prácticamente extinto desde inicios de 2025 y solo conserva dos de cada 10 iniciativas que mantuvo en el mundo. Otros montos, aunque continúan, han sido disminuidos drásticamente, como es el caso de la Unión Europea o agencias de cooperación de Alemania, Noruega o Suiza.

Sin plata del Gobierno Nacional para funcionar, programas que apoyen y dinero internacional dispuesto a financiar iniciativas que son costosas, la carga ha recaído en las gobernaciones y alcaldías, que han tenido que hurgar en sus arcas los recursos para continuar la atención migrante.

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Así ha sucedido, por ejemplo, con Bogotá, Medellín y Cali. Pero otras ciudades principales no tienen ni el dinero ni el capital humano para garantizar la atención, como Arauca, donde la población migrante ya es mayor (51,9 %) que los nativos (48,1 %). O Cúcuta, donde diariamente se registran centenares de pasos fronterizos (tanto regulares como por trochas y caminos clandestinos), y donde uno de cada cuatro habitantes es migrante.

“Once años después del mayor flujo de llegadas de venezolanos, la población es estable y quiere quedarse. Aun así, la migración sigue manejándose como una emergencia, con equipos temporales y financiación de la cooperación internacional. Es momento de pasar de la emergencia a una política permanente, con metas en el Plan de Desarrollo, recursos estables y responsables”, comenta Rodríguez.

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Respuesta sin terminar

Para el Instituto de Política Migratoria (MPI), aún quedan varias tareas pendientes para que Colombia se ajuste al nuevo panorama. El presupuesto es uno de los primeros urgentes; sin dinero, provenga de impuestos colombianos o de donaciones extranjeras, no pueden funcionar subsidios, programas ni iniciativas ambiciosas de integración.
La migración y sus dinámicas también serán cambiantes: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asegura que estudiar y atender el fenómeno será cada vez más “complejo e impredecible”.

Pero otra gran asignación está en reunir los esfuerzos disponibles para evitar que el tiempo, el dinero y el esfuerzo de entidades y ONG se fragmenten en muchas partes sin un resultado considerable.

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“Muchos actores se involucraron rápidamente sin definir sus roles o ventajas, lo que ocasionó duplicidades, superposiciones y recursos mal encauzados. Colombia está ante una coyuntura de oportunidad donde puede esclarecer los roles, reducir la fragmentación y ampliar los mecanismos de financiación”, describe un informe de MPI publicado en octubre de 2026.

Asimismo, Rodríguez considera que la respuesta, más que en términos institucionales o académicos, debe pensarse con un enfoque de derechos y de cómo impacta la vida de extranjeros que hoy residen en Colombia.

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“La integración es una tarea que sigue pendiente por hacer. Integrar es algo que se hace todos los días; se edifica y se le da un sentido. Es una charla sobre migración, pero también sobre la vida y los proyectos de millones de personas”, concluye.

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