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En este preciso momento Chile está preparando un nuevo vuelo cargado de personas que serán expulsadas de su jurisdicción. Sería la cuarta aeronave que aumentaría la cifra de 780 deportados. La mayoría son venezolanos, 101 de ellos colombianos, otros oriundos de Haití o familias bolivianas que pasaron la frontera buscando nuevos rumbos y oportunidades.
Según lo indican las cifras entregadas por el Palacio de la Moneda, a la mayoría se le edilga haber ingresado irregularmente al país o, en el peor de los casos, nunca resolver su papeleo migratorio. Solo en el 12 % de las expulsiones, alguna de estas personas, que son tildadas de criminales por el presidente José Antonio Kast, y su gabinete, cuentan con un prontuario penal que justifique su expulsión.
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Durante los últimos cuatro meses Chile ha reforzado su cruzada contra la migración: una promesa de campaña que pretende sacar a más de 330.000 personas que, en opinión de Kast, pertenecen al hampa del país. Pero sus actuares están muy alejados de lo que analistas consideran como una solución real, o incluso de fondo, para resolver un asunto migratorio que ha impactado a la región en general y a Chile en particular, pues hoy nueve de cada 10 personas que trabajan, aportan y mueven la economía austral son migrantes.
Enfoques disidentes
Kast llegó a la casa presidencial con la promesa de traducir en “soluciones” varias de las principales preocupaciones de los chilenos. Y como estrategia electoral optó por la mano dura para convertir, teóricamente, los síntomas en antídotos. La seguridad, por supuesto, era la principal de ellas. El 61 % de los ciudadanos contestaron a mediados de 2025 que los asaltos, los robos y la delincuencia se dibujaban como su principal resquemor. Pero la migración y el narcotráfico también entraron en el top 5 de angustias.
Para Luz Hernández, abogada del Estudio Jurídico de Migración en Chile, el jefe de Estado está asociando erróneamente la migración con la inseguridad creciente del país austral.
Kast, en teoría, está cumpliendo la legislación migratoria del país: expulsa a quienes nutren grupos criminales, al tiempo que fuerza un éxodo para miles de personas que ingresaron irregularmente o, en su defecto, llegaron por vías oficiales a Chile, pero jamás resolvieron su estatus migratorio.
Pero ahí empiezan los problemas. Hernández comenta que el jefe de Estado está creando un coctel peligroso, donde criminaliza la movilidad humana y la vincula directamente a narrativas donde quienes llegaron al país buscando seguridad o una mejor vida terminan convertidos en forajidos que deben ser perseguidos. Además, los emisarios de Kast complican aún más el escenario cuando vinculan constantemente a los migrantes venezolanos con la irregularidad o el crimen, algo también incongruente con miles de personas que, como Ronald Ojeda, llegaron a Chile buscando refugio político y, en su caso, terminó secuestrado y asesinado presuntamente por alfiles del chavismo.
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Las cifras demuestran que lo que se habla en el palacio presidencial está alejado de la realidad en las calles: este año Kast ha expulsado a 780 personas. Del total, solo 97 constan de deportaciones judiciales asociadas a delitos, mientras que los 683 casos restantes son personas que, por razones personales o por trabas institucionales, no cumplieron los requisitos migratorios.
“La movilidad humana que llegó a Chile no fue motivada por moda. Hay colombianos que fueron perseguidos por las FARC o venezolanos que huyeron del régimen chavista. Lo que se hace ahora es cerrarles la puerta, sin datos precisos que distingan migrantes o delincuentes, a familias que ya han demostrado un arraigo en el país y solo demuestra que no están dispuestos a adaptarse a un fenómeno migratorio que es tendencia y ha impactado a toda la región”, comenta Hernández.
Segundo concepto
Otras voces complementan la lectura de la abogada. El agosto pasado, 10 centros de pensamiento hicieron un pliego de recomendaciones para ofrecer respuestas acordes a la magnitud del fenómeno migratorio en Chile, que hoy cuenta con más de 1,6 millones de extranjeros en su territorio.
El informe, titulado “Política migratoria para el Chile que viene”, coincidía en que el presidente, independientemente de su orilla política, debía ofrecer respuestas estructurales a un problema que, de acuerdo con los expertos, trasciende las fronteras hasta la vida cotidiana, económica y social de estas personas en las ciudades principales.
Un enfoque de seguridad, por supuesto, era necesario para evitar los miles de pasos irregulares en los bordes fronterizos del país y el fortalecimiento de grupos ilegales en zonas limítrofes. Pero la respuesta no puede sustentarse en vigilar y castigar, comenta el informe. Hay otros urgentes que el Estado, como cualquier nación democrática y suscrita a convenios internacionales, debe garantizar, como la integración de los migrantes o que familias oriundas de 150 nacionalidades diferentes reciban mínimos básicos, como salud y vivienda digna, y que es algo que precisamente no ha sucedido hasta ahora.
“Detener o disminuir la migración irregular no es posible solo a través de fortalecer las fronteras o deportaciones. Si solo se llevan este tipo de acciones, podría seguir dándose en vías más alejadas, peligrosas y sofisticando aún más las acciones de las bandas criminales”, reza el estudio.
La doble frontera
Hoy el panorama migratorio en Chile oscila entre la incertidumbre y el estigma. Mientras Kast continúa movilizando policías, recursos y estrategias legislativas para adelantar su avanzada contra los extranjeros, hay quienes creen que estas decisiones se convertirán en un lastre para el futuro del país.
Hernández considera que Chile está desperdiciando un inmenso potencial de personas, que, entre otras cosas, podrían ayudar a mitigar la baja natalidad de Chile y la crisis demográfica que afrontaría. Pero Patricio Rodríguez, profesor de la Clínica Jurídica Migrantes de la Universidad Diego Portales, cree que las consecuencias se verán más pronto que tarde por deportar a personas que pueden convertirse en engranajes del desarrollo económico del país.
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“No hay claridad sobre qué tan eficaces serán las políticas de Kast. Claramente tendrán un costo humano para la población migrante, pero también tendrá efectos en Chile con el empleo, el movimiento de la economía y un Estado que tendrá que adaptarse a nuevos pasos fronterizos de un fenómeno migratorio que si bien puede disminuir, seguirá llegando al país”, concluye Rojas.