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Una caravana de más de 500 migrantes salió el miércoles desde Tapachula, Chiapas, en el sur de México, hacia la capital del país norteamericano. Ellos ya no buscan cruzar hacia Estados Unidos, sino quedarse en Ciudad de México, pues la arremetida que ha emprendido el gobierno de Donald Trump contra la migración irregular ha cambiado sus planes. Personas de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití, Colombia y Cuba, entre otros países más, conforman este grupo, que dejó de contemplar México como una opción de tránsito para empezar a concebir una vida allí de forma permanente. El problema es que la entidad que tramita las solicitudes de refugio está desfinanciada y tiene retrasos en su gestión.
Estos migrantes salieron de Tapachula porque llevaban retenidos allí desde hace varios meses, sin una opción real de obtener un estatus legal, relató el periodista Bryan Avelar, quien los acompaña en el recorrido. A diferencia de otras ocasiones, esta movilización no está encabezada por organizaciones de derechos humanos, algo que suele dar un poco más de formalidad, sino que nació a través de chats de WhatsApp. Su preocupación central es la situación que el país de cada uno vive en este momento, o al menos eso es lo que ha escuchado el reportero. Los cubanos, por ejemplo, han hablado de la dictadura, de la represión económica y de la falta de libertad, mientras que los colombianos han mencionado que su huida se debe a la presencia del crimen organizado.
Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), este año se ha visto un cambio significativo en el flujo migratorio: el 66 % escogió México como su destino final, mientras que el 31 % se mantuvo en la idea de llegar a suelo estadounidense. La tendencia fue a la inversa: apenas el año pasado, el 57 % dijo que pretendía cruzar la frontera y el 41 % aseguró que quería quedarse en territorio mexicano. De hecho, es la primera vez que la población se refiere a México como el principal país de destino, al menos desde que la agencia de las Naciones Unidas mide este indicador.
“Estados Unidos no pasa por mi mente”, aseguró ante CNN Vladimir Ortiz Cassola, un cubano de 24 años que se unió a la más reciente caravana: “Nosotros queremos regularizarnos aquí. Es lo que pedimos, nada más que eso, para poder trabajar y contribuir a esta nación, que es a lo que vinimos”. Algo similar mencionó a la agencia EFE Oreste Rodríguez: “Simplemente, buscamos un estatus migratorio para poder aportar al país”.
El anhelo de ellos, como de cientos más, es que el gobierno de Claudia Sheinbaum los escuche, en medio de las trabas burocráticas a las que se han enfrentado y que ellos han denunciado. La administración, por su parte, ha dicho que mantiene una postura de apoyo humanitario hacia las caravanas migrantes. Eso, de acuerdo con lo que comentó la mandataria el pasado lunes en su conferencia de prensa matutina, “es lo que ha permitido que no llegue ninguna caravana a la frontera norte, y así va a ser ahora”.
Sin embargo, quienes están en esta travesía, inusual desde el inicio de la segunda administración de Trump, aseguraron que el Gobierno mexicano no los ha contactado.
La distancia que estos migrantes deben recorrer es de unos 1.100 kilómetros a pie, con temperaturas extremas, lluvias, escasez de alimentos y agua, con el riesgo de exponerse a abusos, extorsiones y violencia, en medio de un estado de total desprotección.
Se supone que el plazo legal para resolver una solicitud de refugio es de hasta 45 días hábiles, pero esto, en la práctica, no está sucediendo.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, que atiende principalmente a migrantes en Tapachula, se ha denunciado que desde hace dos años se han prolongado los procesos de la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), advirtió al diario El País Ciria Villatoro, coordinadora de procesos en la entidad enfocada en fenómenos de movilidad humana. Si en 2024 el tiempo de espera fue de seis meses, ahora puede tardar incluso casi un año.
Las organizaciones civiles que conforman el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur dieron a conocer que la falta de recursos de la Comar ha llevado a una reestructuración de sus oficinas en Chiapas y “ha provocado la reducción del personal operativo y de traducción”, lo que ha generado retrasos en los procesos de admisión, entrevistas de elegibilidad y las resoluciones.
A esto se han sumado denuncias acerca de que existen “presuntos actos de corrupción que involucran a su personal y a redes de abogados particulares”, quienes les han dicho a los migrantes que pueden acelerar sus trámites o incluso garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado. Según Avelar, ellos han llegado a cobrarles entre US 500 y US 1.000 por eso.
La Comar, además, está desfinanciada, y de eso se viene hablando desde hace varios años. Solo entre 2018 y 2023, Acnur le entregó cerca de 453 millones de pesos, una cifra insuficiente para una organización que desde entonces viene diciendo que no cuenta con los recursos económicos ni el capital humano suficientes para cumplir con sus labores. La situación ha empeorado ahora gracias a los recortes que ha aplicado la agencia de las Naciones Unidas y, a su vez, los que ha impulsado el Gobierno de Estados Unidos.
Entre enero y mayo de este año, la Secretaría de Gobernación de México registró que 113.612 migrantes viven en el país de manera irregular.
El 64 % de las personas se queda en Ciudad de México, donde ya se presentó un plan para reubicar a aquellas que están en asentamientos irregulares, pues los albergues alcanzaron su límite. Mientras, el sur del país es el escenario en el que se manifiestan las políticas impulsadas por Estados Unidos y aplicadas por México, donde la caravana es una forma de llamar la atención, pues los migrantes pasan de ser personajes indefensos a ser una unidad más poderosa, al menos para captar la atención mediática.