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Hace una semana, VenEsperanza, un fondo humanitario que asistió a más de medio millón de venezolanos en Colombia, anunció su fin. Fue una alianza que durante siete años intentó garantizar mínimos básicos, como comida o servicios fundamentales, a quienes cruzaron la frontera en busca de nuevas oportunidades o huyeron de la crisis humanitaria compleja que detonó el chavismo en Venezuela. Inicialmente buscaron atacar el hambre de quienes llegaron solo con una valija. Luego incursionó en apoyar proyectos de vida y lograr que la mayoría de sus beneficiarios emprendieran o fueran autosuficientes, es decir, que se valieran por sí mismos sin ayuda humanitaria.
Resistió una pandemia, dos gobiernos distintos en la Casa de Nariño e, incluso, el cierre del grifo de recursos internacionales como los provenientes de Estados Unidos y, más recientemente, bolsillos europeos que financiaban la cooperación y asistencia migratoria.
Su final, que se aplazó el mayor tiempo posible, implica que la diáspora venezolana y sus necesidades entran a un período de transición que estará marcado por pocos recursos. Se trata de una migración que continúa, muchas veces con carencias que siguen afectando la vida de esta población, como regularización, empleabilidad o acceso a servicios básicos.
Claro, los flujos de entrada no son los mismos que hace unos años. Y el Estado, como documentó el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ha sido artífice de al menos 131 herramientas legales para responder a la irregularidad y sus consecuencias: la falta de acceso a servicios de salud, financieros, empleo o educación.
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El cierre de VenEsperanza, más que encender las alarmas, significa que Colombia, el Gobierno entrante y las organizaciones de la sociedad civil deben ajustarse a los nuevos tiempos en que la integración es la tarea principal, más allá de repartir mercados o subsidios económicos.
VenEsperanza era la unión de esfuerzos de oenegés como Mercy Corps, Halu, World Vision o el Comité Internacional de Rescate, que reunían recursos humanos y económicos para llegar a 10 departamentos donde la situación migratoria, en ese entonces, estaba desbordaba.
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Así lo explica Diego Prado, quien estuvo dirigiendo el fondo humanitario durante los siete años que funcionó: “Hay aprendizajes muy valiosos, como la forma de acabar con el hambre para la población venezolana o cómo las organizaciones que formaron el consorcio unieron fuerzas, se antepusieron a los desafíos o crearon mecanismos de monitoreo. Pero no podemos olvidar que esto es un cimbronazo sobre la migración, que aún enfrenta necesidades graves y estructurales que necesitan respuestas”.
Primero lo urgente
Las cifras de la diáspora en Colombia revelan que si bien ha disminuido y mutado, sigue estando presente tanto en las fronteras de Cúcuta, Arauca y Paraguachón, así como en las principales ciudades colombianas.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio, explicó en El Espectador en días pasados que urge una nueva respuesta colombiana a la migración, esta vez tras el doble terremoto que podría motivar nuevos flujos de desplazamiento hacia Colombia.
Con base en datos de Migración Colombia, señala que hay 2.844.498 de venezolanos viviendo en Colombia; de ellos, 517.589 (casi el 20 %) siguen en un halo de irregularidad. La respuesta, más allá de atender la emergencia, debería enfocarse en la integración plena de estas personas.
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“Los terremotos obligan a tomar la respuesta (...) La complejidad que enfrenta el hermano país obliga la reunificación familiar. Colombia enfrentará nuevamente flujos, con menores volúmenes, pero nuevas demandas”, dice Rodríguez.
Al panorama se suman otros factores igual de apremiantes que han afectado la fórmula migratoria, como la escasez de dinero para financiar proyectos o traducir dineros de terceros países en nuevas oportunidades para los venezolanos. El caso más notorio es el de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que congeló más de USD 400 millones, cerró abruptamente la mayoría de sus programas a inicios de 2025 y dejó, según dijeron a este diario algunas voces de la cooperación internacional, “cientos de programas huérfanos y se convirtió en una acción con daño al dejar sin dinero y margen de acción a millones de personas cuyos propósitos dependían de la Agencia”.
A menos dinero, menos posibilidades para venezolanos de oportunidades de integrarse o acceder a cupos escolares, kits de alimentación o atención psicosocial.
Nueva fase
Sin los dineros de la cooperación internacional, con nuevas llegadas y la permanencia de medio millón de personas en la irregularidad, el panorama ahora debe ajustarse a los nuevos tiempos.
Para Prado, el cierre de VenEsperanza marca el fin de una etapa, pero no de la migración venezolana en Colombia. La emergencia cedió terreno a un desafío más complejo: integrar a millones de personas que ya forman parte del país. Con menos recursos y nuevas necesidades, el éxito de la respuesta dejará de medirse por la cantidad de ayudas entregadas y empezará a depender de las oportunidades que esta logre construir.
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