Quedan menos de cuatro semanas para que alguien arroje un salvavidas financiero a una de las mayores políticas de acogida e integración migratoria que hayan existido en Colombia. El 30 de septiembre finaliza el convenio que cofinanciaba la operación y funcionamiento de los Centros Intégrate: una estrategia nacida en 2019 y que ha ayudado a garantizar derechos con más de medio millón de atenciones.
La estrategia le ha valido aplausos internacionales a Colombia, pues es considerada una iniciativa integral que, además de acoger a más de 2,8 millones de venezolanos, diseñó todo un esquema para que, luego de la obtención de la cédula de extranjería, estas personas pudieran acceder a educación, salud, productos financieros y otros derechos.
Pero hoy todo tambalea. Los centros no tienen chequera para seguir funcionando; dependen de la voluntad y el erario de los gobiernos locales de mantener sus puertas abiertas y, con el anuncio del presidente De la Espriella de perseguir “migrantes ilegales”, cada vez se habla menos de la importancia de incluir a la movilidad humana en el andamiaje social.
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Regularizar o integrar
El panorama está así: de no encontrar una solución (en el Gobierno, cooperación internacional o administraciones departamentales), más de media década de aprendizaje sobre cómo integrar a la población migrante podría perderse. Su desvanecimiento también supondría que ciudades que hoy conviven con la movilidad humana como un asunto cotidiano, como Maicao, Cúcuta o Arauca, podrían perder una de las pocas ventanas de oportunidad para que un migrante encuentre educación, acceso a la justicia, un tratamiento básico de salud o resuelva dudas sobre su regularización sin temor a ser deportado.
El aviso de cierre inmediato ya empezó a emitirse en varias ciudades del país. En Cúcuta, por ejemplo, personal voluntario y de cooperación internacional ya fue notificado del cierre de la operación el 25 de septiembre. Medellín, según conoció este diario, es una de las pocas ciudades donde la incertidumbre no se siente en el aire, pues la Alcaldía de Federico Gutiérrez incluyó presupuesto para que el centro en la capital antioqueña siga funcionando. Pero hay casos graves. Maicao, municipio de La Guajira donde llegó a establecerse el “asentamiento irregular de extranjeros más grande de Latinoamérica”, no goza ni con las arcas ni con la hoja de ruta para integrar a los más de 68.000 migrantes que viven allí. Arauca o Norte de Santander, donde también hay Centros Intégrate, probablemente tendrán que escoger si continúan con ellos o si por el contrario destinan sus limitados recursos a atender otras crisis humanitarias causadas por la violencia y el desplazamiento.
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“Es una cuestión urgente que debe resolverse. Regularizar no es lo mismo que integrar a millones de personas migrantes en la sociedad y la economía, y estos centros son la forma en que el ciudadano encuentra al Estado”, dice un funcionario de los Centros Intégrate que prefiere no revelar su nombre.
Buena intención mal administrada
Los Centros Intégrate nacieron en 2019 con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Por meses, esta asumió los costos operativos y logísticos de integrar a la población migrante, en su mayoría venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria compleja gestada por el chavismo.
Pero en 2025, USAID cerró abruptamente más del 90 % de sus operaciones en el mundo, incluyendo las de Colombia y las concernientes a la migración. Así que el manejo de los Centros pasó al Ministerio de Igualdad, entidad que hoy cumple sus últimos días debido a vicios de trámite que desde su creación jamás fueron subsanados.
En el papel, las tareas de la cartera de Igualdad deben pasar al Ministerio del Interior o al Departamento de Prosperidad Social, quienes están obligados a dar continuidad a programas como el fondo No es Hora de Callar o Todos Somos PAZcífico. Pero al cierre de esta publicación, no existe un acto normativo que aclare cuál de las dos entidades asumirá los Centros Intégrate, ordene el traslado de sus competencias a otro despacho, ni cómo será la política de continuar con la atención migrante que se mantiene en 25 municipios.
Sin USAID ni el Ministerio de Igualdad, y con el grifo de la cooperación internacional cada vez cerrándose más, los Centros Intégrate pueden estar caminando por la borda. Marcos Muleth, director nacional de los Centros, comenta en una misiva conocida por El Espectador que la continuidad de los Centros depende de la voluntad de alcaldías, gobernaciones y de la nueva política migratoria de Abelardo De la Espriella, que hasta el momento no ha hablado de esfuerzos para la integración y, por el contrario, ordenó operativos contra ciudadanos extranjeros irregulares.
“No es solo lo que se hacía al interior de los Centros, sino lo que aprendimos a hacer como país en la integración de la migración. Los Centros son un ejemplo de coordinación en el que han participado 80 entidades, 16 organizaciones nacionales y 25 alcaldías. Ese conocimiento existe y está disponible”, dice.
Ventana de oportunidad
Más allá de lo humanitario, hay quienes resaltan que integrar a más de 2,8 millones de venezolanos contribuye al desarrollo económico del país. La Organización Mundial para las Migraciones, por ejemplo, señala que la población venezolana tributa al año cerca de USD 529 millones, lo que representa el 1,9 % del recaudo nacional. El informe, además, destaca que el 62 % de ellos están en edad productiva, lo que significa que, independientemente de su situación regulatoria, potencialmente aportan con consumo, trabajo o remesas a la economía.
Pero aún hay chances de salvar media década de aprendizajes y buenas prácticas de movilidad humana. Todo depende de si la petición es escuchada en el gabinete de De la Espriella y si la migración, más que un gasto, es entendida como un derecho humano y una oportunidad de crecimiento para Colombia.
“Es una política de Estado, no de Gobierno. Lo que hoy está en discusión no es la creación de una nueva estructura o aumentar la burocracia estatal, sino preservar una capacidad que responde a una migración que seguirá siendo parte del presente y el futuro”, concluye Muleth en su carta.
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