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Muchas cosas han pasado en los últimos 10 años en ambos lados de los más de 2.200 km de frontera que comparte Colombia con Venezuela. En 2016, Nicolás Maduro se asentaba en Caracas como heredero del chavismo; allí encaminó un autoritarismo que, con el tiempo y la fuerza, desencadenaría una de las mayores crisis de gestión migratoria en la historia contemporánea. Una década después, la historia es bastante conocida: más de 2,8 millones de venezolanos huyendo de la emergencia humanitaria compleja en el país vecino y un Estado colombiano que, con errores y aciertos, ha liderado la mayor acogida e integración de estas personas a escala mundial.
Esta semana se presentó “10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana”, un libro que precisamente recoge algunos de los hitos políticos e institucionales más importantes en esa década en que la diáspora venezolana pasó de ser un asunto fronterizo a convertirse en una prioridad para todo el organigrama estatal colombiano. La obra, desarrollada con base en investigaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, menciona que las acciones que ha tomado Colombia para acoger a los migrantes, más que un asunto de solidaridad, obedecen a decisiones que reconocen la correlación entre ambos países en asuntos migratorios, económicos o geopolíticos. También presenta a través de siete capítulos lo que implica que en cuestión de una década haya dejado de ser un país de tránsito para convertirse en una jurisdicción donde casi uno de cada tres refugiados busca nuevas oportunidades.
También ofrece datos reveladores sobre qué ha funcionado, qué no y cuáles acciones están en veremos para ofrecer soluciones y garantizar derechos. Por ejemplo, la investigación sostiene que en la última década el Estado ha emitido 131 actos o instrumentos para atender el escenario migratorio. De esas iniciativas, el 9 % son leyes, el 26 % decretos y un 58 % de ellas son directrices con menor poder de acción.
María Clara Robayo, coautora e investigadora del Observatorio de Venezuela, recalca su importancia: “Es un ejemplar de memoria que nos permitirá conocer los aciertos y desafíos”.
Recorriendo los anaqueles
El texto tiene varios apartes que explican la migración. Para eso reúne entrevistas con algunos de los artífices de las principales políticas migratorias colombianas para atender los problemas que implicó el flujo migratorio venezolano, como el Permiso Especial de Permanencia y el Estatuto y Permiso de Protección Temporal (ETPV y PPT), medidas que califica como “apuestas destacables de regularización que le ha valido a Colombia reconocimiento internacional”.
Por ejemplo, en las páginas del libro hablan personalidades como el expresidente Iván Duque, quien impulsó el Estatuto Temporal de Protección; o Christian Kruger, cabeza de Migración Colombia en la época de pandemia por covid-19.
Robayo insiste en que la obra, aunque hace una cronología de la última década,“no es una historia lineal”. Ante esto comenta: “Somos países espejo. También se describe cómo se respondió a través de diferentes presidentes y gabinetes mientras que el Estado venezolano se erosionaba a causa del autoritarismo”. Y es que el contenido analiza las repercusiones que tuvieron para ambas naciones episodios como la Operación Liberación del Pueblo, en que las fuerzas de Maduro expulsaron a cerca de 23.000 colombianos en 2015; o la respuesta colombiana ante cientos de perseguidos políticos que disentían del régimen y buscaron refugio en las capitales colombianas.
También pone en evidencia lo frágil que ha sido Colombia, en especial las ciudades fronterizas como Cúcuta, Maicao o Arauca, ante un flujo migratorio que si bien era imprevisto, tuvo varios capítulos a través de la historia donde miles de personas, motivadas por el miedo y la incertidumbre, atravesaron la frontera, como en el triunfo presidencial de Hugo Chávez, en 1998; o el golpe de Estado que depuso al mandatario durante dos días, en 2002.
“Buena parte de esas medidas fueron adoptadas en períodos de emergencia, lo que podría representar un riesgo para la seguridad jurídica de los migrantes. La estabilidad de la política migratoria aún está en construcción. La investigación muestra que el 86 % de los instrumentos y acciones estatales para atender la migración podrían ser revocados; dependen de voluntad política”, comenta Ronal Rodríguez, también investigador del Observatorio de Venezuela y coautor del texto.
Legado escrito
Los autores coinciden en que la publicación puede ser un marco teórico que mandatarios y Congreso, a partir del 7 de agosto de 2026, podrán utilizar para guiar el país y el erario hacia un fenómeno que ya hace parte de la agenda nacional y local.
Robayo insiste en que en Colombia hacía falta un recuento institucional de qué decisiones se han tomado para solucionar la llegada y permanencia de casi tres millones de venezolanos. Es gracias a ese ejercicio de memoria, comenta, que se ha inferido que la burocracia y la falta de organización han sido también una constante que debilita las buenas intenciones de acogida, en especial la “falta de continuidad o recursos insuficientes” que mueven los hilos de los diferentes instrumentos.
Adicionalmente aclara que aún hay retos que el Estado y sus entidades deben sortear para que esas personas vean realmente garantizados sus derechos con ofertas institucionales como trabajo, educación o auxilios, y también una tarea de regularizar a quienes faltan. Robayo recuerda que aún hay poco más de medio millón de personas que si bien conviven día a día en el país y hacen parte de su andamiaje social, siguen en situación de irregularidad, lo que se suma a la baraja de retos que deben atenderse, y rápido.
“Se hace imperioso poner en marcha mecanismos masivos que permitan cerrar estas brechas que amenazan con dejar a los venezolanos en la marginalidad (...) con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva”, concluye.